Chihuahua, Chih.

En medio del caos en el intercambio de mercancías en el antiguo Paso del Norte, de la catástrofe migratoria que no cede y de las resoluciones judiciales sobre la entrega-distribución de los libros de texto gratuitos; en un oscuro incidente, un grupo de militares baleó a un vehículo en el que viajaban varios migrantes.

Dos de ellos cayeron abatidos por las balas de los fusiles militares, cuatro resultan heridos, (uno aún se encuentra delicado de salud a causa de los proyectiles recibidos) y cuatro mujeres y otra persona, aparentemente el traficante que les ayudaría a superar la cerca-malla fronteriza, sobrevivieron y huyeron del lugar de la tragedia.

Las víctimas mortales son: «Elvis Enrique Barrientos de la Rosa, de 27 años; y Margarito Canto Juárez, de 45 años, ambos de nacionalidad guatemalteca». (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 11/10/23).

Luego de la balacera, los sobrevivientes huyeron de los mílites; después los integrantes de las fuerzas armadas también corrieron pero de la escena del crimen.

Se desconocen más detalles del episodio. 

Extrañan los resultados en los que resaltan, primero, el típico hermetismo de los mandos militares cuando ocurren eventos como el ahora abordado, luego, la tardanza y la extrema opacidad con la que se conducen en la escena pública.

Solo hasta que fue del conocimiento público gracias a que El Diario publicó la información, reaccionaron las autoridades; enseguida, que solo hasta el martes fueran entregados, -18 horas después de los hechos- por los mandos militares a la autoridad civil, tanto los presuntos responsables como las armas portadas por ellos.

Para ese momento, uno de ellos ya había huido.

Además, luego de los hechos, no solamente no prestaron auxilio a las víctimas, sino que en el colmo de la irresponsabilidad y la ilegalidad, «recogieron los casquillos percutidos en un intento por ocultar los hechos, según los testimonios de los sobrevivientes al ataque, que, desde su ingreso al Hospital General, acusaron a los soldados de dispararles». (Ibídem).

Es una larga lista la de las cosas que no debieron hacer los militares. 

A la llegada del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), éstos intentaron hablar con los integrantes de las fuerzas armadas (ahora ya sabemos que no pertenecían a la Guardia Nacional). Recibieron por respuesta la retirada de ellos. 

Los elementos estatales auxiliaron a los heridos y acordonaron la escena del crimen.

Más aún, al notificarse al Hospital General de la llegada de los heridos, «personal castrense trató de ingresar a la institución para interrogar a los lesionados, lo que fue impedido por la subdirectora, Beatriz Iliana Pérez Martínez, quien instruyó al personal a dar primero la atención médica a los heridos». Ibídem).

Otra: El vehículo en el que se supuso que llegaron al hospital  «la unidad 0909310 carecía de matrículas de circulación, pese a ser vehículo oficial de la Sedena. Esta misma patrulla militar se observó en el exterior de la Fiscalía de Distrito». (Ibídem).

¿Qué demuestran todos esos hechos? Una sola, contundente: Las fuerzas armadas no están capacitadas para actuar como cuerpos policíacos; ni están capacitadas, ni sus mandos se prepararon para capacitarlas en esa materia, de ahí su incapacidad y su incompetencia para preservar la seguridad pública.

¿Qué hace una partida militar persiguiendo migrantes? 

Si lo estaba haciendo, entonces lo conducente era que alcanzara al vehículo, detuviera a los presuntos traficantes de personas, los entregara a las autoridades correspondientes, de inmediato y si hubiese heridos, ¡Prestarles auxilios médicos!

Que no se preocupen, por ser hechos en los que aparecen involucrados migrantes y fuerzas armadas, el caso pasará a la dependencia que es el súmmum de la incompetencia de este gobierno en seguridad pública: La Fiscalía General de la República.

¡No pasa nada, eran migrantes, y migrantes pobres, que se juntaron con mexicanos pobres!

¡Viva el «humanismo» del régimen actual!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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