Chihuahua, Chih.

Desvaríos ‘patunos’



El día de ayer Javier Ávila Aguirre, en su carácter de Presidente de la asociación civil de nombre ‘Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos’ envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación, sin hacer referencia alguna al cargo que ostenta como miembro del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

De esta manera, el Padre Ávila busca despojarse de su carácter de servidor público al formar parte del Consejo General de la CEAV que es la máxima autoridad de un órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado. Así las cosas, debo decir que los alegatos de defensa del Padre Ávila son parciales y tendenciosos.

Como lo es, la supuesta ‘sorpresa’ que le causa “la ausencia de los doctores de la ley, de los tantos sabios y peritos que en estos días han saltado a la palestra” por haber tolerado (¿tácitamente?) las violaciones al ‘estado laical’, cometidas por el “prófugo de la justicia César Duarte Jáquez… (cuando) con una mano saqueaba el Estado y con la otra lo consagraba al Sagrado Corazón de Jesús”

Ávila Aguirre acusa abiertamente a los doctores, sabios y peritos de la ley de haber inclinado la cabeza y de ‘secundar el delito’… (ya que) “por esa razón no se dieron cuenta del sacrilegio que convirtió al autor en un delincuente, no sólo para ser procesado sino para ser destituido como máxima autoridad del Estado”.

A mi parecer, el Padre Ávila asume el papel de ‘Justiciero Trasnochado’ al equiparar a todos los ‘agachados’ en vulgares codelincuentes: ¿Eso no violentó el Estado laico? ¡Qué descaro! Quienes aceptaron y callaron este hecho, quienes con su presencia lo avalaron, quienes bajaron la cabeza y aplaudieron, se convirtieron en cómplices de un delincuente, ¿A quién le tuvieron miedo? ¿Por qué callaron?

Ávila Aguirre demuestra ser una persona ególatra cuando afirma que “si yo violentara el Estado laico aceptaría que se me aplicara la ley, a diferencia de quien sí lo hizo y no fue tocado ni con el pétalo de una rosa, (porque) antes de ser sacerdote soy ciudadano; primero fui ciudadano y luego sacerdote…”

Por otra parte, la ignorancia del Padre Ávila respecto al principio constitucional de laicidad es evidente. Para él, el Estado laico solo se violentaría “cuando actúo como ministro de una iglesia, cuando actúo en mi carácter sacerdotal, cuando hago proselitismo dentro de unas oficinas de gobierno, cuando celebro un rito religioso en esos espacios; pero no cuando actúo como cualquier ciudadano, defendiendo los derechos de las personas, atendiendo a víctimas del delito”.

Y como si tratara de hacernos reír, contando un chiste, afirma: “si mi sola presencia violentara el Estado laico no podría entonces entrar a ninguna oficina de gobierno, se me prohibiría hablar con las autoridades gubernamentales, las puertas del Palacio de Gobierno estarían cerradas para mí, no me podría sentar a la mesa con ningún funcionario público”.

Las divagaciones del Padre Ávila se traducen en dichos absurdos, carentes de sentido común, como son los siguientes: Cuidado con saludar a un cura porque se contamina su ‘pureza laical’… Habría que poner a la entrada del Palacio de Gobierno y a la entrada de cualquier oficina gubernamental un letrero que diga: ‘Se prohíbe la entrada a cualquier ministro del culto’.

Llega al extremo de formular interrogantes incoherentes y sin sentido: ¿Mi sola presencia rompe y violenta el Estado laico? ¿Cuándo seremos capaces de superar lo que nos separa para preocuparnos más unos por otros? ¿Qué nos falta para aprender a reorientar los pasos hacia el compartir y el colaborar? ¿Qué nos falta para aprender a romper egoísmos y construir comunidad?

Ávila Aguirre confunde el principio histórico de la laicidad -entendido como la división política entre el Estado y la Iglesia- con la libertad ideológica en cuestiones religiosas. “La libertad ideológica consiste en la posibilidad de que toda persona tenga su propia cosmovisión y entienda de la forma que quiera su papel en el mundo, su misión -si es que considera que tiene alguna- en la vida y el lugar de los seres humanos en el universo”.

Bien haría el Padre Ávila en leer la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, en la que se enumeran las libertades en materia religiosa, entre ellas, las siguientes: a) practicar el culto o celebrar reuniones en relación con la religión, y de fundar y mantener lugares para esos fines; y b) escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas.

En lo referente al principio constitucional de laicidad, el jurista Miguel Carbonell escribe: “a partir del texto constitucional vigente de los artículos 24 y 130, en México, vale la pena preguntarse cuáles son en particular las libertades que permiten esos preceptos ejercer, o, dicho en otras palabras, ¿qué conductas concretas pueden lícitamente desprenderse del derecho de libertad religiosa?”.

En consecuencia, la prohibición constitucional de que los ministros de cultos no puedan ocupar cargos públicos, es totalmente ajena al ejercicio de la libertad de una creencia religiosa. Yo le pregunto al Padre Ávila: ¿Cuál es su afán de perder su credibilidad y el respeto de la ciudadanía chihuahuense, exhibiendo su ignorancia jurídica al negar su calidad de servidor público?