Chihuahua, Chih.

Temprano para percatarnos de la profundidad de los cambios generados a partir de los resultados electorales, y porque aún no toman posesión los nuevos gobernantes, aparentemente algunos integrantes de los círculos del poder público en Chihuahua son los más refractarios a asumir que tienen, ya, una nueva y sorprendente realidad frente a sus ojos y que deberán gobernar en función de ello.

No les será fácil, aún si contaran con algo de lo que han carecido a lo largo de sus casi ya dos meses de mandar en Palacio de Gobierno: Sensibilidad y apertura política.

Más difícil les será el entorno político si no se ubican.

El bono democrático, otorgado por el pueblo de Chihuahua al grupo gobernante encabezado por Javier Corral, se ha agotado.

Se terminó de la peor manera, con un revés electoral de inmensas proporciones.

Sí, se puede convenir en que, como en casi todo el país, con excepción de Guanajuato, fueron las víctimas, si se quiere circunstanciales de la oleada lopezobradorista; aunque no tanto, pues Javier Corral, aunque con algunas posturas de talante democrático, formó parte de la dirigencia del PAN durante largos tramos de su vida, ya fuera en los órganos de dirección ú ocupando cargos legislativos, por lo que, también, ante los ojos y la estrategia trazada por López Obrador, es integrante del PRIAN al que se propuso echar del gobierno mexicano.

El tsunami tabasqueño se llevó a Corral en la marejada, pero tres liderazgos regionales en Chihuahua lo resistieron, dos de ellos de manera exitosa, el de Maru Campos en la capital del estado, el de Alfredo Lozoya en Parral, y el de Armando Cabada empatando la elección en Juárez.

Al cierre de estas notas estábamos a horas de que se conociera el resultado de los comicios municipales. Cualquiera que fuera el ganador, con toda seguridad se irá a tribunales y, para efectos cuantitativos, estamos frente a una contienda casi empatada pues el ganador lo será con una ventaja de alrededor del 0.20% de la votación.

Pero lo anterior no cambia el sentido de lo aquí asentado:

Morena ganó dos elecciones en el territorio chihuahuense, la presidencial y la de senadores; arrasó en las diputaciones federales y locales en Juárez; ganó, además, la sindicatura. Igualmente, ganó la diputación local, la federal y la alcaldía de Cuauhtémoc.

Por si fuera poco, obtiene una elevada votación en las diputaciones federal y local de Delicias y una no despreciable en la elección de presidente municipal. Se alza como una fuerza de oposición muy respetable en esa zona, además de ganar la alcaldía de Rosales.

Y para efectos prácticos, el grupo gobernante de la capital del estado, encabezado por Maru Campos, la alcaldesa reelegida, César Jáuregui, secretario del ayuntamiento y Mario Vázquez, ex presidente estatal, ratificó su hegemonía político-electoral en la ciudad de Chihuahua duplicando la votación obtenida por Fernando Tiscareño, candidato de Morena.

El PAN capitalino ganó, además, la sindicatura, las dos diputaciones federales y las 5 locales. Morena sólo disputó cercanamente un distrito local, el 12, con Miguel Colunga.

Ese parecería ser un extraordinario resultado para el PAN en lo general, la mala noticia, para los ocupantes de Palacio, es que se trata de un grupo político, no sólo distinto al del gobernador Corral, sino contrario en las pretensiones políticas y, además, criticado por el mandatario, no abiertamente, pero sí lo suficiente como para que haya trascendido fuera de las filas del blanquiazul.

En concreto, es otra zona en la que el gobierno estatal no es el mandón.

Por añadidura, los resultados en la capital muestran que el efecto “Duarte”, extraordinariamente aprovechado por Corral en la elección del 2016 ya no fue decisivo y que en buena medida en las confrontaciones electorales posteriores el grupo gobernante de la capital la jugará con sus propias cartas y fuerzas y si Corral se allana, bien, si no, entrará a la disputa en desventaja por la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2021.

Por si fuera poco, el liderazgo de Alfredo “Caballo” Lozoya, el alcalde reelegido de Parral, en el sur del estado, nos lleva a la conclusión que ahí tampoco pesa, ya, la figura del gobernante chihuahuense.

De ese modo, con solamente un senador, de los 3 de Chihuahua, con minoría en la diputación federal y con la disminución en las diputaciones locales, en las que la nueva realidad lo obligará a negociar casi todos los asuntos con el grupo parlamentario de Morena pues éste será el segundo grupo en número en el Congreso.

Pero si todos los partidos deciden actuar como bloques de aliados, entonces las definiciones serán puntuales en cada asunto y con actores distintos, dependiendo del interés que tengan cada uno de ellos.

Lo explicamos: Si los resultados no cambian con las decisiones de los tribunales, es probable que el PAN alcance 12 diputados, 9 de mayoría y tres plurinominales, pero si Movimiento Ciudadano se mantiene como aliado, entonces llegarán a 15 pues MC ganó de dos mayoría y un plurinominal.

A su vez, Morena puede llegar a 8; 6 de mayoría y dos “pluris”. Si logra mantener la alianza sumará, del PT, dos de mayoría y un plurinominal, más dos de mayoría del PES, con lo que ese bloque alcanzaría 13.

En cambio, el PRI quedaría reducido a tres diputados, 1 de mayoría y dos plurinominales, fuerza que podría llegar a 5 si logran la alianza con el PANAL y el Verde, que cuentan con un diputado “pluri” cada uno.

Extremadamente complicado será para el gobierno de Chihuahua obtener votaciones mayoritarias en la nueva legislatura y será casi imposible efectuar modificaciones constitucionales, que requieren de mayoría calificada.

Esa es la nueva realidad política del Estado Grande.

El gobernador deberá efectuar una compleja y fina actividad a fin de obtener votaciones favorables en el Poder Legislativo. Eso mismo deberá hacer con el nuevo gobierno federal, es decir, desplegar la mayor eficiencia política para obtener la aplicación de más recursos federales en la entidad (sin que ello implique asumir una conducta de sumisión frente al presidente López Obrador).

Pero si eso debe hacer en aquellos dos ámbitos, lo mismo estará obligado a hacer con 9 de los municipios más grandes del estado, cuyos alcaldes o son de la oposición partidaria, o de la oposición interna: Juárez (?), Chihuahua (PAN), Cuauhtémoc (Mor), Jiménez (PANAL), Nuevo Casas Grandes (PRD), Parral (IND), Guachochi (PRI), Guadalupe y Calvo (PRI) y Guerrero (Morena).

Casi nada, alrededor de 75 de cada 100 chihuahuenses estarán gobernados, en el ámbito municipal, por fuerzas políticas ajenas al gobernador Corral.

¿A qué lo obliga tal realidad? ¿A confrontarlas, o a desplegar una actitud política absolutamente contraria a la usada hasta hoy, cuyo rasgo predominante ha sido el de la confrontación y el de imposición, a rajatabla, de su voluntad?

Pero si lo anterior es importante, más lo es su relación con la sociedad chihuahuense y sus organizaciones y representaciones, amén de la forma en que afronte los conflictos sociales, que no son pocos, ni menores, además del clima de violencia existente.

A la mano tenemos dos hechos reveladores de que la realidad descrita líneas arriba no ha sido asimilada aún por el ocupante de la silla principal de Palacio: La represión lanzada a los habitantes del Valle de Encinillas (vecinos de la caseta Sacramento de la carretera Chihuahua-Juárez) y las designaciones de jueces, magistrados y eventualmente de los fiscales.

En el primer caso, porque pretenden recaudar más peaje de un sector de la población (alrededor de 15 mil vecinos de la caseta) que no recaudaban. ¿Cómo no colocarse en la tesitura de esos chihuahuenses obligados a pagar el peaje de esa caseta por lo menos dos veces al día, a pesar de la existencia de un convenio que los eximía de ello?

¿Y en el nombramiento de los magistrados -no de todos, se concede- entre los cuales, claramente, se incluyeron a quienes gozan de la amistad del gobernante?

¿Pues qué no nos dijeron que eso sería cosa del pasado?

No es una exageración asentar que existe en el estado una nueva correlación de fuerzas políticas, que llevaría a los demócratas a replantearse la forma de gobernar e iniciar toda una operación política a fin de lograr el mayor número de consensos en la definición de infinidad de asuntos que deberán resolverse en los próximos meses y años.

Para ello se requiere que asuman, los miembros del grupo gobernante, que deberán recurrir a tales recursos políticos, porque los necesitarán.

Por ejemplo, en la aprobación del presupuesto estatal del 2019, en la asignación de las partidas federales para ese mismo fin; en la aprobación de las cuentas públicas de las actuales administraciones, las municipales y la estatal, y en una gran cantidad de cosas.

Y, principalmente, en el modo de relacionarse con sus gobernados, con los simpatizantes del gobernante y con quienes no lo son, que, para su mala fortuna, son la mayoría.

En esa nueva realidad deberían ubicarse.

Están obligados.

De lo contrario, la descalificación de los chihuahuenses será el siguiente paso.

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