Chihuahua, Chih.

Mucho tiempo atrás, hasta en el futbol «llanero» se castigaba de distinta manera al agresor y quien respondiera la agresión en el campo de juego. 

Así, el agresor era castigado con tres partidos y el respondiente con uno.

Sirva la analogía para el momento por el que atraviesa el país, peor que en el ejemplo futbolero pues en éste las reglas y los aplicadores de las reglas eran respetados por todos, y, además, en las asambleas de las ligas de futbol había la posibilidad de pronunciarse en contra de una ú otra medida aplicada por la directiva de las ligas o los organismos arbitrales.

Durante algún tiempo, en el México de los 70’s, en casi todo el norte de México así se actuaba en el fútbol de aficionados. Con sus no tan escasas excepciones.

Pero hoy, en un país en el que se impulsó la fortaleza institucional, con una sociedad más desarrollada democráticamente, en la que ya se dió la tercera alternancia partidaria presidencial, la llegada de Andrés Manuel López Obrador pareciera que nos retrotrajo a las épocas más añejas en materia de desarrollo democrático, a eso nos llevan sus diarias catilinarias en contra de todos los que se opongan a sus medidas o expresen crítica alguna.

Si tan solo eso constituyera la razón de la reflexión de hoy, podría transitarse sin problemas, pero cuando el presidente lanza su ofensiva -rayando en la comisión de varios delitos- en contra de la Suprema Corte de Justicia, o en contra de alguno de los ministros, sólo porque estos efectúan su trabajo, el que puede ser refutado, o como se dice en el lenguaje jurídico, «combatido», es inadmisible en la sociedad en la que vivimos, la que se han construido los mecanismos, de todo tipo, para solucionar los conflictos, en el marco legal vigente, al que todos estamos obligados a acatar, incluido, pero por supuesto, el presidente.

Y es que el haber obtenido poco más de la mitad de los votos de la elección presidencial del 2018 (superando por poco los 30 millones de votos) no se constituyó en la carta abierta para trasgredir el estado de Derecho y éste señala, muy en concreto, la ruta a seguir por todas las autoridades en los conflictos que se presenten entre ellas.

Esa es la situación en la que nos encontramos en Chihuahua, a propósito de la distribución de los libros de texto gratuitos (LTG).

El gobierno de Chihuahua ejerció su derecho a inconformarse con ellos, alegando fallas y omisiones en la elaboración, de acuerdo con la Ley de Educación, y acudió a quien, por ley, está facultada a resolver este diferendo, la Corte, ante quien la presidencia de la república puede, y ya lo hizo, impugnar la decisión del gobierno de Maru Campos.

Lo deseable hubiera sido que el debate se hubiese centrado en los aspectos centrales, de fondo, de los LTG, y del contenido de la «Nueva Escuela Mexicana», nombre de la reforma educativa aplicada por el gobierno de la 4T y que los aspectos jurídicos del litigio los resolviera la SCJN.

Y aquí rescato la analogía futbolera del inicio de esta reflexión, pues el presidente, al lanzar tan descomunal ofensiva, incluso tachando de corruptos a los ministros, y en la mañanera de ayer describir puntualmente el modo en que pensó «adueñarse» de la mayoría de los ministros de la SCJN, al proponer a cuatro ministros -que fueron elegidos por los senadores- «y como ya teníamos a 1, sólo nos faltaba convencer a otro para tener mayoría», dijo, pero le fallaron dos de las propuestas, sostuvo y ya «Se da el cambio y regresó, no diría a lo de antes, sino peor, porque usan (las dos ministras propuestas por él) como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la Corte y que ellos eran independientes, se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción». (Conferencia mañanera de AMLO, 30/8/23).

El fondo de tales denuestos, es evidente para muchos mexicanos, es que el presidente no resiste la opinión contraria y que se asume como el depositario de la voluntad del pueblo de México, de todo, sin reparar en que el país presidido por él es muy diverso, que el mandato entregado por la mayoría de los votantes, no es mandato «revolucionario»; vamos, en términos de la vieja izquierda socialista, no alcanza a diferenciar entre la victoria en una elección, en una sociedad medianamente democrática (por lo menos en los procesos electorales), y la toma del poder por la «vía revolucionaria».

En esta sociedad, el presidente está obligado a acatar la decisión de la Corte y si faltaran argumentos para apoyar tal aserto, el presidente los aportó el día de ayer, cuando volvió a declarar que había impulsado a varios de ellos para llegar a la Corte y que luego le «fallaron».

Es decir, que las determinaciones tomadas por el máximo tribunal, finalmente están avaladas por la participación en ella de quienes llegaron, ahora lo podemos decir así, «con la bendición presidencial».

En medio de todo ello, se encuentra el litigio, que las partes convirtieron en la batalla, por los LTG en Chihuahua, en el que los involucrados debieran aportar lo mejor que tienen, a fin de que, en tanto la Corte resuelve, atenuar el impacto negativo en la niñez chihuahuense, de la falta de LTG y regresar el diferendo al lugar del que no debió haber salido: El de la discusión sobre el contenido de la reforma educativa, con la participación, como dice la ley, de todas las partes involucradas.

Es de tal profundidad el cambio pretendido por el gobierno federal en materia educativa que obligado está a hacerlo.

Ojalá la Corte resuelva en tal sentido.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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