¿El 2027 se resolverá en los tribunales?
Sin Retorno

¿El 2027 se resolverá en los tribunales? 6 de noviembre de 2025

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua, Chih.

Probablemente no, pero los principales protagonistas impugnarán, denunciarán, se querellarán hasta lo indecible con tal de ganar terreno, en todos los que se presenten de aquí al ya muy cercano junio del 2027.

Con un añadido, los del nuevo partido hegemónico estarán confiándose en los resultados de la reciente elección judicial, en la que obtuvieron lo que podría catalogarse como ‘carro completo’ en la designación de jueces, magistrados y magistrados electorales.

Y por si hiciera falta, el comportamiento y resoluciones de los magistrados y consejeros, integrantes del INE y del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), les da la confianza necesaria de que, muy probablemente, los fallos de éstos serán, en números muy cercanos  al 100%, favorables a los intereses de la 4T.

No se afirma sin razón; el último fallo del TPJF, con relación a las impugnaciones a la elección judicial, por la presencia e importancia (en la definición electoral) de los ‘acordeones’, no tiene parangón en la historia de los tribunales electorales del país.

En la práctica le dijeron a la nación que “no existieron” pues les perdonaron las multas a los juzgadores que se beneficiaron de haber figurado en los «inexistentes» ‘acordeones’.

Ese fallo fue solo el último demostrativo del giro que ese tribunal -y en el mismo sentido, antes, el INE- ha dado para favorecer en todo al partido del régimen.

De ahí que se antoje una muy alta apuesta la que hace el PAN con la decisión de ir a los tribunales electorales, en su denuncia en contra del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por la comisión de peculado electoral y antes, las que presentó en contra de la senadora Andrea Chávez, en las que la acusó del uso de recursos de origen ilícito por el uso de los camiones del ‘Bienestar’, en los que promovió su nombre y figura.

Otro puede ser el panorama de Pérez Cuéllar cuando informó que denunciaría al Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y al PAN, también por peculado electoral, cuando criticó acremente la torre ‘Centinela’ y en la respuesta, Loya lo hizo acompañado de los dirigentes municipales del PAN de Juárez y Chihuahua, Ulises Pacheco y César Komaba, respectivamente.

A éstos últimos se les apareció uno de los ‘inconvenientes’ que tanto se les señaló, el de transitar con doble ‘camiseta’, la del funcionario público con funciones de mando y la de dirigente partidario, pues el primero se desempeña como director de Derechos Humanos, Antisobornos, Transparencia y Rendición de Cuentas y el segundo como Subsecretario de Movilidad y Vialidad, ambos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Todo lo anterior, independientemente de la justeza de las acusaciones, de una y otra parte pues, por desgracia, regresamos a la época en la que los fallos de las instancias electorales adolecían de incertidumbre pues siempre estaba latente el riesgo que fallaran en favor de los intereses del régimen.

¡Pues claro que ambos protagonistas -los partidos- y muchos de sus aspirantes han cometido ilegalidades electorales!

Todos los que se ‘anunciaron’ en los anuncios ‘espectaculares, y los que ahora lo hacen ‘inocentemente’ en cientos de bardas, con figuras con las que pretenden enmascararse, son responsables de, por lo menos, actos anticipados de campaña, y de uso de recursos de procedencia ilícita.

Del mismo modo, repartir a diestra y siniestra objetos, muebles, vehículos, despensas, etc., así como participar en actos en los que su jefe inmediato superior (Gilberto Loya) responde a críticas efectuadas por su principal adversario (Cruz Pérez Cuéllar) que eran, claramente, puyas y afirmaciones de carácter político, están en el universo de los actos violatorios de las normas electorales.

Por lo menos las últimas tres grandes reformas electorales tuvieron como fin desterrar, sancionándolos, actos como los que ahora comentamos. Especialmente en sus vertientes del uso de recursos públicos y el de los de origen ilícito.

Por supuesto que son ilegales, pero que lo dejan de ser si la autoridad, en este caso la electoral, deja de hacer lo que tiene como mandato y facultad.

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Luis Javier Valero Flores

Director General de Aserto. Columnista de El Diario