Lo ocurrido al gobernador Javier Corral, en Camargo el pasado viernes, es la vívida muestra del serio quebranto de las simpatías que lo llevaron a la silla principal de Palacio de Gobierno. Es, también, reflejo de la incapacidad del equipo de gobierno, rebasado ante la magnitud y cantidad de los conflictos desatados en Chihuahua.

No son solamente los heredados de la administración de César Duarte, sino los derivados de la gestión del nuevo grupo gobernante.

Se sabía que una gira de Corral a Camargo podría resultar, por momentos, ríspida debido a los elevados y candentes niveles de participación que alcanzaron las manifestaciones en contra del “gasolinazo”, pero también en contra de las tarifas de las casetas de peaje.

Además, la ira popular se derivaba de la elevación de los cobros vehiculares y, finalmente, por la forma en que fueron reprimidas las manifestaciones por las policías del estado.

De esos hechos se habían derivado demandas en contra de algunos de los dirigentes. En un acto de suprema insensibilidad, el día que el gobernador visitaría Camargo se dieron a conocer la expedición de sendas órdenes de aprehensión en contra de seis dirigentes, la mayoría, connotados participantes de la campaña de Javier Corral al gobierno de Chihuahua.

Luego de la aceptación del gobernador Corral a la celebración de una reunión, exigió que fuera a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación. No hubo acuerdos, al salir, fue increpado duramente por un grupo de camarguenses, ante lo cual debió retirarse abruptamente del lugar, en medio de las rechiflas y los gritos.

¿Por qué actuar así? ¿Por qué insistir en la aplicación de medidas represivas en contra de un justo y explicable movimiento?

No es el único episodio descollante del pasado fin de semana.

Estamos, ya, en medio de una grave crisis institucional, originada por la ilegal destitución de Rodolfo Leyva como presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y la indigna toma de posesión del sucesor, Alejandro de la Rocha, durante años, Director General de Coparmex, el organismo empresarial en el que la familia Terrazas es la mandona y que ahora es dirigido por el ex alcalde panista, Alvaro Madero, hermano del Jefe del Gabinete estatal, Gustavo.

Tal maniobra fue el resultado de la alianza de una parte del panismo, el encabezado por Corral, con un sector de los empresarios de Chihuahua (el que lo rechazó como candidato del PAN e impulsó a José Luis Barraza como candidato independiente), y con los restos del priismo duartista, que eso representan los comisionados del Ichitaip que decidieron remover a Leyva. No tienen facultades para remover a su presidente, menos sin fundar y motivar tal decisión.

Cuesta trabajo entender cómo, luego que Leyva le ganó al ex gobernador Duarte varios litigios, precisamente por no fundar y motivar las designaciones de dos de las actuales comisionadas del Ichitaip, y de que el Congreso del Estado fuera obligado a efectuar una nueva elección, los actuales gobernantes no hayan entendido que no se pueden efectuar actos de ese tipo.

Todo, porque, como lo ha denunciado extensamente Rodolfo Leyva, el gobernador Corral pretendió el nombramiento de Ricardo Gándara, cónyuge de la Secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, en la Secretaría Ejecutiva del organismo.

La oposición de Leyva, lo ha dicho insistentemente, es porque se viola el orden constitucional. La acusación ha sido negada por el gobernador Corral. Lo cierto es que Gándara, antes de este episodio, pretendió ser comisionado del Ichitaip, en el mismo proceso que Leyva, a pesar de que Olmos ya era la secretaria.

Leyva ha anunciado que buscará el amparo de la justicia federal. Lo ganará.

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