Chihuahua, Chih.

La realidad se impone, no es una frase, en prácticamente toda la cosa pública, especialmente en la financiera.

La política neoliberal prevaleciente en el mundo, que ha empoderado como nunca a las élites financieras, al grado de someter a pueblos y gobiernos, a los que obliga a adoptar y aplicar esquemas económicos que en última instancia favorecen salvajemente el enriquecimiento de los oligopolios, hace presa, obviamente, a los gobiernos locales, impedidos de elaborar una política económica que los convirtiera en instancias “insumisas” frente al poder de los centros financieros.

Dentro de esa política tienen un valor central las deudas de las naciones y los estados, en este caso prácticamente todos endeudados, en algunos casos, a niveles insuperables.

Y no es solamente la aplicación de las recetas neoliberales. 

En los últimos 20 años casi todos los gobernantes estatales, responsables de una gigantesca corrupción, endeudaron a la mayoría de las entidades, comprometiendo gravemente las finanzas al muy largo plazo, con todas las consecuencias sociales y políticas.

Por ello no es extraño que López Obrador y Morena ganaran casi todas las elecciones del ’18 a la fecha y que en todas las encuestas se coloquen en el primer lugar de las preferencias ciudadanas electorales, incluso en las presidenciales del 2024.

Pero en lo financiero y lo social, poco margen de maniobra tienen los gobernantes recién llegados. 

Todos, emergidos de todos los partidos, deberán aplicar las mismas recetas, porque no hay de otra; estarán obligados, unos más que otros, a renegociar las deudas para prolongar los plazos y con ello obtener algunos recursos extras; a intentar obtener mejores tasas de interés con sus acreedores; a inventar, o impuestos o beneficiarse de la modificación o ampliación en el cobro de algunos derechos, y los que puedan, como es el caso de Chihuahua, a renegociar la deuda carretera o la de los puentes fronterizos.

Y, claro, aplicar distintos mecanismos de ajuste presupuestario, pero sin dañar la estructura del aparato gubernamental, ni restringir el gasto destinado a obra, ni servicios, y claramente orientados a disminuir la nómina de los mandos superiores. 

Todos estamos de acuerdo en la disminución de los salarios de los mandos superiores, en la desaparición de las plazas inútiles, de todas las dependencias, y en el recorte a otras; pero los ahorros, por lo menos con la experiencia de los aplicados en el sexenio de Duarte y Corral, ambos con sendos programas “de austeridad”, generaron, en el mejor de los casos, ahorros del orden de los mil millones de pesos, claramente insuficientes para la dimensión del problema financiero que arrostramos.

Cualquier otro rubro en el que se restrinja el gasto gubernamental incidirá, indefectiblemente, en la economía del estado, pues la inyección de esos recursos es muy importante para el conjunto de las actividades económicas locales.

Pero ¿Hay otra manera?

Visto de esa manera, lo propuesto por el gobierno de Maru Campos explora todos los instrumentos anteriores y obtiene varios miles de millones de pesos y relanza la deuda -en muchos casos- hasta los años 2046-2047 y, de acuerdo con las versiones de los gobernantes, con un mejoramiento de las tasas de interés.

Pero, otra vez el entorno afectará seriamente. El aumento del 10% de los ingresos del gobierno estatal, 12 mil millones de pesos (mmdp) más,  quedará reducido, merced a la inflación del 7.3%, a un modesto crecimiento presupuestario, que apenas será superior al crecimiento de la población en el año, y en medio de las consecuencias del lento crecimiento económico, tanto el del 2019, como el de los dos años de la pandemia configuran un sombrío panorama para el próximo año.

Y aun nos falta superar la 4a. ola del COVID y/o la variante Omicron.

Por ello, es gratificante saber que el próximo año, el gobierno ya no dependerá de los créditos a corto plazo y que, ojalá así sea, las medidas aprobadas, incidan positivamente, y que consisten en un crédito de largo plazo con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por mil mdp, que en la versión gubernamental, se pagarán del crecimiento del FAFEF “que se tuvo este año, lo que llevará a que la disminución del FAFEF no será menor a lo recibido en el 2020”.

Además, un crédito de largo plazo con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) por 500 millones de pesos, “para destinarlo a los objetivos propios de este fondo”.

Y un refinanciamiento de la bursatilización y diferentes adeudos anteriores y nuevos de largo plazo, con entidades financieras públicas y privadas por 8 mil millones de pesos, más 4 mil millones de nuevos créditos a corto plazo (contratados en el presente año, como fruto del caos financiero dejado por el gobierno de Javier Corral que, además, había gastado lo correspondiente a las participaciones federales de octubre y noviembre), lo que, aparentemente, llevaría a que la deuda creciera en 12 mdp, pero que en realidad, los de corto plazo, deberán pagarse en el curso del 2022 y los otros, se diferirán a 20 años.

Además, incluye la autorización de dos créditos a corto plazo y la emisión de certificados bursátiles por 19 mil 600 millones de pesos derivados de la deuda carretera, que se pagarían a 25 años con los ingresos de 9 tramos carreteros de peaje. Con el refinanciamiento se ahorrarían 3 mmdp a obtener a partir de 2023. Con esto, se ampliaría la mayor parte del endeudamiento carretero hasta el año 2047.

Esto es, que los ingresos del peaje anuales -del orden de los 2 mmdp- se comprometerán hasta esa fecha. El estado sólo podrá acceder a los excedentes derivados del crecimiento económico que incide directamente en el crecimiento del flujo vehicular en las carreteras de peaje.

En la actualidad, se paga un 13% del monto total anual de la deuda carretera, producto del 7% de inflación, más un interés fijo de 5.95%, a la que deberá agregarse el adeudo con Banobras, de 666 mdp, que se renegociará y se liquidará hasta el 2032.

Y otra por 989 mdp del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Otro crédito del mismo fideicomiso es con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por 537 mdp, que creció en 30 millones durante el último año. Con la reestructuración se liberarán mil millones de pesos al año.

Igualmente, la deuda contraída por la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) por 264 millones de pesos que se reestructuró con una tasa sensiblemente inferior.

Por ley, los dictámenes relacionados con esquemas de financiamiento y refinanciamiento deben contar con la mayoría calificada en el Congreso del Estado, pero, además, y es lo destacable, deberán ser aprobados, lpor la Secretaría de Hacienda, es decir, el equipo del presidente López Obrador.

Por supuesto que hay aspectos que debieron revaluarse por la mayoría legislativa, especialmente los que inciden más en los sectores poblacionales más agredidos por la pandemia, como el costo de las placas y el derecho de uso vehicular.

El incremento al Impuesto Sobre Nómina, aunque lesivo para la mayoría de las empresas, no es aumento que incida en la competitividad, ni se convertirá en factor que las afecte y sí, por el contrario, elevará los ingresos presupuestarios en mil 987 mdp, casi 50% más que el presente año.

A nadie nos gusta la situación financiera por la que atravesamos, pero sin la corresponsabilidad de los gobernantes de los ámbitos federal y estatal menos se atenuarán los efectos de la misma. 

Por lo que se infiere del denominado paquete financiero, se puede concluir que es el resultado de las negociaciones entre ambas partes, igual a lo que está ocurriendo en casi todas las entidades que renovaron los poderes locales en el 2021.

Enhorabuena, era más que necesario.

—o—

Distintos eventos celebrados en los días recientes parecieran abonar al ánimo de distensión política, que pudiera ir en sentido contrario a lo prevaleciente en el país desde la asunción de López Obrador a la presidencia.

Esa confrontación, esa degradación del nivel y tono de la discusión política alcanzó su mayor grado en la discusión de los proyectos de ingresos y presupuesto de egresos de la federación para el 2022.

Sin embargo, la realidad se ha impuesto, tanto a los ánimos beligerantes presidenciales, como a los propios de las fuerzas opositoras.

Y la realidad, hoy, a pesar de las elevadas calificaciones presidenciales, muestra un nuevo entorno político que los está obligando a atenuar sus ataques.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)