Chihuahua, Chih.

De entre el mar de propuestas, contenidas en los anuncios realizados por el triunfador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, resalta una, que ha sido merecedora de muy escaso seguimiento, tanto en las redes sociales, como en la prensa: La decisión de que todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos deberán ser públicas.

Por si fuera poco, la propuesta abarca a los familiares más cercanos, cónyuges, hijos y hermanos.

Desde la aprobación de las primeras legislaciones sobre el tema de la transparencia, la discusión sobre si las declaraciones patrimoniales de los funcionarios debían ser públicas o no, ocupó, durante años, la atención principal.

Finalmente, el peso de la clase política sobre el tema y porque otros asuntos ocuparon los reflectores, especialmente el de la seguridad pública, relegaron tema tan trascendental en el combate a la corrupción.

Prevaleció la idea de que darle carácter de obligatoria a la publicidad sobre el patrimonio era una especie de invasión a la privacidad de los funcionarios públicos y de que, en todo caso, como en una gran cantidad de asuntos, había que otorgarles, también, ese poder discrecional: Si la deseaban hacer pública, era su decisión.

Con los años, una nueva modalidad, nacida desde los organismos de la sociedad civil más ligados a las cúpulas empresariales, adquirió una no menor simpatía: La publicación de la “3de3”.

Esto es que los protagonistas públicos, si lo deseaban, podían publicar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés.

Pero persistía el carácter voluntario, discrecional, de los servidores públicos acerca de la publicidad o no de su patrimonio, sin alcanzar a entenderse, desde nuestra óptica, que la decisión de incursionar en el servicio público implica que no sólo sus actos están bajo el escrutinio, legal, de la sociedad, pero, también, y eso es lo primordial, lo debería estar su patrimonio, el monto y sus transformaciones, bajo la óptica que su crecimiento no debe obedecer a ningún beneficio ilegal a partir de su desempeño en la administración pública.

No está demás insistir en las bondades de hacer obligatoria tal declaración. De entrada, el patrimonio de los servidores estará bajo la mirada de la sociedad, la cual puede vigilar si el tren de vida de los servidores guarda correlación con los ingresos derivados de la función pública.

Por desgracia, no es la excepción el hecho de que al llegar al servicio público, la vida de quien así lo hace se transforma radicalmente: Cambian de vehículo ostensiblemente; de domicilio, en la mayor parte de los casos de manera radical; sus amistades cambian, así como sus diversiones, períodos y lugares de descanso, etc.

De ahí la extendida convicción de que al llegar al poder una nueva fuerza política, los recién llegados deberán convertirse en parte de los nuevos receptores de los beneficios de convertirse en gobernantes.

Y lo anterior ocurre no solamente en los primeros niveles de la administración pública, sucede en todos. Preocupa de sobremanera en los agrupamientos de la seguridad pública y la seguridad nacional, en los que los cambios en los ingresos económicos se presentan intempestiva y drásticamente.

imponer la obligatoriedad de la publicación de las declaraciones patrimoniales tendrá un impacto inmediato en el combate a la corrupción gubernamental, en áreas tan sensibles como el de los funcionarios relacionados con las compras, adquisiciones, permisos, licitaciones y, especialmente, los de la seguridad pública.

Apartado especial lo constituyen los funcionarios de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia; se oreará, de ese modo, el estado patrimonial de ellos, en un lugar en el que las corruptelas han sido el eje central de su funcionamiento, de ahí la inmensa cantidad de denuncias de corruptelas existentes en ellas.

Además, tener herramientas para el ejercicio de la vigilancia y fiscalización ciudadana sobre el curso de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicas será un extraordinario mecanismo para desalentar la comisión de actos de corrupción.

Así esperamos.

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