Chihuahua, Chih.
América Latina conserva el respaldo a la democracia. El desafío es convertirla en gobiernos que cumplan sin recibir, a cambio, permiso para dejar de ser democráticos.
Sin embargo, ese respaldo no ha conseguido traducirse ni en gobiernos capaces de cumplir sus promesas ni, mucho menos, en ciudadanos dispuestos a defender sus principios.
Se puede querer democracia y aceptar que un presidente ignore a los jueces. Se puede defender el voto y considerar prescindible a la oposición. Se puede exigir libertad y pedir mano dura. En esas tensiones se juega buena parte del futuro político de la región.
Dos estudios de 2026 permiten entenderlas: el informe Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. Ambos documentan una recuperación del apoyo democrático después de años de deterioro. Ambos muestran, también, que esa recuperación convive con instituciones desacreditadas, con gobiernos que no responden a sus expectativas y con una considerable disposición a tolerar el poder sin contrapesos.
Latinobarómetro registra un respaldo de 52%, que mantiene la recuperación observada en 2024 después del mínimo de 48% en 2023. El Barómetro de las Américas encuentra un aumento de seis puntos desde 2023, hasta alcanzar 65%. Los porcentajes no deben equipararse porque la metodología es distinta. La coincidencia es que la caída se interrumpió.
Podría concluirse que la ciudadanía no ha abandonado la expectativa de vivir en democracia, pero esa expectativa está lejos de constituir una garantía contra el autoritarismo
¿Por qué? Porque, en el mejor de los casos, la democracia se está entendiendo como la posibilidad de elegir a un gobierno. No como una forma de ejercer el poder.
La mayor advertencia aparece al preguntar qué estarían dispuestos a aceptar los ciudadanos para obtener resultados. En Latinobarómetro, 52% dice que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas; en 2002 era 44%. Un 63% considera que un poco de mano dura no viene mal. La frustración ofrece terreno fértil a quienes prometen eficacia y presentan las reglas, los derechos o la vigilancia institucional como estorbos para cumplir.
El Barómetro profundiza en el problema: en varios países, incluido México, el respaldo declarado a la democracia está asociado positivamente con la aceptación de presidentes que gobiernen con pocos límites. Su índice recoge disposiciones a restringir a la oposición, limitar a los jueces, ignorar leyes o vulnerar derechos de las minorías. Para una parte de la ciudadanía, ganar una elección parece conferir autorización para todo lo demás. La concentración del poder puede avanzar con el consentimiento de personas que siguen considerándose demócratas.
Más que la democracia, es la alternancia —o la mera posibilidad de la alternancia— lo que conserva valor. Entre 2024 y 2026, Latinobarómetro contabiliza doce elecciones presidenciales y siete cambios de fuerza gobernante. Los electores han aprendido que pueden deshacerse de un mal gobierno. El relevo abre expectativas y, en algunos países, eleva el respaldo democrático. Cambiar de partido ofrece una oportunidad, no una solución automática. Su importancia radica en conservar la posibilidad de corregir, incluso cuando la nueva apuesta también decepciona Las transiciones permitieron elegir gobernantes, pero no aseguraron justicia imparcial, Estados que garanticen derechos y libertades, rendición de cuentas o contrapesos. Tampoco gobiernos capaces de entregar los bienes y servicios exigidos por la ciudadanía. Ni siquiera gobiernos sin corrupción. Las acusaciones e incluso las condenas por corrupción no han impedido triunfos electorales. El abuso puede erosionar la confianza en el sistema sin traducirse en castigo para quienes buscan gobernarlo.
La conclusión es clara: “en todo el continente americano, muchos ciudadanos expresan un firme apoyo a la democracia y, al mismo tiempo, respaldan a líderes que debilitan los mecanismos de control y contrapeso, marginan a los partidos de oposición y cuestionan el Estado de derecho. ¿Por qué existe esta aparente contradicción? Es decir, ¿por qué los ciudadanos que expresan un fuerte apoyo a la democracia suelen respaldar a líderes y prácticas que socavan las instituciones democráticas? Muchos ciudadanos entienden la democracia en términos de un mayoritarismo iliberal: un sistema en el que los líderes electos son considerados representantes legítimos de la voluntad popular y, por lo tanto, tienen derecho a gobernar con pocas restricciones, incluso a costa de los derechos de las minorías y de los mecanismos institucionales de control y contrapeso”.
México tiene razones para prestar atención porque, además, es uno de los tres países en los que no se registra un cambio relevante en el apoyo democrático desde 2023.
Los gobiernos democráticos necesitan ofrecer resultados y quienes los eligen necesitan reconocer el valor de los límites que protegen sus derechos. La justicia debe aplicarse a todos, incluidas las autoridades electas; se deben preservar las garantías para que la oposición pueda llegar al poder; la rendición de cuentas es indispensable para saber qué se hizo con el poder recibido.
Si esas instituciones no funcionan, hay que hacerlas funcionar. Suprimirlas deja al ciudadano dependiendo de la voluntad de quien manda.