Chihuahua, Chih.

¿Quién es el triunfador de las negociaciones con las que culminó la caravana convocada por el gobernador Corral?

Perdidas las dimensiones, los panegiristas del gobierno del amanecer y sus más exacerbados críticos, colocan, los primeros, al igual que el mandatario chihuahuense, los acuerdos alcanzados, en la cúspide del “despertar” ciudadano y el nacimiento de un nuevo movimiento nacional, al que convocó en su discurso en el Hemiciclo a Juárez, “en contra de la corrupción política” que, al igual que la convocatoria a la realización de una asamblea tributaria, “para cambiar el esquema federalista” en materia hacendaria, serían encabezadas por el gobernador de Chihuahua que así inscribe su próxima actuación en el ámbito nacional.

Claramente puede catalogarse como una victoria política para Javier Corral. Colocar a la Fiscalía General de Chihuahua como coadyuvante en el proceso de extradición de César Duarte y la obtención de los 900 millones de pesos son sus resultados más tangibles.

A cambio, concedió en el traslado de Alejandro Gutiérrez al penal federal de Juárez y no insistir en la inconstitucionalidad de los convenios contenidos en el ramo 23, lo que implican ventajas para el gobierno federal, invaluables, pues ahora no estará en manos dela fiscalía chihuahuense el reo más potencialmente peligroso para el régimen y, por si fuera poco, no será impugnada por el gobierno de Corral la abusiva y grosera manera en que se reparten los recursos federales de esa partida.

Ambas partes ganan, pero en el balance general, el régimen pierde estratégicamente pues las denuncias de Corral lo desnudaron a fondo.

Y de que se alcanzaron buenos acuerdos, sin duda, pero para ambas partes.

Recuperar los recursos económicos siempre será muy bueno, pero hacerlo a costa de la revelación de la inmensa e intrincada red de corruptelas y conflictos de interés que le da sustento al partido de Estado, que eso es el PRI, no tiene precio, el régimen sufrió una inmensa “balconeada”, la que podría haber llegado hasta la más alta figura pública del país.

Por eso pactó el gobierno federal, para impedir que se descubrieran los nexos de Peña Nieto, los de su campaña y de las campañas electorales de los estados a lo largo del sexenio, pagadas en buena parte con los recursos públicos de los estados y la federación.

Y le fue bien al régimen. En el discurso del Hemiciclo desapareció el Presidente Peña Nieto, ya no fue el artífice de las maniobras corruptas, ya no es el jefe de Hacienda, ahora lo es del Secretario Navarrete y el presidente tiene la confianza de Javier Corral, porque, dijo, honrará su palabra.

Claramente evidenciada el acuerdo, bajarle el tono a lo beligerante era lo importante, ahora vamos, todos, a combatir la corrupción, los convocaré prontamente a una gran asamblea tributaria, dijo el mandatario chihuahuense.

En ese discurso, al atacar a Meade le hace un favor a Anaya, su candidato. Ahora el depositario de sus incendiarios ataques fueron los de La Jornada, sólo porque uno de los columnistas de este periódico, Julio Hernández, (Astillero) criticó ácidamente y con demasiada prestancia y hasta mala fe, los acuerdos pactados en Navarrete -“Hoy se ha firmado un pacto de impunidad más: Javier Corral cede el manejo del caso Alejandro Gutiérrez (el dinero federal para campañas priistas) a EPN y éste paga 900 mdp y promete traer a César Duarte par que sea “procesado” favorablemente, como Javier Duarte. Y todos contentos”, escribió en su cuenta de Twitter- lo que le sirvió a Corral para declarar a sus críticos, como lacayunos, y que hacen “insinuaciones” calumniosas en contra del pueblo y el gobierno de Chihuahua, en una desmesura porque el periodista jamás atacó al pueblo de Chihuahua, sino al gobernante actual que cae en las grandilocuencia al confundir las críticas realizadas a su persona y su mandato como insultos al total de los chihuahuenses.

¡Híjole!

Y luego, en esa misma desmesura, calificar como que la Secretaría de Gobernación haya “recuperado la gobernabilidad”.

Es de una gigantesca desproporción con lo que ocurre en el país. Esa dependencia y su gobierno no se pueden calificar, de ninguna manera, de acuerdo con el trato alcanzado con el gobierno de Chihuahua.

Luego, en la práctica, el gobierno federal, al incluir al estatal en el trámite de la extradición, lo hará corresponsable del eventual fracaso y, de paso, le quitará las banderas de acusar a Peña Nieto de estar encubriendo a César Duarte.

Así, si no se acelera la extradición y si esta no prosperara, o que, al enjuiciarlo en México, obtuviera su liberación -o continuar su juicio en libertad- el manto del fracaso sería extremadamente mayor para el gobierno del amanecer.

Y hay un tema, no abordado por el gobierno de Chihuahua. El de la negativa para entregarle información a la PGR sobre las condiciones del encarcelamiento de Alejandro Gutiérrez, motivo por el cual la PGR había multado a la Fiscalía General de Chihuahua ¿Les pidieron la información y la negaron? ¿Es cierto eso? ¿Porqué no ha aclarado tal asunto?

Importa, porque, a diferencia de lo dicho ayer por el gobernador Corral en el Hemiciclo a Juárez -“El señalamiento sobre las condiciones de la reclusión no debe ser el tema a debatir, prisión es prisión”- las condiciones en que se mantiene en prisión a la gente son muy, pero muy distintas, de lo cual hay evidencia a raudales.

No es igual la prisión para los más pobres, que para los hombres del crimen organizado o los que obtienen prebendas sin fin de las autoridades carcelarias.

Desmesurados, también, los elogios para la Secretaría de Gobernación. Así se expresó el gobernador Corral de ella: “Y es también un triunfo político, porque frente a la cerrazón, al final imperó la política como el principal instrumento para solucionar el conflicto y el diálogo y el consenso, salieron adelante. Porque es justo decirlo, la Secretaría de Gobernación, ha recuperado para la gobernabilidad del país la capacidad y la función de la relación con los gobierno de los estados que prácticamente se habían trasladado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Fue más allá: “Reconozco los buenos oficios, el liderazgo del secretario, Alfonso Navarrete Prida, que buscó una salida digna y honorable al conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación”.

Ante la descalificación del gobernador Corral al periódico La Jornada, éste le respondió en dos vertientes, a través de la sección “Rayuela” y de la columna Astillero, de Julio Hernández. La primera es lapidaria: “Trump está haciendo escuela en México. Vean si no a Corral despotricando contra los medios críticos a su gestión. Igualito que su vecinito”.

La de Hernández no lo es menos: “La maraña de intereses y ambiciones concentradas en el lance chihuahuense iniciado el 20 de enero en Ciudad Juárez tuvo, además de sus plausibles tres propósitos originales (los planteados al inicio de esta columna), un evidente hedor a maniobra con fachada justiciera pero propósitos politiqueros…”.

“Con un estado sumido en graves problemas de inseguridad pública (la delincuencia organizada, absolutamente fuera de control; la ejecución de Miroslava Breach como pendiente ético y judicial) y amplias críticas de sectores chihuahuenses al estilo protagónico y pretencioso, pero ineficaz en términos de gobernabilidad, de Corral Jurado, éste optó por una fuga hacia adelante, en carriles nacionales y partidistas: con la Caravana por la Dignidad buscó adherirse a la vestimenta panista una etiqueta de presunto luchador social antisistema y estuvo a punto de culminar con éxito la construcción de una aureola de auténtico combatiente contra la corrupción (pero los términos pragmáticos y utilitarios de los Acuerdos de Bucareli lo han mostrado, con rapidez, lejos de esa apetencia y más como un negociador de la ley)”.