Chihuahua, Chih.

El ex director de Pemex Emilio Lozoya, interpuso el 13 de agosto pasado una denuncia formal de 63 páginas a la Fiscalía General de la República, en la cual señala a tres ex presidentes (Peña Nieto, Calderón y Salinas), a ex funcionarios del gobierno federal, entre ellos Videogaray y Meade; legisladores y dirigentes del PAN, PRI y PRD, entre los que destacan el aspirante a presidente de la República, Ricardo Anaya, los hoy gobernadores de Querétaro, Tamaulipas y Puebla  acusados de estar involucrados en redes de corrupción, sobornos y compra de votos e incurrir en graves daños al patrimonio y erario de la nación, como es del dominio público.

Como era predecible, los imputados se declararon inocentes y dijeron que se trataba de una “embestida política a la “oposición” y que la difusión de la denuncia en redes sociales y medios de comunicación, eran una violación del “debido proceso”, por lo que interpondrán una denuncia en contra de Emilio Lozoya por “daño moral”.

El presidente de la República no se quedó callado. A los que dicen ser perseguidos, el mandatario les señaló en público. “Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción y el bandidaje oficial” y socarrón como suele ser, les espetó: “¿Quién les manda? Querían triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole ¿Transar para avanzar?, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”. 

Y reiteró una vez más que en el caso de que se pretenda juzgar a los ex presidentes, “lo más recomendable por el bien del país es que se realice una consulta ciudadana para preguntarles a la gente si están de acuerdo o no, porque no quiero que se piense que yo soy el verdugo. ¿Y yo por qué? en una democracia el pueblo manda. Si la gente dice sí, no puedo estar en contra de la voluntad del pueblo, pero creo que sí convendría si se va a llegar a los expresidentes que se realice una consulta pública”. 

En esta ocasión no dijo, como lo ha hecho frecuentemente, que él no votaría en contra de los expresidentes.

En mi opinión, apelar a la democracia participativa es un acierto. Las redes de corrupción son complejas, es una madeja difícil de desentrañar los hilos que la conforman no solo los gobernantes y políticos, sino también el Poder Judicial que como ha quedado demostrado, muchos de sus integrantes, jueces y magistrados solapan y/o forman parte de esas redes de corrupción e impunidad, tanto en lo que se refiere al sistema político, como al financiero y económico e incluso a la delincuencia organizada.

La consulta popular a la que se refiere el presidente de la república, es uno de los ejes fundamentales de la democracia participativa, al igual que la revocación de mandato, el plebiscito, el referendo, la iniciativa legislativa, etc. Dicho de otra manera: son “mecanismos”, de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, y acciones para incidir en cambios en el poder ejecutivo, judicial y el legislativo, lo que no ocurre con la democracia representativa que, en el caso de nuestro país, es una farsa.

La denuncia de Emilio Lozoya de este caso que, reitero una vez más, es por donde quiera que se le escarbe un acto de traición a la patria, no debe quedar impune. Los ciudadanos tenemos el derecho de participar con voz y voto para que el Poder Judicial juzgue y sancione no solo a los que operaron este robo a la nación sino también a los expresidentes señalados que lo fomentaron y avalaron.

Estamos en presencia no de una disputa política como afirman los imputados y diversos medios de comunicación, sino de un proceso de saneamiento que ponga fin a la corrupción y la impunidad de los tres ex presidentes, cuatro ex secretarios de Estado, ocho senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y tres gobernadores actuales, cinco funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación.

Para que ustedes, estimados lectores sepan quienes forman parte de esa aberrante red de corrupción y traición a la patria que Emilio Lozoya acusa en su denuncia, les comparto los nombres y cargos que la agencia Infobae dio a conocer.

A los expresidentes (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari) se les señala de diversos delitos, desde coordinar y ordenar sobornos, como Peña Nieto, hasta delinear la llegada indirecta de Odebrecht a México con acuerdos y contratos a modo, como Calderón. Incluso cabildear a favor de sus hijos, como Salinas.

A los tres ministros que ocuparon distintas carteras en los dos sexenios pasados: Luis Videogaray, José Antonio Meade Kuribreña y Ernesto Cordero

Meade Kuribreña, el supuesto estratega del arribo de Etileno XXI, fungió como secretario de diferentes carteras de ambas administraciones (Peña y Calderón) y como candidato presidencial en 2018. Cordero, además, participó primero como funcionario del gabinete calderonista y luego como presidente del Senado.

A Cordero se le suman los entonces senadores del PAN: Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién –hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro—Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Gil Zuarth. 

Por el PRI, aparece David Penchyna Grub y por el PRD, Miguel Barbosa. (hoy gobernador de Puebla por Morena).

Todos los legisladores mencionados habrían recibido sobornos para aprobar las reformas estructurales entre 2013 y 2014, propuestas por Peña Nieto.

En esta lista se incluye también a Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados y en 2018 candidato a la presidencia de la república por el PAN; José Antonio González Anaya, ex consejero de Pemex; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; David López Gutiérrez, coordinador de Comunicación Social por 10 años de Peña Nieto; Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya; Luis Vera Aguilar, secretario de finanzas del PRI, y Enrique Martínez y Martínez, quien de 2012 a 2015 fue titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que  Lozoya señala tenía interés en que fuera concretada la compra de la planta Agronitrogenados.

Por lo que se refiere a los empresarios y medios, se menciona a Luis Alberto de Meneses Weyll, representante de Odebrecht en México, al cual se le imputa haber sobornado a gobiernos y legisladores para impulsar sus proyectos en el país. Federico Martínez Urmenta, director general de la constructora Tradeco al que Lozoya afirma que había cabildeado por la reforma energética y Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, el cual estuvo relacionado con escándalos de propiedades en el sexenio de Peña Nieto, entre ellos su famosa “Casa Blanca”.

Se incluye en esta lista también a la periodista Lourdes Mendoza, a quien se acusa de recibir dinero de funcionarios y regalos costosos y el Grupo de Medios de El Financiero que el denunciante señala acudió a Luis Videgaray para conseguir un crédito de Nacional Financiera, y terminó obteniéndolo del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Veremos y diremos en que termina este inédito proceso contra la corrupción y la impunidad en México.