Chihuahua, Chih.

Aparentemente son dos notas informativas que no guardan relación entre ellas y los asuntos abordados, sin embargo, son dos caras de la misma moneda, la que existe en el país y ha dado origen a las gravísimas distorsiones sociales, presentes en la sociedad mexicana de principios del siglo XXI.

Por un lado, se da cuenta de la reinstalación de un agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Luna López, acusado recientemente de abuso de autoridad, de fabricación de pruebas, abuso de autoridad, tortura, denegación o retardo de justicia y prevaricación, así como delitos en el ámbito de procuración de justicia, cometidos en el curso de un interrogatorio a dos presuntos extorsionadores, en el que sometió a los detenidos a prácticas de tortura, conocidas gracias a la difusión de un video a principios de mayo pasado. (Nota de Blanca Carmona, El Diario de Juárez, 4/IX/17).

Los hechos sucedieron en enero del presente año, conocidos en mayo y ahora, en septiembre, fue reinstalado por la Comisión de Honor y Justicia de la FGE, presidida por el fiscal General Arturo Peniche Espejel en “un cargo pero no está como coordinador, es agente del MP en una unidad de la capital del estado”, afirmó el portavoz de la Fiscalía Zona Norte.

El otro hecho ilustrativo del tema abordado es el de que el Congreso del Estado le perdonó las inasistencias a los diputados, que las han justificado con pretextos que incluyen la asistencia a Congresos religiosos, eventos partidistas, y hasta entregas de premios. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 11/IX/17).

“El mecanismo de justificación les permite a los legisladores que no les sea descontada la jornada y que en las estadísticas, la inasistencia no se registre como falta, lo que ‘infla’ el promedio de asistencia reportado por el Congreso”. (Ibídem).

Así, el diputado juarense Alejandro Gloria, coordinador de los diputados del PVEM, es el líder de las faltas parlamentarias, la mayoría de ellas sin justificación alguna “por desempeñar tareas inherentes a su cargo”.

Pero la impunidad es enorme para justificar las inasistencias de los legisladores, basta con que avisen, incluso el mismo día, que no asistirán a las sesiones para que la falta sea justificada y con ello no sufran descuentos en sus percepciones.

Sin embargo, el artículo 92 del reglamento legislativo “establece que las inasistencias son justificables (y por lo tanto con goce de sueldo), por las siguientes razones: enfermedad o motivos de salud, gestación y maternidad y cumplimiento de encomiendas relacionadas con la actividad legislativa y previamente autorizadas por el Pleno, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva o la Comisión a la que permanezca el interesado. No se justificarán inasistencias a la sesión cuando se trate de asuntos de carácter personal”.

Pero resulta que el pretexto de “funciones inherentes a su cargo” es usado para todo, con plena tolerancia, como “es el caso de la diputada priista Adriana Fuentes, quien solicitó la justificación de su falta a la sesión plenaria del 9 de mayo argumentando “funciones inherentes a su cargo” como legisladora. Ese día, la priista acudió a la XXXIX Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional de su partido, en la Ciudad de México”.

O que la diputada Liliana Ibarra (PAN) justificó su falta a que ese día, de sesión, ¡inauguró su casa de enlace en Juárez!, “Sin embargo, de acuerdo con su cuenta de Facebook, el evento se realizó un día después de la sesión, es decir, el 9 de diciembre”. (Ibídem).

O como esta misma diputada, su compañero Gustavo Alfaro y el diputado del Partido Encuentro Social faltaron porque asistieron al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia del 22 al 24 de febrero, evento organizado por el PES, de corte estrictamente religioso.

No dan paso sin huarache, cada día justificado, los diputados evitan el descuento de 2 mil 600 pesos.

Y luego protestan en contra de los elevados índices de impunidad prevalecientes en la sociedad.

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