Chihuahua, Chih.

Cuando aún quedan 17 reos por capturar, fugados del penal  3 de Juárez, una nueva revelación de los archivos dados a conocer por el grupo de activistas Guacamaya, arrojó un hallazgo estremecedor.

Desde abril del año pasado los mandos federales de la seguridad pública en el país tuvieron en sus manos las peticiones de la instancia estatal para enviar a cerca de 300 presos -federales y estatales- a otros penales, dada su extrema peligrosidad.

No se sabe de respuesta alguna del gobierno de la república a esas peticiones, sólo hasta que después de la fuga de los reos, en una mañanera, en la que el Secretario General, Luis Cresencio Sandoval González, declaró que del gobierno de Chihuahua no había ninguna petición “formal” del traslado de reos de ese penal.

¿Le mintieron, no le informaron, o mintió el general?

Es de una extrema gravedad el hecho, porque en cualquiera de las hipótesis, revela la gran incoordinación de los dos niveles de gobierno mayormente comprometidos en la seguridad de una de las entidades lideresas en inseguridad en el país; ni más ni menos que la entidad ocupante del cuarto lugar en el número de homicidios y la segunda o tercera por tasa, por cada 100 mil habitantes.

Además, al cúmulo de hechos, a cual más de deplorables, extremadamente coincidentes y sospechosos, deberá sumárseles el de la indudable ejecución del principal reo evadido en las primeras horas del nuevo año, Ernesto Piñón (El Neto), cuyo certificado de defunción informa de la causa de muerte: Disparo en la nuca. (Información de la nota del Staff, El Diario de Juárez, 18/I/23).

¿Cómo pudo suceder eso, si los informes, tanto los oficiales, como diversos relatos, evidenciaron que El Neto, herido, era trasladado en la caja de una camioneta-patrulla de las fuerzas estatales y ahí murió, según dijeron los responsables de la dependencia chihuahuense?

¿Entonces, lo subieron a la camioneta cuando ya iba herido en la nuca? ¿Todavía vivo?

¿O lo recogieron después de que le habían disparado en la huida? ¿Le dispararon cuando ya estaba en la caja del vehículo?

En la medida que pasa el tiempo, todo se enreda en este asunto, ya fuere por la génesis del mismo, como en el desenlace… hasta ahora.

Desde abril del año pasado, tanto los mandos superiores de la   Guardia Nacional, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tuvieron en sus manos la petición del gobierno chihuahuense, dirigido por Maru Campos, del traslado de casi 300 reos peligrosos de aquel penal a otros, ya fueren del estado, o del resto del país.

Tal revelación echa por tierra las aseveraciones del general Sandoval, en las que achacó toda la responsabilidad al gobierno del Estado, por no haber solicitado, en tiempo y forma, ese mismo traslado, con lo que, dijo, se crearon las bases para la presentación del motín y la fuga de 29 reos de alta peligrosidad. 

Pero, de ser ciertas las informaciones reveladas por Guacamaya Leaks, arrojarían otro aspecto no menos siniestro y preocupante, el de que con esa información en sus manos, la mesa de seguridad, presidida por el presidente, la desechó y, una de dos, o la desestimó o, simplemente la ignoró; y no quisiéramos, ni siquiera especular, que los altos mandos de seguridad pública jugaron a que las condiciones de inseguridad en ese penal crecieran aún más, para, luego, ya con la crisis en curso, achacarle al gobierno panista de Chihuahua toda la responsabilidad.

¡Híjole!

¡Qué más quisiéramos que no fuera cierta la premisa aquella de que en política las coincidencias no existen!

Y menos si se toma en cuenta que la información del hackeo la difundió el periódico capitalino Reforma, al que, un día y otro también, el presidente lo declara uno de sus principales adversarios.

“Ignoró Gral. Bucio alertas de fuga en penal de Chihuahua”, cabeceó el periódico de marras el miércoles pasado. 

“El nuevo subsecretario de Seguridad Pública (que sustituye a Ricardo Mejía Verdeja, de negro historial en Chihuahua, a causa del conflicto del agua de las presas en 2020), Luis Rodríguez Bucio, fue alertado entre abril y mayo de 2022, cuando encabezaba la Guardia Nacional, sobre la crisis en el sistema carcelario de Chihuahua y la amenaza de un posible rescate violento de reos en el penal 3 de Ciudad Juárez.

“Tres oficios del Gobierno de Chihuahua, obtenidos por Guacamaya Leaks, y de los cuales al menos dos fueron dirigidos al General Rodríguez Bucio, evidencian que la Federación sabía de las condiciones precarias de los penales estatales y la necesidad de trasladar a reos peligrosos, antes de que ocurriera la fuga del pasado 1 de enero”. (Nota de redacción, Grupo Reforma, 18/I/23).

Los tres documentos fueron firmados por Luis Alfonso Harris, ex director general del sistema penitenciario estatal, quien fue cesado el 11 de enero, tras la fuga violenta de 30 reos del Centro de Readaptación Social Número 3 en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 17 muertos.

El 1 de abril de 2022, Harris envió el Oficio FGEPYRS/1756/2022 al Comisionado del Órgano de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad federal, José Ángel Ávila, mediante el cual realizó una solicitud "extra urgente" para trasladar a casi 300 reos a penales federales.

Harris proporcionó información específica sobre cada uno de esos internos, como grupo delictivo, delitos y situación procesal, y reportó que implicaban un riesgo para la integridad física y la gobernabilidad de los penales de Chihuahua, de acuerdo con los documentos de Guacamaya Leaks.

"Presentan problemas con la figura de autoridad, buscando burlar la seguridad del centro penitenciario en el que se encuentran y así poder ingresar objetos y sustancias prohibidas. Además, han sido identificados líderes de grupos criminales y/o pandillas", detalló.

El 8 de abril, Harris envió al General Rodríguez Bucio un oficio, en seguimiento a otro fechado el 6 de abril, en el cual agregaba otros datos que sustentaban el traslado “extraurgente” de varios reos e insistía en que tenían detectada “la presencia de procesados y sentenciados que mantienen vínculos con organizaciones de la delincuencia como el Cártel de Sinaloa, La Empresa, Aztecas, Mexicles, La Línea, Los Paisas, Sureños y Artistas Asesinos”.

Entre ellos estaba Ernesto Piñón De la Cruz.

Escribía Harris: ”Su permanencia en los Centros Penitenciarios de esta entidad implica un riesgo para la seguridad física de los mismos y, por ende, se ve vulnerada la paz, seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios del Estado de Chihuahua”.

Lo sorprendente es que, con todos esos antecedentes, las autoridades estatales no hubiesen hecho las aclaraciones debidas ante las afirmaciones del Secretario de la Defensa y despidiesen al jefe de los penales -Harris- cuando éste sí hizo la tarea que le correspondía, por lo menos en cuanto a las peticiones, pero con una muy obscura conducta en la existencia de los privilegios y artículos ilegales encontrados en las celdas en las que estaba recluido El Neto.

Y este es otro tema por demás criticable y lamentable, por mucha que haya sido la peligrosidad de este delincuente.

Días atrás, la artera ejecución de dos jóvenes jimenenses, a manos y armas de elementos de la Guardia Nacional, desató una muy extendida crítica hacia los uniformados.

A su vez, por las evidencias conocidas recientemente, aparentemente El Neto fue ajusticiado en la caja de una camioneta de la policía estatal cuando ya se encontraba detenido, herido y esposado.

El balazo en la nuca del detenido es incompatible con la versión oficial de que lo trasladaban a un hospital y/o a las instalaciones de la corporación juarense. Si el balazo en la nuca lo recibió poco antes, o poco después del choque de su vehículo, entonces lo más seguro es que los uniformados lo encontraron muerto ¿Para qué subir el cadáver a la caja de su vehículo?

Las respuestas son obvias, también la previsible ilegalidad.

Habrá gente que justifique tal ejecución, el problema es que la sociedad no puede dejar al criterio de funcionarios públicos que no están capacitados para determinar en qué casos sí es permisible y en otros no y, lo peor, es que no tienen facultades legales para hacerlo.

Baste decir que nadie está facultado para hacerlo, está prohibido, nadie puede asesinar a una persona y menos alegar que fue en el desempeño de sus funciones.

De lo contrario ¿Quién cerrará la puerta?

Para ello, la autoridad ministerial deberá efectuar las indagatorias pertinentes que revelen el origen de las heridas, el arma ejecutora, las condiciones en que recibió ese disparo y el autor, para exculparlo o, por el contrario, procesarlo.

Esa es solamente una de las tareas a las que deberá enfrentar el nuevo fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

No está fácil, menos si se toma en cuenta lo que aquí pareciera evidenciarse: La real incoordinación entre los mandos estatales y los federales, según muestran los archivos de Guacamaya, y el número de homicidios ocurridos en Chihuahua en la gestión de López Obrador, “8 mil 321, lo que ubica a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional”. (Nota de Miguel Ángel Silva/Alejandra Chávez, El Diario, 21/I/23).

De ellos, “durante 2022 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnps) contabilizó en el territorio estatal mil 655 asesinatos”. (Nota de Miguel Ángel Silva/ El Diario, El Diario de Chihuahua, 21/I/23).

Las cifras aportadas por esa dependencia demuestran, a pesar del elevado número de homicidios, una sostenida tendencia a la baja: 

“En 2021, el Sesnsp reportó un total de 2 mil 059 homicidios; en 2020 fueron 2 mil 296; en 2019 se registraron 2 mil 179 y en diciembre de 2018 hubo 132”. (Ibídem).

Hay más, la diferencia entre las cifras proporcionadas por la instancia federal y la estatal es de mil 638 homicidios dolosos más en la segunda que en la primera.

Cierto, los homicidios son del orden común, pero, ante la fortaleza del crimen organizado, de cuyas actividades se generan la mayoría de los homicidios, la concurrencia de los esfuerzos de la instancia federal y la estatal podría ser uno de los principales factores para enfrentar la ola homicida, por ello, las filtraciones son de la más elevada preocupación.

¿Podrán actuar coordinadamente?

Las filtraciones de los Guacamaya no hacen más que ponerlos frente al espejo.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO) https://www.inpro.com.mx