Chihuahua, Chih.

La violencia tiene muchas caras. En esta entrega me enfocaré en dos de ellas: la del terror y la del horror, que estamos viviendo en México y nuestro querido Chihuahua.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, el terror es un miedo muy intenso, mientras que el horror es un sentimiento agudo y penetrante –no necesariamente miedo--, causado por algo espantoso que nos conmociona emocionalmente.

La estela de 87 ejecuciones y masacres que se han producido en lo que va del mes en Ciudad Juárez, -- un promedio de 6 por cada día— es un nítido ejemplo del terror generado por el crimen organizado.

Una espeluznante muestra del horror, es el artero, vil e inhumano asesinato también en Cd. Juárez, de “Rafita” un niño de seis años, que fue reportado como desparecido el 8 de agosto y cuyo cuerpo fue localizado entre la basura en un lote baldío, cerca del fraccionamiento Villa Colonial, lo cual conmocionó e indignó a los ciudadanos en las redes sociales.

Cierto es que toda muerte violenta es deplorable y condenable, así se trate de ajustes de cuentas entre jovencitos cautivos por las drogas que los cárteles reclutan como distribuidores y o sicarios, como los que han acontecido un día si y otro también.

La desaparición y/o asesinato de un niño, niña o adolescente, provoca no miedo o lastima, sino enojo, indignación, pues se trata de víctimas inocentes que nada deben y no le hacen el mal a nadie. Es en mi opinión uno de los crímenes de lesa humanidad mas graves que existen.

Para desgracia de todos, la desaparición de niñas, niños y adolescentes dista mucho de ser episodios casuales. Son una epidemia que cada vez se expande más.

De 2006 a marzo de 2017, se registró la desaparición de 3 mil 217 niñas y 2 mil 335 niños. Sumadas ambas cifras, dan un total de 5 mil 452 menores que se desconoce su paradero y si están vivos o no y equivale al 18 por ciento de los casos que tiene consignados el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Los picos mas altos de la desaparición de infantes se ubicaron en los años del 2011 y el 2017, aunque de acuerdo a la ONU, el 2018 puede superarlos.

Las causas de esta tragedia es multifactorial. Abarcan desde los conflictos y violencia familiar, los desplazamientos migratorios, el secuestro, la trata de personas, la explotación laboral, el narcotráfico, hasta el tráfico de órganos.

Al margen de las diversas causas y expresiones referidas, hay un hecho irrefutable. Todas llevan el sello de la impunidad, la indiferencia, la ineficiencia y la falta de políticas públicas que protejan los derechos humanos, la integridad física, el bienestar y la vida de niñas, niños y adolescentes.

Eso está debidamente documentado. Aunque parezca una broma, la realidad es que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas sólo 752 averiguaciones en proceso de los cerca de 6 mil reportes de desapariciones de niñas niños y adolescentes consignados.

En las entidades federativas la impunidad también campea a sus anchas. Se investiga sólo mil 197 denuncias de desaparición forzada en 21 fiscalías generales, que justifican que no hay más indagatorias abiertas, porque la “desaparición de personas particulares” no está tipificada en el código penal, por lo que es muy complicado procesar a los presuntos responsables.

La Procuraduría de Justicia Militar anda por las mismas. Sólo tiene en trámite 78 carpetas de investigación en casos de desaparición forzada.

No es de extrañar, por tanto, que únicamente se hayan emitido 12 sentencias firmes condenatorias por desaparición forzada, ninguna de ellas en casos de menores.

La otra cara de esta ficción de justicia es la indolencia e ineficiencia de una política pública para prevenir, asistir, y sancionar la desaparición forzada de menores que por lo general terminan en tragedias.

Para empezar, los programas de búsquedas de menores, el de Alerta Amber y el Protocolo Alba, son burocráticos, rara vez se aplican y cuando los activan, son tardíos, como lo demostró el caso de Rafita, el cual se atendió 30 horas después del reporte de su desaparición y que en opinión de familiares y vecinos la búsqueda se les endosó a ellos, que fueron quienes localizaron su cadáver, por el aviso de un vecino que vio cuando arrojaron el cuerpo del niño en un terreno baldío.

Espero que el reclamo de justicia de los familiares y vecinos de Rafita, sea atendido por la fiscalía y el Gobierno del Estado. No vaya a incurrir otra vez Javier Corral en descalificaciones como las hizo a Norma Andrade y José Luis Castillo a quienes, acusó de tener “motivaciones personales o políticas”, cuando le reclamaron su indolencia.

La desaparición de niñas, niños y el feminicidio, no es un asunto personal como dice Javier Corral, sino una grave violación de los derechos humanos y por tanto, un asunto de Estado.

Bastante grave es vivir entre el terror y el horror para todavía lidiar con la simulación.

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Fuentes informativas. Red por los Derechos de la Infancia en México. (Redim), Comisión Mexicana de Defensa, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Lario, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.