Juárez tirasup
Demagogia pura
Sin Retorno

Demagogia pura 29 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua, Chih.

El secuestro y posterior asesinato de la niña Seyni Camila Cobos, en la ciudad de Chihuahua, como cada vez que ocurren tragedias semejantes, lleva a un mayor número de personas a que, de la manera más simplista, arguyan que debería aplicarse, para casos como éste y otros semejantes, las penas más severas, incluso hasta la pena de muerte.

Tal pretensión es la aplicación del primitivo “ojo por ojo”.

Que haya ciudadanos que dejen de lado (porque la mayoría de ellos son creyentes) sus convicciones religiosas y sus concepciones cívicas para opinar que deben aplicarse tales penas, como un mecanismo para combatir la criminalidad, y no sólo para castigar a los delincuentes, es altamente preocupante, pero que algunos integrantes de la clase política propongan seriamente la aplicación de esas penas, o que de manera más o menos encubierta, alienten su aplicación, es todavía más preocupante.

Más aún, que sean legisladores los proponentes de tal medida, debería llevarnos a encender focos de verdadera alarma porque detrás de esas pretendidas preocupaciones ciudadanas, en realidad se esconden intenciones manipuladoras de la opinión pública, que sólo alientan a las peores tendencias existentes en la sociedad.

Los diputados locales, el priista, Omar Bazán, y el panista, Miguel Latorre, han propuesto que se abra el debate para habilitar “la pena de muerte para quien resulte culpable de homicidio y abuso sexual en menores de edad” en el Código Penal de la entidad “para que la gente perversa y enferma le mida antes de cometer los atroces delitos como el de la menor Camila”.

Esas frases lo único que demuestran es el absoluto desconocimiento de infinidad de áreas de las ciencias sociales que deben consultarse antes de proponer medidas que, por otro lado, han demostrado, en la mayoría de los países en los que existe la pena de muerte, no resolver, ni, por lo menos, atenuarlo el fenómeno de. El ejemplo más cercano para los chihuahuenses está en Texas, nuestro vecino.

Antes bien, al contrario, evidencia, con excesiva frecuencia, que la pena de muerte se ha aplicado, en una buena cantidad de casos, a quienes no tuvieron la defensa jurídica adecuada, en particular a los originarios o descendientes de mexicanos, o de otras minorías étnicas, especialmente a los afroamericanos.

Cosa aparte son los países asiáticos que cuentan con esa pena, pero que, y esa es la diferencia, no menor, cuentan con un patrón cultural potenciador de los mejores valores cívicos de las personas, muy diferente a lo existente en el país, en el que la cultura de la intolerancia campea por sus fueros, además de lo extremadamente violenta que es la sociedad mexicana.

Por eso, y no de manera ocurrente, el artículo 22 de la Constitución Mexicana prohíbe expresamente la pena de muerte, por algo los legisladores constituyentes lo diseñaron de esa manera, porque pensaban de manera distinta a muchos de nuestros políticos, le apostaban a su capacidad y a la de la sociedad, de hacerla mejor y no, como ahora pretenden, ante su incapacidad, en todos los órdenes de la vida pública, legalizar, actualizar la era de la barbarie.

De ninguna manera, lo que deberá construirse es una sociedad en la que, de manera natural se propicien valores cívicos absolutamente contrarios a los prevalecientes hasta hoy.

¿QUIEN SIGUE?.- La noche del miércoles anterior fue asesinado Julián Carrillo, líder de la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuya lucha, de más de 20 años en contra de los terratenientes que se habían apropiado, de manera fraudulenta, “de las tierras pertenecientes a los rarámuris para entregarlas al crimen organizado” ha cursado por el desdén gubernamental, incluso ante la magnitud de la tragedia sufrida por la familia del líder rarámuri, hoy victimado.

Del 2014 a la fecha la familia de Julián había sufrido el asesinato de 5 de sus integrantes y ahora el de Julián, a pesar de las denuncias presentadas por él, y a pesar de estar bajo el Mecanismo de Protección para derechohumanistas que el Estado Mexicano (el gobierno de Chihuahua incluido) les debía otorgar.

De nada les sirvió.

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Luis Javier Valero Flores

Director General de Aserto. Columnista de El Diario