Pocas cosas han cambiado en el país a partir del asesinato de Miroslava Breach, -corresponsal de La Jornada, reportera de El Norte de Juárez y fundadora de Aserto- entre ellas el agravamiento del clima de violencia en toda la nación, pero también en la entidad.

Otra es el empeoramiento de las condiciones en las que desarrollan su trabajo los periodistas; el asesinato de Javier Valdez, también corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Riodoce, se ha convertido en un eslabón más de la larga cadena de asesinatos de los periodistas, razón por la que México ronda entre el segundo y tercer país con el mayor número de caídos de integrantes de este gremio en lo que es, ya, una tragedia nacional, ante la cual la clase política, responsable de los elevados índices de impunidad en estos crímenes (y, obviamente, de todos los cometidos en el seno de la sociedad mexicana) sólo atina a lanzar desacompasados y reiterativos discursos de esclarecerlos.

Ocurre como en el caso de nuestra compañera, sólo discursos o frases sueltas, arrancadas a fuerza de lanzar preguntas que son respondidas, o de mala gana, o de simple “bote pronto” por los gobernantes.

Algo ocurre, en el gobierno de Javier Corral, que en los problemas más acuciantes, o más ríspidos, actúa torpemente o como si la agenda de esos problemas no la tuvieran actualizada.

En el gremio periodístico crece la zozobra, porque al asesinato de Miroslava Breach le siguió el exilio de la corresponsal en Chihuahua del semanario Proceso, Patricia Mayorga, y al cumplirse los dos meses del asesinato de la primera, sin que la sociedad tenga a la mano elementos del avance de las indagatorias que nos lleven a pensar que la autoridad, efectivamente, está actuando positivamente, la percepción es la de que la impunidad, también en este caso, será la realidad.

De ahí la crítica. No se necesita mucho para adelantar que al cumplirse los dos meses del salvaje asesinato, las críticas y las protestas volverían, no porque se tengan ganas de hacerlas, sino por la falta de resultados ¿Porqué no hacer un alto e informar, en un evento con ese fin, de los avances, y si no los hay, o no se pueden dar a conocer, decirlo con la formalidad que se requiere y no con las respuestas al vuelo como fue el caso?

De una cosa sí estaba consciente Javier Corral, antes de la toma de posesión, independientemente de su posterior actitud crítica frente a los medios, es que éstos no le serían benévolos, que su gestión sería una de las que más estrechamente vigiladas serían por los mismos y que, por tanto, su respuesta no podría ser la asumida hasta ahora, la de desestimar las críticas, sólo porque éstas se originan en los medios.

Su problema estriba en que en la mayoría de los casos hay sustento para la crítica. Sus respuestas hiperreactivas le han ganado la animadversión de la mayor parte de los medios de comunicación -seguramente, también, por la abrupta disminución del gasto público en publicidad gubernamental- pero también porque bajo ese argumento pretende descalificar sustentadas críticas y al hacerlo, al criticar a los medios, como lo dijo Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Seguridad de Artículo 19, coloca “en mayor grado de vulnerabilidad a las y los periodistas”.

Y es que, ante el escrutinio puntual de los medios, “el Gobierno no se puede victimizar”, porque, dijo, “Ahora estamos haciendo una especie de tropicalización del tema en donde no solamente te verifican sino que hacen una calificación de la información: qué es veraz o no es veraz… Eso no le toca al Estado en realidad. Es peligrosísimo que hagan este tipo de aseveraciones. A la prensa, los funcionarios públicos tienen el deber de refutarlos con prensa. Es decir, en sus estrategias y mecanismos de comunicación social a los que tienen acceso día con día, pero no mediante descalificaciones y menos en un contexto como el de Chihuahua, porque colocan en mayor grado de vulnerabilidad a las y los periodistas”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario, 19/V/17).

A su vez, Sandra Patargo, oficial adjunta del programa de protección y defensa de Artículo 19, precisó que las declaraciones de Corral, respecto a las indagatorias sobre el asesinato de Miroslava Breach, “Es cuestión discursiva, en realidad es creerle de buena fue al gobierno que sí hay avances”.

Dos meses… y nada.

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