Chihuahua, Chih.

La SEDENA invierte en azafatas y aviones para su línea aérea comercial, que pierde dinero, mientras la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no tiene para comprar cámaras de vigilancia para los reclusorios.

Los recursos destinados por el gobierno federal a las fuerzas armadas federales subieron, mientras que los que dedica a las policías estatales y municipales disminuyeron.

La ausencia de gobiernos locales fuertes ha sido una de las razones de la expansión territorial del crimen organizado.

En 2015 el gasto del gobierno federal en seguridad pública fue de 398 mil millones de pesos. En 2024 fue de 380 mil millones.

El presidente López Obrador no invirtió más en seguridad pública que antes.

En 2014 la parte de ese gasto que se envió a los estados y municipios fue del 12 por ciento, mientras que en 2024 esa proporción bajó al 9 por ciento.

En 2014, las dependencias locales de seguridad recibieron 44 mil millones de pesos y en 2024 recibieron 33 mil millones, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Menos porcentaje de un presupuesto menor.

López Obrador consolidó un modelo centralizador en la política de seguridad, que ha implicado la desatención presupuestal de los gobiernos locales. La Presidencia tiene en su poder las decisiones y el dinero.

Aparte son los presupuestos de obras que ejercieron SEDENA y SEMAR.

La organización “Causa Común” reporta que, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2024, se registraron, en todo el país, al menos 413 movilizaciones de policías exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo y equipamiento. 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro.

Del 1 de diciembre de 2018 al 01 de agosto de 2024 fueron sido asesinados al menos 2 mil 267 policías estatales y municipales.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 presenta un panorama de desprotección y vulnerabilidad para quienes vivimos en Sinaloa.

En nuestra entidad no hay suficiente personal para prevenir que se cometan delitos contra los ciudadanos y sus familias ni para mantener el orden público de ciudades y comunidades.

Por la tasa de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatales, por cada mil habitantes, en el año 2023, ocupamos el antepenúltimo lugar.

En Tamaulipas hay 1.2 policías por cada mil habitantes; en Nayarit, 1.3; en Campeche, 1.5; en Tabasco, 1.5. En Sinaloa, 0.3.

Por el número total de personal adscrito a las instituciones estatales de seguridad pública, también estamos en los últimos lugares.

Sonora y San Luis Potosí tienen un número de habitantes ligeramente menor al nuestro y sus instituciones de seguridad tienen 2 mil 744 y 3 mil 541 personas laborando, respectivamente. En Sinaloa solo 1 mil 548.

Yucatán tiene 600 mil habitantes menos que Sinaloa y su ubicación geográfica no incentiva el tráfico de drogas. Hay condiciones menos difíciles que aquí. Las corporaciones policiacas yucatecas tienen 2 mil 257 elementos dedicados a la función de reacción inmediata, mientras que, en Sinaloa, solo 204. En Yucatán 492 de sus policías locales están dedicados a la investigación policiaca que evita que sucedan los delitos, mientras que, en Sinaloa, ninguno.

Los ciudadanos de Yucatán gozan de paz y seguridad.

Los recursos presupuestales ejercidos, en 2023, por las instituciones estatales de seguridad pública de Yucatán fueron de 3 mil 634 millones de pesos; en Sonora, 3 mil 171 millones. En Sinaloa, 936 millones.

INEGI nos dice descarnadamente que aquí las policías locales no pueden evitar cabalmente que se agreda, se amenace, se dañe, se robe, se asesine o lo que sea, lo que sea.

El modelo político morenista de concentración del poder en el gobierno federal no constituye un esquema de colaboración efectivo para el combate a la delincuencia organizada.

El progresivo avance del crimen organizado en el control territorial de vastas regiones del país, es consecuencia del debilitamiento de las autoridades estatales y municipales.

La ocupación del territorio, mediante el cobro de piso, la instalación de casas, el control de las autoridades inmediatas, el surgimiento de conflictos internos, las decisiones estratégicas es algo que solo se detecta y diagnostica con trabajo de investigación policial.

Un convoy de vehículos militares no se percata de ello.

No hay casos exitosos de seguridad pública en el mundo que no tenga a las policías municipales y estatales como base.

La buena investigación policiaca sirve para prevenir que ocurran los delitos y para aportar pruebas para juzgar a los presuntos delincuentes.

Los militares y las policías deben combinarse.

Con base en la investigación policiaca el ejército debe enfrentar a la delincuencia que cuenta con armamento mayor, cuando ya se trata de combatir.

Las policías civiles y el ejército no son piezas sustituibles, son piezas complementarias.

Las policías débiles son más fáciles de cooptar.

Si tenemos malas policías el problema no se arregla sacando al ejército para hacer una función que no sabe hacer.

En esta crisis, las fuerzas militares federales vendrán, harán algo y luego se irán.

Nosotros nos quedaremos aquí, muy desprotegidos.

Sin quien prevenga el delito ni mantenga el orden público, como se debe.

Con el territorio ocupado.

*Artículo publicado por Ríodoce el 13 de octubre de 2024