Chihuahua, Chih.

Sin defensa alguna, a merced de los grupos criminales y/o de los talabosques de la Sierra Tarahumara, los dirigentes de las comunidades indígenas caen uno tras otro, víctimas de las balas asesinas sin que las autoridades, de todos los niveles, realicen actividad alguna para prevenir los crímenes que tienen como objetivo descabezar las resistencias de los indígenas de la Tarahumara.

En esta ocasión, las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz, asesinados en la localidad de El Chapote, municipio de Guadalupe y Calvo.

Con ellos, suman más de una decena de defensores ambientalistas y/o dirigentes indígenas que han caído, algunos de ellos a pesar de que eran receptores de las medidas de protección, las que causan, al menos, indignación, pues no se puede aceptar, como ya ocurrió, que la principal de las medidas adoptadas por las autoridades, haya sido la de otorgar ¡un teléfono satelital al dirigente indígena!

Ese fue el caso de Julián Carrillo, asesinado a fines de octubre del 2018 en su pueblo, Coloradas de la Virgen, a la que regresó a sepultar a una de sus hijas, víctima de la falta de atención médica. Carrillo había salido de la comunidad en virtud de las amenazas de muerte. Se las cumplieron.

Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la sierra de Chihuahua, sabrá que prácticamente las autoridades lo condenaron pues era imposible que acudieran las agrupaciones policiacas ante la petición de ayuda efectuada con el teléfono satelital.

En el caso presente es de llamar la atención el calibre de las armas usadas para ultimarlos: Las denominadas AK 47 y AR 15.

Armas extremadamente mortales, generalmente usadas por las bandas criminales más peligrosas.

No obstante que en algunos casos se ha detenido a presuntos responsables de los crímenes, la situación en varias comunidades persiste y no se establecen medidas orientadas a proteger a los núcleos indígenas con mayor riesgo. Ni a sus dirigentes, tanto de las comunidades, como de las organizaciones derechohumanistas que se han dedicado a defenderlos.

Una de ellas, la asociación Alianza Sierra Madre, asesora en las denuncias penales y agrarias de las víctimas, asentó certeramente: “No basta con detener a un autor material, ya que hay elementos suficientes y declaraciones de pobladores, que evidencian que las comunidades completas son víctimas por la defensa ambiental y como tal se deben investigar esos homicidios para dar con otros autores materiales y sobre todo, con los intelectuales, así como autoridades que han solapado y generado los índices de impunidad”.