Chihuahua., Chih

Estimados maestras y maestros. Agradezco de antemano el que se me haya invitado a dar mi opinión en torno a la crisis en que está inmersa la Sección 42 del SNTE, que ustedes han abordado rubro por rubro en esta segunda reunión regional, realizada el 18 de septiembre en Cd. Juárez.

Desde mi perspectiva periodista, se requiere abordar ¿Qué fue lo que paso? ¿dónde?, ¿cuándo y por qué?  En atención a ello, describiré en lo general cuáles son los orígenes de los efectos referenciados, quien o quienes los promovieron, en qué circunstancias y con qué fin, para ubicar la causa de lo causado y, consecuentemente, explorar que rutas hay que transitar, para resolver o al menos mitigar la crisis magisterial y democratizar la SNTE.

La carga impositiva del magisterio es irracional: Les cobran el 12% para el fondo de pensiones; el 3% por concepto de servicio médico; 1% de la cuota sindical; entre el 2% y 6% del SIMAP; el 28% del ISR y por si fuera poco, descuentos por seguros de vida y retiro; por préstamos personales o hipotecario, lo cual es una omisión flagrante de la Fracción I del Artículo 105 del Código Administrativo del estado de Chihuahua, para que el patrón realice la aportación del 5% para un fondo de vivienda de los trabajadores. 

En 2018 la Sección VIII tenía 38 mil 500 miembros; la Sección 42, contaba con 20 mil maestros. Entre 2005 y julio de 2018, la nómina magisterial –que es manejada a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto operativo (FONE), tuvo un gasto total de un billón 268 mil millones de pesos.

El monto de la nómina que se paga a los trabajadores de la educación, se ha convertido en un botín económico que, hay que decirlo, ha sido explotado por los líderes sindicales y empresas privadas mediante diversos mecanismos financieros  como: El pago de seguros mediante descuentos quincenales; el cobro de cuotas sindicales; el otorgamiento de préstamos personales por parte de financieras privadas; la venta y el cobro de distintos productos y servicios que son descontados vía nómina y, la conformación de fideicomisos como el FIGLOSENTE, que hace uso de la nómina magisterial y de la estructura del sindicato de manera discrecional para hacer negocios. 

En esa nefasta fase, en los Estatutos del SNTE, se incluyó la secretaria de Promociones Económicas, para que la nómina magisterial se convirtiera en un negocio, más allá de la defensa de los Derechos Sindicales. La secretaría mencionada, tiene la facultad de “solicitar a las empresas privadas que oferten productos y servicios a miembros del sindicato”. También tiene la atribución de “celebrar” con autorización de la secretaría General del SNTE, (textual) “convenios y contratos con organismos públicos y privados que ofrecen bienes y servicios a los miembros del sindicato” (Artículo 94 de los estatutos vigente del SNTE).

En concreto: Los maestros han dejado de ser “sujetos de derecho sindical” y los han convertido en “clientes potenciales”. Con el surgimiento de la secretaría de Prestaciones Económicas y la abultada nómina magisterial, los líderes sindicales han llegado a la conclusión de que, lo mejor para ellos es acatar y operar esa absurda lógica empresarial. 

Tan fue así, que, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pusieron una serie de redes empresariales operadas por Elba Esther Gordillo, para hacer negocios y ordeñar la nómina magisterial. Y por si fuera poco, también armaron otra red de empresas fantasmas que triangularon el dinero que se obtenía por el cobro de intereses de por medio, entre 2009 y 2011, mediante ese esquema financiero, que aporto 188 millones de pesos al SNTE, capital que quedó en manos de Esther Gordillo en Estados Unidos y, también llegaron al bolsillo de los Secretarios generales de diferentes secciones del SNTE, entre ellos el de Chihuahua: Gustavo Martínez Aguirre, secretario General de la Sección 42, que recibió 723 mil pesos.

Todo ese grotesco abuso, deja en claro que las denuncias de los trabajadores jubilados de la Sección 42, sobre el cobro indebido de cuotas sindicales, nos son un hecho aislado, sino un grotesco agravio.

En el año 2019, esos descuentos ascendieron ni más ni menos, a los 33 millones de pesos y entre el 1 y el 31 de enero de 2020, las cuotas sindicales que se les han descontado de forma irregular a los maestros jubilados, ascienden a 3 millones de pesos.

El Artículo 20 del actual estatuto del SNTE les da la razón a los jubilados de la Sección 42. El actual secretario general del SNTE incurriría en un acto evidente de ilegalidad, ya que los maestros jubilados no autorizan que se les descuente las cuotas sindicales si no existe un convenio que formalice y legalice esos descuentos.

En este deplorable contexto en que está inmerso el magisterio, es fundamental socializar y democratizar al SNTE y sus secciones. No hay que olvidar que, en 2019, el Senado de la República, aprobó en lo general y particular la Ley General de Educación y sus leyes secundarias, de la Reforma Educativa que sustituye a la promulgada en 2013 por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Dicha Ley, contempla la revocación de la ley de infraestructura física Educativa y la revalorización del magisterio. De entrada, se suprimió el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEFED), que era un jugoso negocio para las compañías constructoras y funcionarios de ese instituto, el cual, además, promovió una “evaluación punitiva” a miles de maestros normalistas que fueron despedidos o rechazados en su escalafón escolar y castigados en sus prestaciones y sueldos por presuntos “asesores técnicos” que de educación no sabían nada.

La Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y de mejora continua para la Educación, regula los procesos de selección para la admisión de los interesados; promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directivos de supervisión que reconoce a los maestros como profesionales de la educación con absoluto respeto a sus derechos.

La segunda Ley que creo la Comisión Nacional para la mejoría continua de la Educación, es un órgano público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, de gestión y personalidad jurídica y recursos financieros propios.

Cuenta también con un Consejo Técnico de Educación, el cual regulará el sistema de formación; actualización y capacitación, para mejora continua de la educación y garantizar equidad de los servicios educativos públicos y privados, con validez oficial de estudios.

Infortunadamente, la suspensión de las clases presenciales generada por la pandemia del Covid 19, ha impedido poner en función la reforma educativa de 2019.

La historia nos ha demostrado que cada sociedad y comunidades crean un sistema educativo en su consonancia con su forma de vida, tradiciones, costumbre, cultura y contexto sociopolítico y económico.

Esperamos que la nueva política educativa se aplique de manera óptima a la sociedad; que las leyes que le dan soporte se ejerzan para el nuevo sistema educativo en ciernes, y difunda la semilla del saber a toda la población, especialmente, a los marginados de las urbes, regiones rurales y comunidades indígenas.

Ustedes estimados maestras y maestros, enfrentan un desafío muy grande en lo personal y lo social. No se amilanen, recuperen los principios y fines que dieron origen a su profesión magisterial. La sociedad lo requiere.

¡Urge democratizar el sindicato magisterial!