Chihuahua, Chih.

La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada por el Senado y la posible -aunque es un rumor, no desmentido en forma alguna- designación de la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez, como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), constituyen dos evidencias, a cual más de contundentes, de que estamos frente a la posibilidad de sufrir una gravísima regresión.

No sometemos a discusión la capacidad de ambas, ni los méritos profesionales para desempeñar tales cargos. No, lo discutibles es su extrema cercanía a los titulares del Poder Ejecutivo, estatal uno, federal el otro, lo que lleva, necesariamente a plantearse su independencia y autonomía.

Los últimos 30 años la sociedad mexicana, ante la fuerza del régimen, fue construyendo nichos que le permitieran acotar al Poder.

La abogada Esquivel Mossa es esposa del principal asesor del presidente López Obrador en materia de construcciones, José María Riobóo, desde muchos años atrás y la diputada Blanca Gámez pertenece al círculo más cercano al gobernador Corral.

Paradójicamente, ellos dos, Corral y López Obrador, son dos de los gobernantes que encabezaron sendos esfuerzos ciudadanos-electorales en contra del viejo régimen y ahora son quienes patrocinan -por diversas razones y explicaciones- tan lamentable regresión.

Por un lado, el actual gobernador Javier Corral participó en la construcción, no sólo de organizaciones ciudadanas que privilegiaron su quehacer en la defensa de los derechos humanos, en el respeto a la libertad de expresión; en el combate a los monopolios televisivos, sino que encabezó, en varios momentos, las luchas legislativas que iban en ese sentido.

Al mismo tiempo, una pléyade de organizaciones, activistas, académicos y fuerzas políticas influyeron decisivamente en el diseño de diversos organismos que fueron -de a poco- quitándole distintas atribuciones al poder cuasi omnímodo que durante décadas ejerció el PRI.

Se le llamó “ciudadanizar” a tal intento.

Uno de los ejes de tales esfuerzos estaba orientado a evitar que los gobernantes designaran (o influyeran en los nombramientos) a los integrantes y titulares del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

Durante cerca de tres décadas, las organizaciones de la sociedad civil más comprometidas encabezaron la lucha por evitar la “partidización” de tales organismos.

Al mismo tiempo, crecía la fuerza de Andrés Manuel López Obrador y el vasto movimiento de organizaciones de la sociedad civil se sumaban a su movimiento con no pocas esperanzas de fortalecer los esfuerzos “autonomistas”, es decir, el de hacer que el Poder tuviese los contrapesos necesarios en una sociedad que apenas se aprestaba a derrotar electoralmente al autoritarismo.

Hoy, la esposa de uno de los amigos del presidente es la nueva ministra de la Corte y una de las amigas del gobernador busca la presidencia de la CEDH.

Sus panegiristas defenderán la legitimidad y legalidad de tales nombramientos, pero para Corral es, solamente, una pieza que necesitaba para colocar a uno de los suyos en uno de los espacios que le podrían generar incomodidades al final de su sexenio.

Los defensores dirán que Blanca Gámez cumple con el perfil y dejarán de lado el verdadero cuestionamiento.

Por su lado, los defensores de AMLO argüirán -ya lo hacen- que los ahora nombrados son honestos y que el presidente también lo es.

¿Y cuándo se vaya López Obrador? ¿Qué sucederá con el entramado que necesitábamos para construir un régimen democrático?

¿Se imaginan que en el gobierno de Peña Nieto hubiesen designado como ministra de la Corte a la esposa de Armando Hinojosa, su constructor favorito?

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