Chihuahua, Chih.
«Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia… y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales». Art. 22 Constitucional.
«El Cabildo (de Juárez) aprobó un exhorto al Congreso del Estado para que se endurezcan las penas contra los violadores y abusadores sexuales de infantes. Lo que se propone es la castración química, y fue aprobado por mayoría con una abstención del regidor del PAN, Alejandro Jiménez». (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 9/4/25).
Por supuesto que es correcto preguntarse si quienes ahora son la fuerza hegemónica en el país, y que ahora gobiernan una inmensa mayoría de municipios -incluido el mayor de Chihuahua, Juárez- podríamos, válidamente, ubicarlos a la izquierda del espectro político-ideológico.
En abierta oposición al discurso de todas las campañas del fundador de la 4T -el de atacar las ‘causas’ generadoras de la violencia- sus propuestas y decisiones legislativas, amén de sus acciones gubernamentales, se ubicaron -se ubican- en el tipo de medidas impulsadas por las fuerzas políticas de derecha, en las que el incremento y profundización de las penas aplicadas a los infractores de la ley es la tónica.
Así ocurrió en el tema de la prisión preventiva oficiosa y en el de la castración química a los violentadores sexuales, en el que se llegó al extremo de que el entonces presidente de la Cámara de Senadores (en 2021), el morenista poblano Alejandro Armenta, propuso una modificación al Código Penal para que se incluyera esa sanción «y de manera voluntaria con el beneficio, de acuerdo con la gravedad del delito, detener el 20% de la sanción bajo libertad condicional, si recibe tratamiento médico para la inhibición del deseo sexual y psiquiátrico para la pedofilia».
Ni en la iniciativa del hoy gobernador de Puebla, ni en la resolución del cabildo juarense hay sustento para aprobar semejante medida.
No la presentaron porque, hasta la fecha, no hay los suficientes estudios científicos sobre tal medida; ni la evidencia estadística que nos haga presumir la eficacia en el combate y prevención de conductas tan antisociales.
Y esto es así porque prácticamente la totalidad de los especialistas coinciden en que la conducta violentadora-agresora sexual va más allá de la simple supresión o suministro de fármacos.
N’ombre, el promotor de tal desaguisado -el regidor del PT, Pedro Matus- lo argumentó de este modo: «El espíritu de este exhorto es porque ha habido un incremento de delitos, lo que queremos que sepan los ciudadanos es que los niños tienen derechos, y en este exhorto es que se generen nuevas penalidades como la castración química con supervisión, para que baje este delito que va en aumento». (Ibídem).
¡Ahí está la argumentación ‘de peso’! Miren, hay un aumento de los delitos de este tipo y necesitamos decirles a los ciudadanos que ‘los niños tienen derechos’.
Ajá.
¿En dónde están los estudios demostrativos de que aprobando esa medida bajarán los delitos de este tipo?
Vamos, ni siquiera la pena de muerte ha demostrado ser un factor que desincentive los homicidios. Ejemplo de ello está en el vecino estado de Texas en el que los índices no han cambiado mayormente en los últimos 20 años.
La aprobación de tal ‘exhorto’ va en el mismo sentido que el de la aprobación de la iniciativa de López Obrador para aumentar el número de delitos en los que se aplicaría la prisión preventiva oficiosa, en lugar de desaparecerla, como es la recomendación de todos los organismos derechohumanistas del mundo y la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a México.
Así, en lugar de ‘atacar las causas’, la 4T ha optado por el mismo camino que han tomado las fuerzas más conservadoras del mundo para combatir el delito.
Ya solo falta que pretendan imitar el ‘ejemplo’ de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, en esta materia y contraponerse a lo que Amnistía Internacional, por ejemplo, ha señalado expresamente:
«A primera vista, la castración química forzada podría ser tomada como una decisión natural; sin embargo, es incompatible con los derechos humanos, que son la base de cualquier sociedad democrática civilizada».
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ)
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