Chihuahua, Chih.

Transcurrida la elección, dentro de lo que podríamos llamar la “normalidad democrática”, ya que en la mayoría de los casos han culminado en la entrega de las constancias de mayoría a los triunfadores y en algunos, como es natural (afortunadamente), se presentarán impugnaciones, que serán resueltas por los tribunales electorales, cosa que ha adquirido, también, carta de naturalidad en el país.

Hoy, la mayoría de los conflictos y pugnas electorales se resuelven en esos tribunales, por fortuna, convicción que no desatiende uno de los aspectos que se presentó con la misma intensidad que en 2018, el de la violencia, que en la mayor parte de los casos tomó como sus presas a los protagonistas políticos.

Establecido lo anterior como el entorno generalizado, llaman la atención tres temas: 

Primero, el de que una parte de la jerarquía católica difundió y adoptó una postura que contraviene lo establecido en el marco legal, al grado de que diversos sacerdotes la difundieran, la enriquecieran y la acrecentaran en los diversos ritos religiosos celebrados durante la semana previa a la elección; 

Segundo, el de la postura claramente inexplicable (desde la óptica, no solo de la política, sino desde la de la administración pública) del gobernador Javier Corral al ordenarle a su Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, que le expresara al equipo de la gobernadora electa, Maru Campos, que se concretaría el proceso de la entrega-recepción hasta que culminaran las impugnaciones que se presentaran en los tribunales electorales; y,

Tercero, el anuncio realizado por el ex candidato de Morena al gobierno de Chihuahua, Juan Carlos Loera, de presentar dos recursos (entre las varias cosas que abordó en la conferencia de prensa del martes): El de la petición de la anulación de las elecciones debido a que, desde su punto de vista, Maru Campos se excedió en los gastos de la campaña, más allá del tope señalado por la autoridad electoral y el de que solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero de la ahora gobernadora electa.

Vayamos por partes.

En primer lugar, los ministros religiosos no pueden hacer proselitismo, ni a favor, ni en contra de candidato, partido o coalición política-electoral alguna. No lo pueden hacer en la vía pública “en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso”, como así lo señala el art. 130 constitucional.

El tema vino a cuento debido a la denuncia pública efectuada por Juan Carlos Loera el martes anterior. El ex candidato morenista dijo que la Iglesia Católica desplegó una campaña en contra de Morena, sus candidatos y a la 4T, a los que identificó como encarnación del “mal”, contra los cuales había que votar en sentido contrario.

Apoyó su denuncia pública con la exhibición de varios videos en los que se aprecia a un sacerdote -Antonio Sepúlveda- aparentemente en un rito religioso (probablemente en el sermón de una misa) realizado antes de la elección.

Lo anterior contraviene la norma constitucional (Art. 130) y los puede hacer acreedores a varias sanciones, contenidas en los artículos 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el artículo 83, fracciones VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

A juzgar por las expresiones de Loera, es probable que no estemos lejos de un proceso en ese sentido.

En cuanto a Corral y su negativa iniciar de manera formal el proceso de entrega-recepción, es probable que su postura sea la correcta -en cuanto a lo estrictamente formal-, pero hay un cúmulo de aspectos de la administración estatal en los cuales sí podrían iniciar los trabajos, quizá sin entregar, aún, aspectos “sensibles”, como lo podrían ser los económicos, los de los procesos jurídicos; pero hay infinidad de ellos que, sin duda alguna, iniciar el proceso le ahorrará, no solo a los nuevos gobernantes, sino a los chihuahuenses, una buena cantidad de incomodidades generadas por la desinformación con la que podrían arribar al gobierno los integrantes del equipo de Maru Campos.

Pero el gobernante del “nuevo amanecer” pretende -aparentemente- darle continuidad a su oposición a que la ex alcaldesa asuma la gubernatura, no obstante las expresiones grandilocuentes lanzadas la semana anterior, en el sentido de que habría un relevo “normal”. 

Pues no.

Finalmente, Juan Carlos Loera está en su derecho de impugnar el proceso, pero las contradicciones de la postura emitida el martes no hacen más levantar dudas sobre la congruencia de sus dichos.

Dijo que pedirá la anulación del proceso electoral, pero al mismo tiempo anunció que pedirá el desafuero de Campos, con lo que en la práctica, en el mismo evento, le reconoció su carácter de gobernadora electa y que, para las fechas del inicio de la nueva legislatura, en la que Loera ya no estará, ya sería la gobernadora constitucional.

¿Y entonces?

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