Chihuahua, Chih.
Es increíble.
El jueves, la presidenta, cuestionada acerca del paradero de los 9 extraditables de Sinaloa, declaró que «… hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte del Interpol…». (Nota de Enrique Gómez, El Universal, 21/5/26).
Ese solo hecho obliga a que el gobierno mexicano los detenga en cuanto los localice, pero la presidenta, hundida en el lodazal de las justificaciones para no detenerlos, afirmó, sin ninguna base, que el hecho de tener esta ficha, significaría que «si ellos llegaran a salir de México, a otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos (sic y recontra sic)» . (Ibídem).
De veras, es de no creerse, la presidenta está afirmando que aunque tengan ficha roja ¡En territorio nacional, cuentan con toda la impunidad que les pueda otorgar el gobierno de la 4T!
La ficha roja de Interpol (agrupación a la que pertenece México) «Es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Se fundamenta en una orden de detención o en una orden judicial expedida o dictada por las autoridades judiciales del país solicitante». (Página oficial de Interpol).
También establece que «Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona», es decir, que podrían, con base en nuestras leyes, oponerse a ejecutar esa orden.
Pero hay un pequeño detalle en este asunto:
Los tratados internacionales firmados por México tienen la misma jerarquía que la Constitución y en el tema de los ‘Extraditables de Sinaloa’, para su detención, el gobierno de EEUU se está basando en el de Extradición entre nuestros dos países.
La Ficha Roja es la notificación de una solicitud internacional para localizar y asegurar a una persona con fines de extradición o de entrega a la justicia.
El proceso implica que si la ficha roja fue solicitada por otro país, las autoridades mexicanas (como la Policía Federal Ministerial o policías estatales en coordinación con la Fiscalía General de la República [FGR]) deben proceder de inmediato a la detención provisional y no esperarse, como dice la presidenta, a que los acusados ¡intenten salir de México!
Una vez detenidos, dicen las normas firmadas por nuestro país, las personas quedan a disposición de un juez de control para iniciar el proceso formal de extradición, donde se revisará si los delitos cumplen con los tratados internacionales vigentes y si se respetan los derechos del detenido.
¡Nada más, pero nada menos que cumplir con la ley!
Además, la presidenta corre un gran riesgo.
Ha admitido saber del lugar en el que se encuentran algunos de los señalados (en concreto, del gobernador morenista Rubén Rocha), incluso ha aceptado que penden sobre ellos fichas rojas de la Interpol y no ha ordenado su detención.
La podrán acusar de complicidad y de no cumplir con los tratados internacionales.
No es poca cosa.
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