Chihuahua, Chih.

La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), de ratificar la cancelación de las candidaturas de MORENA a los gobiernos de Guerrero y Michoacán y ordenar la designación de nuevos candidatos, ha desatado una durísima reacción del presidente de la república, frente a la cual parecieran empequeñecer las que previamente había dado el ahora depuesto candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Son de una dimensión verdaderamente preocupante, muestran al mandatario totalmente volcado en el proceso electoral y, en lugar de enjuiciar severamente las ilegales expresiones de Salgado en contra de Lorenzo Córdova, el principal responsable de la correcta conducción del proceso electoral en curso.

Salgado Macedonio, sin duda alguna, amenazó al consejero electoral, e hizo apología del delito al preguntar a sus seguidores, de la manera más hipócrita y manipuladora posible, si estaban de acuerdo en conocer el domicilio de Córdova, además de amenazarlos -a él y al consejero Murayama- de que “irían” por ellos en caso de que “le quitaran la candidatura”.

No menos preocupantes son las expresiones de López Obrador, al opinar que la cancelación de la candidatura de Salgado es “un atentado a la democracia” y que, ahora, para resolver si se mantienen tales candidaturas, propone que ¡Se haga una encuesta a través de un “Call center”!!!!

Durante largos meses el líder de Morena -López Obrador- pregonó que sus integrantes tenían como una de sus reglas el no mentir, pero a lo largo de los últimos días, Félix Salgado le ha mentido al país al aseverar que él no fue, “nunca”, precandidato y que, por tanto, no le podían achacar los gastos realizados en el lapso que el INE marcó como el de la celebración de las precampañas.

El problema es que MORENA, en el curso de la actual campaña, ha violentado diversas reglas electorales y ha mostrado un inocultable desprecio y rechazo a cumplirlas, lo mismo en el informe de gastos de precampaña, como en el cumplimiento de los plazos de registro de candidatos y ha lanzado una virulenta campaña, encabezada por el presidente, en contra del INE.

Es una completa equivocación, más allá de los salarios y de algunas decisiones -que siempre se podrán recusar- lo cierto es que este es uno de los órganos del Estado mexicano más preciados y que más bien han efectuado su trabajo y cumplido con sus funciones.

Las elecciones mexicanas tienen un elevado nivel de aceptación y de buen cumplimiento de las normas vigentes, que le han dado certidumbre a esta parte del funcionamiento del Estado mexicano que más desconfianza y acciones de rechazo tuvieron a lo largo de larguísimas décadas. 

Los procesos electorales estaban impregnadas del tufo del fraude electoral, pero en las últimas dos décadas y media los mexicanos adquirimos -y construimos- un formidable aparato electoral, ciertamente caro, burocrático e integrado por las cuotas de poder de los partidos del sexenio anterior, pero lo que ahora procede no es desaparecerlo, sino establecer los candados necesarios para evitar que ese mecanismo de las cuotas de poder partidario siga siendo el empleado para designar a los consejeros electorales.

El problema, para una buena parte de los mexicanos, es que la conducta de los nuevos gobernantes, en la designación de ministros, consejeros, y en general de integrantes de los organismos colectivos de dirección, o consultivos, o del Poder Judicial, su conducta ha sido igual a la usada por los grupos gobernantes que los antecedieron. 

Los ejemplos, por desgracia, sobran.

Así que, lo mejor que puede hacer el presidente -y lo único que le permite la ley- es quedarse callado frente al proceso electoral y dejar que los órganos del Estado Mexicano encargados de ese proceso realicen su trabajo, sin la injerencia del titular del Poder Ejecutivo.

Eso es lo que haría un presidente demócrata.

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