Chihuahua, Chih.

Al inicio de la actual Legislatura, algunos analistas afirmaban que la ‘negocia’ entre los flamantes diputados sería toda una adivinanza, porque los mini-partidos tendrían la opción de apoyar -según su conveniencia política- en algunos casos los proyectos legislativos del PAN; y en otros, los de Morena.

Por mi parte, he sido reiterativo en afirmar que en las últimas tres Legislaturas, la función legislativa en Chihuahua se ha ido deteriorando de manera paulatina. Lo anterior, dada la falta de representatividad política (y de vergüenza, diría la gente) de quienes son postulados por los partidos políticos.

En efecto, la suma cuantitativa de votos (acuerdos parlamentarios) para aprobar reformas a la Constitución Local y a la legislación estatal, es totalmente ajena al contenido cualitativo de los decretos y, específicamente, a la aceptación por parte de la ciudadanía chihuahuense.

Los recientes reclamos sociales, en días pasados, al exterior del Congreso Local y de la Cámara de Diputados, acreditan el repudio social a las políticas financieras y presupuestales del gobierno estatal y del incipiente gobierno de López Obrador. En el ámbito local, hace tiempo que formulé la siguiente interrogante: ¿Morena dignificará la función legislativa? Al parecer, la respuesta es un rotundo NO.

Ahora bien, en ciertos casos, el ancestral divorcio gobierno-sociedad trasciende al ámbito penal; es decir, ciertos actos u omisiones cometidos por los diputados, tipifican conductas delictivas que deben ser denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la solicitud del desafuero de los legisladores locales presuntamente responsables.

Tal es el caso de la gravísima omisión de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso (JuCoPo), dada su dolosa omisión (durante más de tres meses, más los que se acumulen) para conformar, cuando menos, una Comisión Jurisdiccional.

Es tal el desprecio al principio de legalidad, por parte de estos diputados que, con el descarado afán de encubrir a Javier Corral (a) “El Inútil”, han argumentado una serie de pretextos (como el de que no se ha dado un consenso, porque todos quieren ser parte de esa Comisión) para dilatar la comparecencia del Gobernador.

Al respecto, debe precisarse que varios juicios políticos -presentados en junio- ni siquiera han sido admitidos ante la inexistencia de una Comisión Jurisdiccional, cuya función esencial es substanciar el procedimiento de responsabilidad política.

Así las cosas, mañana habré de presentar una denuncia penal ante la FGE por esta dolosa omisión legislativa; misma que tipifica los siguientes delitos:

a) El delito de coalición, por medio del cual los diputados de la JuCoPo, de manera concertada tratan de impedir el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que la Constitución Local le confiere al Congreso, con el afán de impedir la aplicación de la Ley de Juicio Político.

b) El delito de negación del servicio público, mediante el cual los diputados involucrados, indebida y dolosamente, retardan el derecho humano de acceso a la justicia, en perjuicio de los ciudadanos que formularon los juicios políticos.

c) El delito de denegación de la justicia, por el cual los diputados responsables omiten aprobar -de manera deliberada- el acuerdo mediante el cual se integre la Comisión Jurisdiccional y dar inicio a los juicios de responsabilidad política.

Por otra parte, el Código Penal establece, de manera adicional a las sanciones privativas de libertad, las siguientes penas: la suspensión del empleo en el servicio público de dos meses a un año; la destitución del empleo en el servicio público; y la inhabilitación de 3 a 15 años para desempeñar un empleo de cualquier naturaleza en el servicio público.

Esperemos que esta denuncia penal sea el precedente, por el cual la FGE solicita el desafuero de diputados corruptos. Yo me pregunto: ¿El Fiscal Peniche será parte de la cadena de encubridores del inútil de Corral?