Chihuahua, Chih.
Desde que en la Constitución de 1857 se proclamó la laicidad del estado que venía a complementar las Leyes de Reforma pareciera que la labor emprendida por funcionarios y promotores de la desarmortización eclesiástica y la promoción de los principios que ofrecían neutralidad al estado, la libertad del ejercicio religioso y limitar la acción de los poderes públicos relacionados con la iglesia no han concluido del todo a pesar de haberse cumplido más de un siglo de aquellos esfuerzos liberales que dieron sentido de país a la república.
Lo digo ya que en nuestro estado se está viviendo una de las más inauditas paradojas vistas en un gobernante, al menos en las últimas décadas. Algo así como denunciar al gobernante que antecedió al actual por una violación a la Constitución y la Ley de Cultos y posteriormente, en el mandato actual, retomar el agravio y perpetrarlo llevándolo al exceso del absurdo. Usted sabe que me refiero a la denuncia de Javier Corral contra César Duarte por consagrar el estado al Sagrado Corazón de Jesús y solicitar la intercesión del inmaculado Corazón de María, en evento oficial ante un auditorio conformado por cientos de personas y con decenas de medios de comunicación cubriendo el suceso.
El argumento del ahora gobernador fue: “Mas allá de la vergonzosa utilización político-electorera de lo sagrado para el pueblo católico de Chihuahua y la penosa convivencia de los principales jerarcas del clero con la clase política priista, a la cabeza de ellos, Constancio Miranda Weckman, la tal consagración, hechos y dichos tanto del gobernador como de los obispos, constituyen uno de los actos de mayor provocación al Estado laico que se haya realizado en la vida público de México, por lo menos en las últimas cuatro décadas”. (Patricia Mayorga, Proceso. 12/V/2013).
“Actos de provocación”.
Provocación, según quienes padecemos fuertes pulsaciones en la vena laicisista (porque no estamos en proceso de extinción según criterio del Congreso del Estado) es haber nombrado a un sacerdote jesuita como consejero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque mas allá del resultado que en el área jurídica se defina, tenemos un titular del Ejecutivo estatal incongruente y falto a la verdad en sus funciones, deshonesto moralmente porque sus actos no solo lastiman el eje vertebral que la laicidad representa a la gobernabilidad sino que está generando confrontaciones sociales innecesarias apoyado por un Congreso endeble que adjetiva y acosa a ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionalmente tutelados.
Cabe aclarar que no es crítica al ministro de culto en cuestión ya que en el estado pocas figuras resultan tan emblemáticas en la defensa de los derechos humanos, sino que con su designación se ha empoderado a las fuerzas clericales y demás entes confesionales en el estado que desde tiempo atrás están de modo permanente buscando tener injerencia en cuestiones legislativas y decisiones de gobierno.
¡Evangélicos y católicos al poder!
Ahora les resulta factible la intromisión por la apertura y el franco desaire a los valores de Juárez y el espíritu de la Reforma. Algo así como el efecto Trump en el racismo y xenofobia que se experimenta en la vecina nación.
Se está convirtiendo una constante el exceso del Congreso, su mal proceder y la torpeza de sus actuaciones, convirtiéndose en cómplice de los desatinos del gobernador, como la ratificación del nombramiento en representación del estado y sin objeción alguna de un sacerdote en un puesto público; sin embargo, uno de los más graves al momento, fue transgredir la capacidad ciudadana de ejercer recursos y reivindicar derechos por los cuales incluso personas que lo integran, trabajaron.
A Rodolfo Leyva se le calificó como “el último de los jacobinos” haciendo referencia a esa tendencia política radical que defiende a ultranza las libertades y la democracia que suele degenerar en el totalitarismo al arrogarse la voluntad del pueblo generando la percepción de que se actúa de acuerdo a la modernidad legalista pero que en realidad, abandona cualquier principio democrático, en ocasiones a costa de sangre y fuego.
Mas peyorativa la connotación no pudo ser; sin embargo, porqué si dentro de las funciones del estado se encuentra la creación de leyes y generar los mecanismos para su debido cumplimiento ¿por qué se estigmatiza a quién así lo hace?
Se sabe que Leyva no es un ciudadano cualquiera, que ha dado emblemáticas batallas a los excesos del estado en diversos momentos, tomando en cuenta eso, ¿qué puede esperar la ciudadanía común con limitados recursos jurídicos si pretende constituirse parte de la sociedad democrática a la que aspira?
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@MarieLouSalomé
