Chihuahua, Chih.

No hay otra salida, por más que los gobernantes, en sus campañas electorales, prometan que no aumentarán la deuda, finalmente no les queda otra opción que ‘refinanciarla’, que en otros términos significa posponer el fin del crédito, bajarle un poquito las tasas de interés… y venderle  al electorado la idea de que la deuda ¡No creció!

En tanto no cambie el régimen fiscal y hacendario existente, los gobiernos estatales y el federal seguirán pateando el bote y, por tanto, elevándola a niveles cada vez más difíciles de soportar por las finanzas.

Por ello, es de reconocer el hecho de que el gobierno estatal haya disminuido el monto total de la deuda existente al momento de la llegada del actual grupo gobernante.

Por supuesto se da por descontado lo ‘incorrecto’, políticamente hablando, en el hecho de otorgar una calificación aprobatoria al gobierno estatal, en momentos en los que iniciamos el proceso electoral y que en adelante cualquier expresión de crítica o aprobación se tomará como un acto de respaldo o rechazo a las administraciones federal o estatal.

Nada de eso, pero el hecho de disminuir el monto total de la deuda de Chihuahua, independientemente de la administración que lo haga, siempre será motivo de elogio, si se hace sin empeorar  las condiciones de vida de los chihuahuenses.

El gobierno de Maru Campos anunció la disminución del total de la deuda, luego de dos sexenios de auténtica franca locura financiera -los de Javier Corral y de César Duarte- pero en el que el del ballezano tiene la principal responsabilidad pues condenó a las próximas 3-4 generaciones de chihuahuenses -ojo, no de gobiernos estatales- a vivir bajo el peso de la enorme deuda estatal.

De acuerdo con las informaciones oficiales, «En el periodo de 2017 a 2020… el pasivo circulante (la deuda de corto plazo) creció hasta un 89%, lo que trajo recurrentes crisis de liquidez del Ejecutivo durante el quinquenio anterior». (Nota de David Piñón Balderrama, El Diario de Chihuahua, 2/1/24).

En contraposición a lo ocurrido prácticamente todo el quinquenio anterior, el del ahora elogiado por la aspirante morenista, Claudia Sheinbaum, el del ex gobernador Javier Corral, el denominado ‘pasivo circulante’, «compuesto principalmente de deuda a proveedores y créditos de corto plazo o “tarjetazos” de crédito, cayó a su nivel más bajo en siete años, al situarse en seis mil 198 millones de pesos, una reducción del 51% en relación al pico más alto que alcanzó en 2020». (Ibídem).

Las crisis de liquidez de ese gobierno llevó a que el pasivo de ese tipo llegó al nivel de los 12 mil 661 millones de pesos.

Así, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda estatal, la deuda, en 2020, «representaba el 63% de los ingresos totales anuales, mientras que para 2023 el indicador se redujo a sólo el 39.8%». (Ibídem).

De ella, el ‘pasivo circulante’ es el más importante  pues le quita la liquidez necesaria al gobierno estatal, pero que disminuyó de manera importante, de acuerdo con la información oficial, ya que al «tercer trimestre de 2023, el pasivo circulante representaba un 6.2%», cifra que representaba, en 2017, «un 11.5% de los ingresos totales de dicho periodo». (Ibídem).

En ese año ascendió a un total de seis mil 690 millones de pesos; para el año 2018 subieron a nueve mil 138 millones de pesos, para pasar, en 2019, a 10 mil 194 millones de pesos.

En plena pandemia, los préstamos de corto plazo, solicitados por el gobierno de Corral, ascendieron a los 12 mil 661 millones de pesos, que equivalieron al 17.3% de los ingresos.

La tendencia contraria apareció en 2021, año en el que disminuyeron al 12.2% de los ingresos, - nueve mil 123 millones de pesos-.

La disminución continuó en 2022, al ubicarse en los ocho mil 189 millones de pesos «y para este 2023, al tercer trimestre del año, consolidaba la reducción al contabilizar seis mil 198 millones de pesos», equivalentes al 6.2% de los recursos captados.

Tal baja se explica porque en «el periodo 2019-2021 se contrataron, en promedio, 4 mil 333 millones por año», en 2023, hasta el tercer trimestre, solo se habían contratado mil 100 millones de pesos.

Esas acciones han llevado a que el gasto, para este año, en materia de pago de la deuda, ascenderá a siete mil 341 millones pesos, cuando en 2023 fue de ocho mil 681 millones de pesos, una disminución del 15%.

Tales rebajas son posibles si se efectúan las operaciones de ingeniería financiera más adecuadas, pero que podrían resolverse de mejor manera si el país se encaminara a la reforma hacendaria, necesaria para darle mayor autonomía a las entidades y municipios, lo que significaría el verdadero fortalecimiento del federalismo.

En contraste, el gobierno federal incrementó la deuda exterior, de un poco más de 10 billones de pesos, a los más de 14 billones.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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