Desafuero ¿Nueva pifia legislativa?

Chihuahua, Chih.

Si el día de hoy las fuerzas parlamentarias mayoritarias en el Congreso del Estado llevan al cabo el desafuero del magistrado Jorge Ramírez, habrán cometido el mismo error de sus antecesores en las legislaturas del sexenio de César Duarte y nuevamente pondrán en entredicho al gobierno de Chihuahua, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lugar en el que terminará el litigio desatado por el grupo gobernante en Chihuahua, dirigido por el gobernador Javier Corral.
Las pifias cometidas en el proceso seguido en contra del magistrado, llevaron a que la Comisión Jurisdiccional, dirigida por la diputada Georgina Bujanda (PAN), llegase a la conclusión de que no había elementos para proceder en el desafuero del magistrado y elaborar un dictamen en ese sentido, que habrá de discutir y aprobar el Pleno del Congreso.
Sorprenden las reacciones, declaraciones y acciones de los gobernantes de Chihuahua en el presente momento. El Congreso, reunido para este tema, está constreñido a aprobar o reprobar el dictamen, no a votar por desaforar o no al magistrado Ramírez.
En caso de que el dictamen no sea aprobado, no quiere decir que, en automático, puedan desaforarlo. Si esto ocurriese, entonces mandatarían a la Comisión a que elaborase, de nueva cuenta, un dictamen y sin la facultad de ordenarle en qué sentido debiera hacer el nuevo.
Si los integrantes de la Comisión Jurisdiccional mostraron una cierta racionalidad jurídica y política, al momento de que Ramírez refutó a dos de ellos -a la diputada Bujanda y al presidente René Frías, porque deberían abstenerse de participar, debido a que tenían conflicto de interés, según el magistrado-, y decidir iniciar el proceso hasta resolver, primero, este problema y responderle a Ramírez y, luego, al no encontrar suficientes motivos para proponer el desafuero al Pleno, elaborar el mencionado dictamen, razones que debieran llevar a la mayoría parlamentaria a desechar la petición de desafuero presentada por el fiscal Peniche.
Pero el Fiscal mostró, además de su terquedad en desaforarlo, la ignorancia -o la soberbia, en caso de conocer las regulaciones existentes en el Poder Legislativo- acerca de los procesos legislativos pues el único procedimiento -legal- es el señalado líneas arriba.
Hacer lo contrario le acarreará a la administración del Nuevo Amanecer otra sonora y lamentable reprimenda jurídica de la Corte pues en el caso no se trataría solamente de las violaciones al proceso legislativo, sino al debido proceso y a la violación a los derechos del magistrado.
No entender lo anterior, los llevaría a cometer los errores efectuados por el gobierno de César Duarte en diversos casos semejantes, en los que pretendió violentar aspectos como los ahora señalados.
Todo lo anterior no tiene que ver con la posible culpabilidad o inocencia del magistrado Ramírez, en los casos que le señalaron, pues lo que tenemos -y eso es oficial, pues lo informaron y dictaminaron los integrantes de la Comisión Jurisdiccional- es que la Fiscalía no presentó las pruebas y evidencias necesarias como para presumir su culpabilidad.
Y ni modo que se pueda señalar a los integrantes de esa Comisión como duartistas, ya que se han erigido en la nueva mayoría parlamentaria, que actúa en plena consonancia con el nuevo amanecer de Chihuahua, el que un día sí, y otro también, se pelea con El Diario.
Pero escogió mal al rival o recepcionista de la última diatriba del gobernador Corral.
A la respetada y eficaz reportera de El Diario, Lucy Sosa, le espetó que el gobernador no tenía porqué contestarle, “está obligado, gobernador”, le respondió tranquilamente Lucy, quien, al día siguiente, presentó la demanda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a sus derechos de acceso a la información, de libertad de expresión, y por discriminación y abuso de poder.