Chihuahua, Chih.

Las recientes promesas de gobierno que López Obrador ha dado a conocer a la opinión pública con el propósito de hacer una realidad cotidiana el cumplimiento de diversos principios constitucionales que, durante décadas, fueron y siguen siendo, letra muerta, están impregnadas de un alto contenido moral.

Y por ello, tales promesas no pueden ser consideradas como un anticipo de la llamada ‘Cuarta Transformación’; sino más bien, puede afirmarse que en esta etapa previa al inicio del nuevo gobierno federal, el ‘virtual’ Presidente de la República anuncia tan solo otro plan de austeridad del gasto público y la obvia reestructuración administrativa del próximo sexenio.

En efecto, la medida que ha causado más impacto en los últimos días, es la relativa a la abrupta reducción de sueldos de altos funcionarios y la eliminación de sus privilegios, cuya inminente implementación ha causado una polémica nacional; y que habrá de confrontar a los tres Poderes de la Federación.

Asimismo, el cumplimiento de ciertas promesas de campaña, traerá consigo más reformas al Pacto Federal; y en caso extremo, la derogación de las reformas estructurales de Peña Nieto en materia energética y educativa. De cumplirse tales extremos, se avizora un sexenio de constantes confrontaciones internacionales.

En materia penal, las reformas constitucionales impactarían en los rubros del nuevo sistema de justicia penal, específicamente en lo relativo a la “puerta giratoria”. Por lo que habría que optar por reformar o derogar el segundo párrafo del Art. 19 constitucional; lo anterior, para efecto de ampliar el catálogo de delitos graves en lo que resulte procedente la prisión preventiva en contra de altos funcionarios públicos y de los actores políticos que participan en los procesos electorales.

En lo que respecta a la reestructuración de la próxima Administración Pública Federal, ésta se limita a la creación de la Secretaria de Seguridad Pública, el traspaso del Estado Mayor Presidencial a la SEDENA, la aprobación de reformas legales que permitan la “eliminación de la burocracia excesiva”; y la eliminación de las Delegaciones Federales, para ser sustituidas por las “Coordinaciones Estatales Federales”.

Por otra parte, López Obrador anunció la creación de tres Fiscalías: a) La Fiscalía General, que “no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal”; b) La Fiscalía Electoral, que “garantizará que las elecciones sean limpias y libres… y será un instrumento básico de la sociedad para la construcción de una auténtica democracia”; y c) La Fiscalía Anti-Corrupción, que “será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México”.

A mi parecer, los rubros más interesantes para reducir el gasto corriente del gobierno federal son: a) No habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios; b) Se reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales; c) Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno; y d) No habrá partida en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, para erradicar la vergonzosa práctica del soborno de los “moches”.

Otros rubros que, seguramente provocarán un desempleo generalizado en todo el país, será la reducción del 70% del personal de confianza del gobierno federal; y la prohibición de contratar despachos, asesores y/o consultores externos “para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo… que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad de los servidores públicos”.

Por desgracia, el ‘Decálogo’ político-moralista de AMLO contiene un grave pecado de omisión: No hace referencia alguna para reducir el financiamiento público de los partidos políticos. La explicación es obvia: Morena requiere de este recurso para reforzar su estructura electoral para los comicios federales del 2021.

Aún hay tiempo para recapacitar. Yo me pregunto: ¿Cuándo dará inicio la ‘Cuarta Transformación’?