La ley electoral de Chihuahua ordena al órgano electoral efectuar “al menos un debate”, entre los candidatos a cada puesto de elección popular; es decir, en cada distrito y municipio, el Instituto Estatal Electoral (IEE) está obligado a realizar un debate entre los candidatos de todos los puestos de elección popular, y cuando sostenemos que en todos, es en todos. Así dice la ley.

En una fecha, ahora tan lejana, en 2001, las autoridades electorales de Chihuahua aprobaron, delinearon y efectuaron una inmensa cantidad de debates, prácticamente en todas las cabeceras municipales se realizó este ejercicio.

Chihuahua se inauguraba a la época de los debates. Lo hizo con un rígido formato, fruto del temor -de partidos y consejeros electorales- a que las discusiones se salieran del cauce por ellos proyectado.

Alguna razón les asistía, los electores y los candidatos no poseían la cultura democrática que incluyera el debate libre y razonado al que estaban obligados a protagonizar los candidatos y dirigentes de los partidos. Y los ciudadanos, fruto del mismo problema, esperaban -¿Esperan?- que en dichos debates se atacaran, “con todo”, los aspirantes; a que unos y otros se “sacaran los trapitos al sol”, más que a acudir a sopesar propuestas y descalificaciones a las propuestas, aunque, justo es decirlo, son la ocasión propicia para sacar a la luz pública aspectos criticables de los adversarios.

Y al sostener que deban debatirse los aspectos criticables, de ninguna manera se abre la puerta para la descalificación de las vidas privadas de los aspirantes; no, pero sí deberán ponerse al alcance del gran público los aspectos de las vidas personales que tengan que ver con la administración de los recursos públicos.

Fruto de aquellos temores -enmascarados en una falsa intención de abarcar en los debates la mayor parte de los aspectos de la administración pública- se diseñó un formato que prevalece hasta nuestros días, cuya estructura central consiste en que se sortean los temas y a cada candidato le toca abordar el que la suerte le asignó, que puede ser distinto (así ocurre en la mayor parte de las ocasiones) al que abordará el siguiente candidato, o al del otro candidato puntero de la contienda.

Luego, en las siguientes rondas ocurren cosas semejantes.

De este modo, la única posibilidad de que hubiese un debate sobre un asunto, es cuando alguno de los candidatos, casi siempre sin venir a cuento, lanza una crítica, una descalificación o una denuncia pública, en contra de otro de los candidatos y, entonces, en el mejor de los casos, los debates se convierten en una feria de puyas en el que el triunfador es el que elaboró las mejores de la tarde.

Así, la posibilidad de que asistiéramos a un evento en el que cada candidato estuviese obligado a expresar su opinión sobre el mismo tema, y que los otros le rebatieran su punto de vista, o su propuesta, no está al alcance de los chihuahuenses, por ahora.

Cosas de la política. En mayo del 2001, el entonces presidente de la Asamblea Municipal del IEE, José Miguel Salcido Romero, definió las fechas de los debates que se llevarían a cabo en la capital de Chihuahua. Los debates se celebraron en todos los distritos electorales del municipio, además del realizado entre los candidatos a síndico.

Hoy estamos en la regresión.

Ni los partidos y sus candidatos, ni los órganos electorales, estuvieron dispuestos a ir más allá de una fecha tan remota como la de principios del siglo XXI y se repiten los esquemas de aquella época.

Aún peor, ahora, a pesar de las nuevas regulaciones, -¿O precisamente por eso?- y de los alcances infinitamente mayores de los nuevos medios de comunicación, los organismos electorales han perdido las atribuciones legales para exigir de los propietarios de la radio y la televisión la total disposición, a fin de lograr en cada uno de los debates la máxima cobertura posible.

Todo eso deberá cambiar.