Chihuahua, Chih.

La cloaca del penal 3 de Juárez, destapada a partir de la fuga de “Neto” y otros reos, pareciera no tener fondo, ni sólo antecedente inmediato, en cuya génesis no podrá quedar, ni mando carcelario, ni gobernante local a salvo.

Lo peor, que sólo es el reflejo de la crisis de inseguridad por la que atravesamos y en la que la crisis carcelaria es, solamente, una parte.

Ante crisis tan profunda, a la Guardia Nacional (GN) ni siquiera podría catalogársele como insuficiente; a estas alturas de la actual administración podríamos asentar que ha sido absolutamente incapaz en las tareas para las que fue diseñada.

Ni ha combatido eficazmente la delincuencia, ni ha contribuido a la disminución de los índices delictivos, ni se ha convertido en la sólida y capaz policía federal necesaria para el país.

La última evidencia de la carencia de un proyecto de seguridad pública, viable, certero, de largo plazo del gobierno de López Obrador, es la decisión de enviar a 6 mil elementos de la GN a cuidar el Metro de la CdMx ¡Casi el triple de soldados asignados al estado de Chihuahua!

La capital del país, al igual que Chihuahua, se ha ubicado dentro del grupo de las 10 entidades con el mayor número de homicidios, sin embargo, con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los homicidios cometidos entre enero y septiembre del 2022, en tanto que en Chihuahua ascendían a 1 mil 508, en la CdMx habían asesinado a 564.

Pero allá tenían destinados 13 mil elementos de la GN, y ahora más los 6 mil del Metro, contra 2 mil 600 elementos acantonados en Chihuahua, con lo que la CDMx contará con casi 7 veces más soldados allá, con apenas poco más de la tercera parte de los muertos de acá!

Suponiendo que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuviese razón en su afirmación de que “han sucedido cosas muy extrañas” en los cada vez más frecuentes “incidentes” en el Metro, de muy poco servirá apostar a miles de elementos ahí y no efectuar una adecuada, científica y sustentada investigación para confirmar el dicho de la gobernante.

¿Porqué no desplegar a los de la GN en combatir los cientos de asaltos al transporte urbano de la zona conurbada de la CdMx y el Edomex a esa tarea, más acorde a los objetivos de la corporación?

Hay otro aspecto de la seguridad pública, competencia tanto del  orden federal, como del estatal, el de las cárceles, epicentro de un gran número de los delitos que se cometen a diario nacionalmente.

El penal 3 de Juárez es uno de ellos, pero solamente uno, probablemente uno de los emblemáticos -a lo largo de varios años y bajo la administración de gobernantes emanados de los tres partidos que mayormente han ejercido el poder en los tres niveles de gobierno, PRI, PAN y Morena- y cuyos constantes escándalos, generados por los frecuentes episodios de extrema violencia ahí presentados.

La crisis carcelaria en el país se ha recrudecido en el actual sexenio: “Al menos seis fugas de reos han ocurrido en penales estatales; un centenar de delincuentes han huido. Además, se ha registrado el asesinato de 36 custodios e internos… el registro de hechos violentos en diferentes penales del país incluye 26 motines con incendio de mobiliario, instalaciones y enfrentamientos sangrientos entre bandas antagónicas del crimen organizado”. (Nota de Benito Jiménez y Antonio Baranda/Agencia Reforma, 04 enero 2023).

En todos los casos ha sido igual, -como en el penal de Juárez- luego de los hechos violentos, de las fugas y enfrentamientos, las autoridades investigan, buscan y encuentran cosas parecidas, infinidad de armas cortas y largas, drogas, dinero en efectivo, celulares y celdas acondicionadas con mobiliarios especial y televisores.

Pero hay factores atribuibles a las autoridades. Entre 2015 y 2018, mientras se implementaba el nuevo sistema penal acusatorio, “el número de personas privadas de la libertad pasó de 247 mil 488 a 197 mil 988. Al mismo tiempo, los espacios disponibles pasaron de 208 mil 905 a 217 mil 580 (bit.ly/3vy3VJs)”. (Idem).

Eso cambió con la llegada de las reformas punitivistas. 

A partir de 2019 la población penitenciaria nacional pasó de 197 mil 988 a 226 mil 916. “Pero no hubo en paralelo un crecimiento de los espacios: para mediados de 2022, había un poco menos (217 mil129) que los disponibles a finales de 2018 (217 mil 580)”. (Idem).

Algo semejante ocurrió en el penal de Juarez. El número de espacios aumentó 3.7% entre noviembre de 2018 y noviembre de 2022. Pero en el mismo periodo, el número de internos creció 24.7%.

Además, descontando el efecto inflacionario, el presupuesto ejercido en los centros penitenciarios estatales disminuyó 4.7% entre 2018 y 2021, al mismo tiempo que las aportaciones federales a los estados, para el fortalecimiento del sistema penitenciario, cayeron 11.9% en términos reales entre 2018 y 2022.

¿Estábamos bien en esta materia antes de AMLO? No, pero cuatro años después, el sistema sigue sin reformarse y ahora con una sobrepoblación creciente y recursos presupuestales a la baja.

Además, la corrupción carcelaria se mantiene, o es peor.

Por todo lo anterior, importa detenerse en el caso del penal juarense. En él Ernesto Piñón de la Cruz “El Neto” ingresó en 2009, cuando era municipal. A partir del 2011 pasa al estado, bajo Duarte.

De acuerdo con distintas informaciones, en 2014 recibió una certificación de la Asociación Americana de Correccionales y se tomó la decisión de concentrar en este penal a secuestradores, extorsionadores y multihomicidas.

Luego, el gobierno de Javier Corral regresó a sus lugares de origen a secuestradores, extorsionadores y multihomicidas, entre ellos a “El Neto” y en 2020 cerraron el penal federal No. 9, con lo que enviaron a los reos al CERESO Estatal No. 3 de Juárez.

Una fuente de la revista Proceso, al que identifica como un “abogado, que participa en las corporaciones de seguridad pública en al menos dos niveles de gobierno”, y que actualmente trabaja para el gobierno federal, afirma, lo que ya ha sido corroborado por las autoridades, luego de la fuga de El Neto, que “por la aduana del Cereso entran todo tipo de armas, aparatos electrónicos, teléfonos, tabletas, laptops y todo tipo de radiocomunicación, todo tipo de drogas y alcohol”.

A su juicio, asevera, “el error de la fuga de El Neto, es que el gobierno del estado no emitió de inmediato una ficha de captura con datos generales y fotografías de los presos fugados”, eso, dijo, “es inadmisible y evidencia complicidad el hecho de que la primera ficha se emitiera a las corporaciones de seguridad en la ciudad y el estado 10 horas después de que terminara el motín”.

Hasta el 5 de enero se dio la lista definitiva con un margen de error de más/menos 10 internos. "Esto es inadmisible en cualquier gobierno!”.

Otra pifia es que hasta las 5 de la tarde del 5 de enero no se había notificado a las autoridades de Estados Unidos.

“Estos testimonios echan por tierra el gran hallazgo del que presumió el general Sandoval de las celdas VIP. Por el contrario, exhiben la indolencia de las corporaciones, como la Sedena, Guardia Nacional, y de la gobernadora Maru Campos, que ignoraron lo que durante décadas ha madurado en el penal… De hecho fue la segunda tentativa de fuga del Neto. Ya lo había intentado en agosto de 2021. Aun así, la Sedena no desactivó su célula en el exterior del penal, ni al interior lo hizo la gobernadora”. (Nota de Patricia Dávila, Proceso 2410, 8/I/23).

Desalienta saber que a pesar de la realización de infinidad de reuniones de seguridad, con la presencia de los mandos y representantes de todas las corporaciones y niveles de los gobiernos federal y estatal, no hubiesen considerado como un asunto prioritario desactivar a las células criminales existentes en los penales estatales, en los que evidentemente también tiene responsabilidad el gobierno federal.

DOLOROSAS OMISIONES.- En la colaboración del pasado jueves, al hacer el recuento de las víctimas fatales, caídas bajo el fuego de elementos de la GN en Chihuahua, no incluí el asesinato del joven Juan Carlos Medina, quien fue acribillado al cruzar el puente fronterizo con El Paso.

Por otra parte, el General jefe de la GN en el estado, Víctor Fernández Mondragón, ha insistido ante sus superiores que los jóvenes  jimenenses acribillados dispararon antes. No hay pruebas de eso, lo que hay es la evidencia gráfica de que el tercer ocupante de la camioneta corrió y que, por lo menos uno de la GN, le disparó cuando se encontraba de espaldas. 

¿Con base en qué ordenamiento legal, reglamentario, de protocolo, disuasivo, o de grave riesgo le disparó? 

Lo hizo porque no están capacitados como policías, que ante una situación extrema actúan como soldados y, éstos, lo que hacen es eliminar al “adversario”.

Eso hicieron.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

https://www.inpro.com.mx