Al cierre de la campaña electoral, en medio de un mar de rumores y de noticias ciertas sobre los acuerdos de partidos y candidatos, en lo que ha sido, sin duda, el proceso electoral más reñido de las últimas décadas en Chihuahua, será necesario reflexionar sobre el sistema de partidos y el régimen político en general.

Urge reformarlo profundamente. En esa necesidad pareciera que los requerimientos democráticos de la sociedad no cuentan con la mayoría de los integrantes de la clase política.

El proceso electoral que termina es un clarísimo y doloroso ejemplo de ello. Todos los partidos y los candidatos, unos más y otros menos, hicieron gala de lo anterior.

Pero más allá de los aspectos propagandístico, mediático, manipulador de la voluntad popular, un aspecto central es el de los enormes gastos gubernamentales y el de la gran ineficiencia de las dependencias y de muchos de sus funcionarios.

Quizá sea el momento de discutir, y modificar, el papel de los diputados, además de las funciones del Poder Legislativo, lo que conlleva el asunto de los enormes gastos de los integrantes de este poder y, también, el de sus atribuciones.

¿Para qué necesitamos funcionarios que, prácticamente, no tienen materia de trabajo la mayor parte del año?

¿Por qué no hacer que la totalidad de los diputados trabajen, solamente, tres meses al año -y, por supuesto, sólo se les pague por el tiempo trabajado y, obviamente, con salarios infinitamente menores a los que ahora les pagamos- y sólo una parte de ellos sean los encargados de los órganos de gobierno del Congreso del Estado?

Esos tres meses, pareciera ser el tiempo suficiente para que los diputados efectúen las tareas necesarias para el funcionamiento del gobierno del estado, como la revisión y aprobación del presupuesto estatal y de los municipios, así como la revisión de las cuentas públicas y la de la legislación que, efectivamente, necesite reformarse.

Cualquier ciudadano podrá constatar que la actividad de los diputados -ahora- es menor a las percepciones milenarias de los legisladores; que en las campañas electorales trabajen, incluso en horas y días en los que deberían estar laborando en las tareas legislativas.

¿Cuántas son las iniciativas de ley realmente necesarias para adecuar nuestro marco legal a las nuevas realidades?

Realmente, pocas ¿Cuántas se proponen?

Infinidad, más allá de la capacidad de los órganos legislativos para, siquiera, analizarlas.

¿Cuáles se aprueban? Preferentemente, las enviadas por el gobernador en turno.

¿Cuántos los diputados que trabajan, verdaderamente, en las comisiones legislativas? Casi ninguno, baste observar las agendas de las mismas y la premura con la que efectúan las sesiones de los jueves, todos tienen prisa por salir de las sesiones.

Es un verdadero desperdicio del dinero público, y del tiempo de quienes le apostaron a convertirse en legisladores, porque, además, éstos se convierten en activistas de sus partidos, o de sus propias causas y ambiciones personales, las que realizan subsidiados con los recursos públicos asignados al Poder Legislativo.

¿Por qué no, mejor, les pagamos, solamente, tres meses al año y utilizamos los recursos ahorrados en, por ejemplo, el incremento de las escuelas de tiempo completo en las zonas marginadas, de nuestras marginadas ciudades?

Y obtendríamos, además, otra ventaja, la de que disminuiría el número de aspirantes a las diputaciones; ya no sería tan atractivo, para muchos, un salario menor, con menos prerrogativas que las actuales y con menos recursos para emplearlos en sus carreras políticas.

¿Por qué razón la sociedad deberá subsidiar, por esta vía, la del Congreso del Estado, a los partidos políticos, si, ya, por la de las prerrogativas entregadas a los partidos políticos, se está financiando la actividad de las agrupaciones partidarias?

Y esto es, sólo, uno de los ejemplos de lo mucho que debemos transformar del régimen político actual.

Podríamos hacer que, por lo menos conceptualmente, iniciáramos el camino de ciudadanizar a los órganos de gobierno, no porque los actuales gobernantes no sean ciudadanos, sino porque, con las prerrogativas que disfrutan y de las facultades que tienen, se han convertido en una casta privilegiada de la sociedad mexicana.

Eso debería terminar.

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