Lo develado por el caso de Fernando Reyes es altamente ilustrativo del modo en que ejerció el poder César Duarte.

Por desgracia no es un caso aislado, así lo hacen la inmensa mayoría de los gobernantes, unos más, otros menos, pero la manera en que discrecionalmente manejan los recursos públicos, para favorecer o perjudicar a los suyos o a los contrarios, sin más control que sus propias ambiciones y con absoluto desprecio a la sociedad, ha llegado a niveles inimaginables hasta hace unos cuantos años.

El gobierno de Javier Corral le ha propinado un serio revés al exgobernador César Duarte; ahora tiene en sus manos la versión, expresada a un juez, en el curso de una audiencia judicial, de como efectuaron una operación en agravio del patrimonio estatal.

Además, un juez federal ha iniciado un procedimiento en contra de 4 ex funcionarios del gobierno duartista, entre ellos al ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, a quienes acusa la PGR de usar recursos públicos para favorecer al PRI, mediante el descuento a los empleados del gobierno de Chihuahua.

Así, en unos cuantos días y por la vía de dos causas judiciales se nos ha permitido ver las entrañas del ejercicio del poder por los priistas -puede que no sean todos, pero los casos que hoy impactan al país y que fueron la causa principal de las derrotas priistas en la mayoría de las entidades el año pasado, y por cosa de nada la del Estado de México-, es la corrupción de sus gobernantes.

Por un lado, la del uso discrecional, indiscriminado, del dinero público y por otro, la de favorecer con el erario a su partido, el PRI, permanentemente, pero especialmente en tiempos electorales, de ahí la acusación de las cuotas entregadas a la tesorería estatal de ese partido en los años 2015 y 2016, que abarca al ex gobernador Duarte y a la ex presidenta del PRI, Karina Velázquez, quien puede enfrentar el desafuero.

La declaración del ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, es estremecedora, ilustra claramente el ejercicio del poder y la disposición de los recursos públicos, todo ello en un entorno pletórico de corruptelas.

Así lo dijo: “Tuve una situación familiar complicada el año pasado que me orilló a solicitar un apoyo económico del ex gobernador del estado. Él accedió y giró las instrucciones al personal de la Secretaría de Hacienda de gobierno del estado, para que desde esa instancia, esa dependencia, se instrumentara la forma de cómo se me entregó el apoyo que yo requería en ese momento, fue entonces que solicité al licenciado Iván Eli Sánchez (también procesado) que aportara la empresa a la cual hizo referencia la Fiscalía para que pudiéramos obtener el recurso que necesitaba, haciendo, pues, este trabajo de una manera simulada”.

La carga mayor de la acusación es para Duarte, y aparentemente también para el ex secretario de Hacienda pues un testigo protegido señaló que Reyes acudió ante Herrera a fin de concretar la orden de Duarte.

La Fiscalía sostiene que ese dinero era para premiar al ex diputado por haber votado a favor de la bursatilización de 6 mil millones de pesos, dinero que recibió el gobierno de Duarte en el último día de su gestión y que lo gastó hasta el último centavo.

Claro, con sus amigos, socios y allegados.

El episodio que ahora abordamos es la vívida representación de lo que durante años supimos que existía pero que muy pocas veces se nos había presentado ante nuestros ojos: El año de Hidalgo, el último de las administraciones, en el que la maldición mexicana por excelencia le caería al “que dejara algo”.

Inmerso en la derrota, el PRI, pasmado, sin dirigente aceptado por todos, en medio de la discusión acerca de los procedimientos de elección de su dirigente estatal, sin percatarse plenamente de lo que les ocurrió y de lo que ha ocurrido en la sociedad chihuahuense, no alcanza a reflexionar y hacer la autocrítica que le debe e iniciar, por lo menos, el procedimiento de expulsión de Duarte.

No puede, el PRI está cooptado por el duartismo.

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