Chihuahua, Chih.
El Art. 31 constitucional establece como una obligación de los mexicanos la de contribuir para los gastos públicos “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Tal obligación se satisface mediante el pago de los impuestos y demás contribuciones establecidas en la legislación fiscal.
Sin embargo, existen casos de impuestos en los que el gobierno los ha convertido en “impuestos corruptos”; como lo fue el impuesto sobre la tenencia vehicular. El cual, supuestamente, iba a ser un impuesto provisional, pero que la rapiña fiscal del Gobierno Federal lo extendió por más de 4 décadas.
Fue tal el repudio social al pago de la tenencia que, el presidente Felipe Calderón se vio obligado a trasladarlo a las entidades federativas, como un impuesto estatal. Pero que, por conveniencia electoral, fue derogado (y sustituido por otros derechos vehiculares) a principios de esta década.
En cuanto al principio de proporcionalidad de los impuestos, la ‘Tremenda Corte’ ha adoptado el siguiente criterio: “el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados, en la que el parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar la tributación, es el mínimo vital que permite la subsistencia del causante como agente titular de derechos y obligaciones en un Estado social y democrático”.
Este precedente jurisprudencial subyace en la inconformidad ante el anuncio de Maru Campos de incrementar “hasta en un 22%” la tasa del impuesto predial en el Municipio de Chihuahua. Obviamente, el reclamo ciudadano no se hizo esperar; al grado de que -en menos de 48 horas- a la alcaldesa panista no le quedó otra opción más que retractarse de su dicho. Al que para muchos, fue un estúpido comentario.
Y el oportunismo político no se quedó atrás: Pa’ pronto, Armando Cabada declaró que en el Municipio de Juárez el impuesto predial no aumentaría y que, inclusive, habría ‘premios’ para los causantes cumplidos. El otro presidente independiente, Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya, afirmó que en Parral tampoco se incrementaría este impuesto municipal.
En las redes sociales se divulgaron algunos videos en los que se aprecian las diferentes posturas asumidas por Maru: En uno de ellos, cuando era diputada local, se advierte su tajante negativa para incrementar al impuesto predial ¡En un 4%!; en otro video, en su calidad de candidata, afirma que de ganar la elección durante su administración no se autorizará incremento alguno en los impuestos municipales.
Por lo anterior, resulta oportuno recordar que ha sido una perversa práctica, por parte de los candidatos de todos los partidos políticos, la de hacer “promesas del corazón”. Ya que, con tal de obtener ventaja en la contienda electoral, recurren a hipócritas promesas, a sabiendas de que resultan imposibles de cumplir; o bien, que afectarían el buen funcionamiento de la administración estatal o municipal.
En una entrevista callejera, César Jáuregui Moreno, declaró que la finalidad del incremento del predial era garantizar la autonomía financiera del municipio, evitando así, recurrir a préstamos que comprometieran aún más las finanzas municipales. En otras palabras, aludió a la cuestión de fondo: los municipios requieren de más ingresos propios para no depender de las inestables participaciones federales.
Por desgracia, el ‘predialazo’ no procuró -como lo sostiene la ‘Tremenda Corte’- velar por la subsistencia económica de los causantes como titulares de obligaciones fiscales dentro de un Estado democrático. Y ese fue su craso error.
Así las cosas, a partir de hoy, todo aquel gobernante que intente subir el costo de los impuestos deberá tomar muy en cuenta que, previamente, se autorice un incremento salarial y que garantice el óptimo desempeño de la Administración Estatal y/o Municipal. De lo contrario, que se vaya resignando a aceptar que será uno de los candidatos perdedores en los comicios locales del 2021.
