Chihuahua, Chih.
Con el correr de los días, el negligente desempeño de la mayoría de los integrantes de la actual Legislatura corrobora la existencia de una etapa de decadencia legislativa crónica que, según la percepción ciudadana, bien pudiera prolongarse hasta el fin del mundo. En pasadas colaboraciones he señalado las causas políticas del porqué la labor de nuestros representantes en el Congreso local pierde, día con día, calidad y prestigio; motivo por el cual, se profundiza el abismo que los separa con la ciudadanía, dada cuenta que su pésima actuación no satisface las más mínimas expectativas ciudadanas.
Pero además, he precisado en reiteradas ocasiones que la paulatina degradación del quehacer legislativo es fruto de la falta de liderazgo de los coordinadores parlamentarios, quienes han demostrado ser incapaces de procurar consensos permanentes entre las diversas fuerzas políticas; para garantizar -cuando menos- que la función legislativa esté al nivel de la cultura política de la ciudadanía chihuahuense.
Los dos ejemplos más recientes de ello, son la llamada ‘Reforma Judicial’ y la reforma electoral que está a punto de ser probada en un tiempo record de tan solo 14 días. De la primera, en el año 2014, escribí al respecto, lo siguiente: “La aprobación de la ‘Reforma Judicial’ no solo violenta el procedimiento legislativo de reformas a la Constitución del Estado, sino además, exhibe la perversidad política que caracteriza a la presente Legislatura del Congreso Local. Y para acreditarlo, baste decir que, en tan solo 7 días, los diputados agotaron el procedimiento de reforma constitucional. Algo insólito, y ruin a la vez”.
“Asimismo, resulta totalmente inverosímil que en menos de 48 horas, más de la mitad de los 67 municipios del Estado hubiesen otorgado su aval el decreto de reforma constitucional, ¿Será posible que en tan solo dos días, el Congreso hubiese enviado oficios a los 67 ayuntamientos, que éstos hubiesen tenido tiempo para agendar este punto en el orden del día; y que el Congreso hubiese recibido la constancia de aprobación respectiva?”
Ahora, de nueva cuenta, el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’ se afana no solo de emular las ‘chicanadas legislativas’ muy de moda durante el sexenio duartista, sino además, de superar tan infames prácticas parlamentarias. Para empezar, la integración de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales resulta notoriamente inconstitucional, ya que no refleja la composición plural del Congreso y la paridad de género. Lo anterior es así, ya que tres de sus integrantes son diputados panistas y tan solo uno del Panal y otro del Pvem. En consecuencia, el dictamen que se apruebe devendrá inconstitucional.
Otra violación al procedimiento de reforma constitucional es el supuesto ‘secuestro’ del ‘pre-dictamen’ de reforma electoral, por parte de la diputada presidenta de la Comisión Unida, la perredista Crystal Tovar, y que fue denunciado por los diputados de Morena. Tal secuestro legislativo consiste en la flagrante violación de la falta de continuidad de trabajo de dicha Comisión legislativa, al omitir citar para reunión, previa convocatoria, y sin una agenda cronológica. Y por supuesto, la inexistencia de un orden del día en la que se precise, cuando menos, los asuntos por desahogar y el sentido de la votación; así como también, la falta de las actas en las que se consignen los acuerdos tomados y el sentido de la votación.
Por otra parte, el berrinche de los diputados del PAN, PRI, Morena y PES, al retirarse de la reunión de trabajo de la Comisión Unida es ejemplo de una de tantas ‘malas prácticas’ que prevalecen al interior del Congreso. Según los diputados berrinchudos, abandonaron la reunión, “debido a que no se tuvo un consenso en cuanto a los trabajos de la reforma electoral”.
¡Por favor! Acaso los diputados Jesús Villarreal, Laura Marín, Javier Malaxecheverria, Isela Torres, Pedro Torres, Israel Fierro y Leticia Ortega, ignoran que no son integrantes de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales. A pesar de ello, el líder del rebaño panista tomó la decisión de excluir el análisis de la reforma electoral a la comisión segunda de gobernación que preside la diputada del PRD. Lo anterior, porque “ya pasaron 165 días y no se resolvió nada para poder decretar la reforma, porque lamentablemente (sic) se tienen que pasar a los cabildos de los 67 municipios.
Para el aún coordinador de la bancada del PAN, Jesús Villareal, la Comisión Unida “se volvió una lucha de poderes donde este atraso ahora se le quiere echar la culpa a los demás partidos, pero básicamente se notó que venían solo propuestas de la diputada Tovar, dejando fuera la de los demás partidos y de los ciudadanos”.
Por último, y por falta de espacio para narrar más ampliamente este infame degenere legislativo, baste mencionar que, tan solo que el día de ayer la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobó (en tan solo 24 horas) el dictamen de reforma electoral; y dos horas después, la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, convocó a una sesión de la Diputación Permanente en la que, a su vez, se habrá de convocar al Pleno para discutir el dictamen definitivo aprobado a la ‘fast-track’.
Para tal efecto, se tiene proyectado publicar una edición especial del Periódico Oficial del Estado el mismo jueves (ayer) para celebrar una “nueva” sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para aprobar el decreto de reforma constitucional y legal. Yo me pregunto: ¿Es válido aprobar -al mismo tiempo- decisiones fundamentales del pueblo chihuahuense y sus respectivas normas reglamentarias, cuando aún no inicia la vigencia de la reforma constitucional?
