Chihuahua, Chih.
En tanto que el país entero se sumía en una gigantesca ola de especulación sobre las “corcholatas”, es decir, sobre los suspirantes de Morena a la candidatura presidencial de este partido, por un lado, el presidente López Obrador daba a conocer un hecho verdaderamente estremecedor, el de haber presionado a cinco ministros de la SCJN para que votaran en el sentido deseado por él, en el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y, por otro, la oleada de sangre que alcanzó su nivel más alto del año, al llegar a 105 homicidios en un día, en lo que fue la cifra más alta del año.
Por supuesto que alcanzar tal cifra de homicidios habla de la severidad de la crisis de seguridad pública, extremadamente importante, pero el hecho de que el mandatario mexicano revele que ejerció presiones sobre los ministros de la Corte, inconfesables, ilegales y absolutamente apartadas de la ética pública, es muy grave.
Es un ataque sumarísimo a la modernidad democrática, es una clara violación al estado de derecho y al juramento presidencial de respetar y hacer respetar el marco legal.
No es lo único criticable, el tema abordado por el presidente con cada uno de los cinco ministros, por separado, era para empoderar aún más a la cúpula castrense; era para que el General Secretario tuviese en sus manos el control del presupuesto (claro que además del mando y las tropas) y las obras de la Guardia Nacional, de la Sedena y de todas las dependencias del orden civil a las que ha sustituido en sus funciones, por órdenes del presidente López Obrador.
Semejante poder lo perdieron los militares en la tercera y cuarta década del siglo pasado, y eso que quienes lo perdieron venían de ser los triunfadores, no sólo del conflicto armado entre las facciones revolucionarias en plena Revolución, sino, además, del período inmediato posterior y aún así decidieron hacerse a un lado para que fuesen los civiles los que dirigieran el país.
90 años después, quién lo fuera a creer, es el primer presidente emanado de un partido de izquierda el que ha hecho hasta lo imposible para empoderar, como nunca, a las fuerzas armadas.
Y este hecho, visto desde la teoría, podría ser altamente discutible, pero a la luz de los hechos, el de los más de 157 mil asesinatos en el actual sexenio, en el que el gobierno ha echado mano, como nunca antes, del concurso de las fuerzas armadas en seguridad pública, no es más que demostrativo del enorme fracaso en esta materia, no sólo del presidente, sino, también, de los mandos militares.
Efectivamente, como tantas lo han dicho los funcionarios federales, los gobiernos estatales son los primeros responsables de preservar la seguridad pública, de atender todos los casos de homicidios, porque son del fuero común, es totalmente ilógico que en tanto los homicidios crecen en números totales, el número de delitos federales, informados por la 4T, disminuyan.
¿Cómo, acaso no se dan cuenta que una buena parte de los homicidios cometidos, son del ámbito federal, tanto por las causas que los originan, como por el arsenal usado para cometerlos?
¿De veras son del ámbito de las dependencias estatales solamente?
Nos sobran ejemplos a los chihuahuenses, extremadamente dolorosos y sangrientos, para ilustrar lo que ahora comentamos:
Ahí está la fuga colectiva del penal 3 de Juárez, el primer día del año, encabezada por un hombre al que las autoridades identificaban como presunto cabecilla de un grupo de criminales, cuyo principal negocio (probablemente) era el tráfico de drogas.
¿Y el caso del Chueco en La Tarahumara, asesino de sacerdotes y civiles, reconocido ampliamente en la zona por ser el jefecillo de un grupo criminal, al que la federación intentó detener infructuosamente durante meses, con la participación de cientos de elementos de las fuerzas armadas?
Esos casos no sólo evidenciaron el fracaso de la autoridad estatal, también del gobierno lopezobradorista, y del Estado mexicano en su conjunto.
¿Y si las fuerzas armadas resultaron inútiles en seguridad pública porqué insistir en que asumieran el control de hasta la Guardia Nacional, que ya tenían, veladamente, pero que querían asumir formalmente?
Si acaso un legado, democrático, perdurable, de larga utilidad, podía habernos dejado López Obrador, esa hubiese sido la creación de la policía civil que nunca ha tenido el país.
La eficacia de esa medida ha quedado demostrada palmariamente en el mundo.
No, el tabasqueño optó por las medidas fáciles, las que antes criticaba como candidato y que ahora hasta elogia, como en el caso del uso de las fuerzas armadas en seguridad pública y la de que presume el crecimiento de las remesas de los paisanos.
Si hay un dato, duro, del fracaso de un gobierno, ese sería el el de las remesas, porque reflejaría la desesperación de millones de mexicanos, huyendo de su país y, solidarios, enviar a sus familias, de las que saben en qué condiciones viven, hasta el último “penny” que pueden.
¡Ah, pero hoy todo es el espectáculo del destapadero de corcholatas que, como las verdaderas, a lo sumo, pueden ser reciclables, pero que casi todas son absolutamente desechables!
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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