Chihuahua, Chih.

Parecería un asunto más de la frivolidad con la que, en ocasiones, se abordan asuntos.

Sin embargo, son de los que, escarbando tantito en la superficie, encarnan una seriedad extrema.

Días atrás, en la exclusiva zona de la ciudad de Chihuahua, -el Distrito 1 (D1)- en la que se asientan algunos de los restaurantes más lujosos de la ciudad, además de varios edificios de departamentos de lujo y hoteles de la más elevada clasificación en los servicios, ocurrió un incidente que muestra la absurda actuación de algunos funcionarios.

Antes, en agosto, un «empresario originario de Cd. Juárez, actualmente radicado en El Paso, Texas, socio mayoritario de empresa de fletes con servicio a todo USA e inversionista de algunos restaurantes ahí en D1» sufrió el ‘atípico’ robo de un costoso reloj, sin que las autoridades le dieran seguimiento a un caso que, de por sí, era escandaloso. (Cita de la carta del empresario Carlos Barraza, de Rubarza, a Marco Bonilla, Omnia, 21/8/23).

Y es que días atrás, una señora, luego de asistir a un gimnasio se encontró con su auto inmovilizado -estacionado «en la vialidad interior denominada ‘Citadela’» y una nota en la que le señalaban que, por haberse estacionado en un lugar reservado para autos eléctricos, se le fincaba una multa; en ella le señalaban los datos bancarios necesarios para que le destrabaran el inmovilizador.

Los datos no señalaban dependencia oficial alguna, sino el nombre de una empresa, tampoco el nombre de un funcionario responsable.

La víctima le reclamó a la administradora del lugar y ésta le señaló acerca de la existencia de un supuesto acuerdo con «César Komaba, subsecretario de Movilidad (Policía Vial) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y por lo tanto podía aplicar esa infracción dentro de la plaza». (Nota de David Piñón, El Diario de Chihuahua, 18/11/23).

No es todo, el agente de una patrulla de la Policía Vial, a quien pidió ayuda, se la negó alegando, después de «consultar con sus superiores», que «no podía hacer nada por estar en una propiedad privada y no estar contemplada una sanción específica por el lugar en que estaba estacionada». (Ibídem).

Siguió el viacrucis. Intentó presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado. No la aceptaron porque, dijeron, su queja era de tipo civil.

La denuncia que quiso presentar era por «usurpación de funciones oficiales, pues (declaró) ninguna ley faculta a una plaza comercial como Distrito 1 a imponer estas sanciones». (Ibídem).

Ante esos hechos, el subsecretario César Komaba adujo que «la sanción impuesta por la plaza comercial es algo que puede hacer por ser una propiedad privada con sus propias reglas, en las que no interviene la autoridad de vialidad. “Sin decir que está bien o que está mal, son las reglas que tiene una propiedad privada”». (Ibídem).

En esa zona del país, los poderosos propietarios, en este caso del estacionamiento, imponen su ley; ya los quisieran como asesores las comunidades que exigen respeto a sus autonomías.

No, no hay, hasta ahora, ninguna zona del territorio nacional, en la que las autoridades oficiales, formales, legalmente facultadas para ejercer las funciones señaladas en las leyes, estén sustraída a ellas.

Sorprenden las afirmaciones del subsecretario, ratificadas en sendas entrevistas radiofónicas, en las estaciones de radio de la capital chihuahuense, porque es uno de los funcionarios cuyo principal tema de trabajo es, precisamente, la aplicación de la ley, ante la cual no hay -no debe haber- excepciones.

Raya en lo absurdo.

Vayamos al extremo: ¿En caso de un homicidio en ese mismo lugar podrá excusarse de aplicar la ley?

O mejor ¿En caso de un accidente vial en ese lugar, dejará que sean los funcionarios de la empresa los que se encarguen del seguimiento, de las infracciones que deben imponerse en esos casos, o deberá actuar conforme a sus facultades y obligaciones?

Parecía un asunto trivial, vaya que no lo es.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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