Chihuahua, Chih.
La brutal masacre de integrantes de las familias Le Barón y Langford dejó un saldo de 17 víctimas: 3 mujeres y 6 de sus hijos asesinados y calcinados y otros 8 menores heridas de bala, los cuales lograron sobrevivir gracias a que el mayor de ellos, de escasos 13 años, los escondió entre matorrales.
Más de 9 horas después fueron rescatados y trasladados a EEUU para su atención médica.
Hasta ahora no queda claro a las autoridades si los agresores que los emboscaron cuando se trasladaban en tres camionetas rumbo a Bavispe y Janos, fueron sicarios del Grupo de “Los Salazar” integrantes del Cártel de Sinaloa o de la “Línea” del Cártel de Cd. Juárez, lo cual es lo de menos.
Lo que si queda muy claro es que no se trató de “ninguna confusión” como adujo el Secretario del Gabinete de Seguridad Adolfo Durazo y mucho menos, que fue una “agresión indirecta”, como dijo el General Homero Mendoza Ruíz, jefe del Estado Mayor de la Sedena, quien señaló que “el ataque contra la familia mormona se dio en medio de la disputa entre la Línea contra Lo Salazar”, lo que es una falacia.
Fue un crimen de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional define como delitos que se cometen “reiteradamente y sistemáticamente contra la humanidad de una persona, de su familia o de la comunidad en que vive”. La Familia Le Barón y la comunidad en que viven el poblado de Galeana desde hace muchos años, ha sido víctima de 35 agresiones de secuestro, homicidios y extorsión de 2009 a la fecha.
Les comparto algunas de las más relevantes y como las enfrentaron:
El 2 de mayo del 2009 fue secuestrado Erik Le Barón, un joven adolescente de 16 años en el rancho de su padre ubicado en la Colonia Le Barón. Los plagiarios exigían un millón de dólares para liberarlo y de no pagar por su rescate lo “devolveremos en pedazos”, advirtieron a su familiares, los cuales, lejos de amilanarse, se trasladaron a la capital del Estado y exigieron a la entonces Procuraduría General de Justicia, se capturara a los secuestradores, los cuales si bien no fueron detenidos, liberaron al joven 8 días después.
Los plagiarios no quedaron conformes y el 7 de julio de ese mismo año secuestraron y asesinaron a Benjamín Le Barón y su cuñado, Luis Widmar, presidente de la organización civil SOS que un mes antes habían conformado para defenderse. Ambos murieron acribillados por 20 sujetos que llegaron en 4 camionetas a sus viviendas y se los llevaron. Sus cuerpos fueron localizados horas después. Los esbirros dejaron un mensaje en una manta, el cual “explican” que fueron asesinados porque “habían proporcionado información que condujo al arresto de miembros del crimen organizado”.
Julián Le Barón, desde entonces, tomó el mando, se convirtió en el vocero de la familia y la comunidad y se incorporó al Movimiento Por la Paz y la Justicia creado por Javier Sicilia al que también le secuestraron y asesinaron un hijo en el Estado de Morelos, lo que lo posicionó como un activista social a nivel nacional.
En la Colonia de Galeana ubicada en el Municipio de Casas Grandes, Chih. Creó la Policía Civil de su comunidad, públicamente conocida como “un grupo de Autodefensa” para protegerse de los grupos criminales.
Esta comunidad mormona, sin embargo, no solo ha enfrentado secuestros, extorsiones y asesinatos de sus integrantes, sino también otros conflictos que hasta la fecha no se han solventado, como el de la disputa del suministro de agua con agricultores de la zona apoyados por el movimiento campesino El Barzón, quienes los acusaron una vez que perforaron varios pozos para sus huertos de Nogales, de incurrir en la sobreexplotación del agua de la región en detrimento de ellos.
Este conflicto hasta la fecha no se ha resuelto, por el contrario se ha exacerbado. El año pasado hubo un enfrentamiento violento entre agricultores y mormones. Los agricultores entraron a la fuerza al Rancho de Nogales de los Le Barón, cuyos empleados y capataces, recibieron a los agricultores a balazos e hirieron en la rodilla a uno de ellos, “en defensa propia” según adujo Julián Le Barón. (Con información de RT)
Ese contexto de agresiones reiteradas y conflictos sociales, empero, no es el único indicador de los delitos de lesa humanidad cometidos en contra las Familias Le Barón y Langford. El portal periodístico La Opción.com.mx, de Chihuahua dio a conocer el miércoles 6 de noviembre, que cuenta “con audios de las llamadas telefónicas” que los sicarios que emboscaron a las dos familias mormonas, hicieron a familiares de EEUU, a las que les solicitaron les pagaran un rescate, para dejarlas ir, lo que desmiente la versión oficial de que fueron “víctimas de un enfrentamiento entre cárteles o de una confusión”.
Una familiar de Christina señaló en redes sociales, que uno de los asesinos llamó a la madre de ella (con el celular de la víctima), para pedir le pagaran para rescatarla. En esa comunicación telefónica, dijo, se escuchaban “gritos histéricos de una mujer y el llanto de niños”, “pero ella no contestó, así que le disparó a Christina”.
Este atroz y brutal episodio deja en claro que la violencia criminal de las mafias de narcotraficantes ha llegado a grados extremos de barbarie y degradación humana, pero también a lo que el especialista en seguridad, Edgardo Buscaglia, llama “el terrorismo mafioso”.
Y no se equivoca. Lo confirma lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán Sinaloa, acontecimiento en el que el Cártel de Sinaloa desplegó a sus sicarios para rescatar el hijo del Chapo Guzmán (Ovidio Guzmán Loera) que había sido detenido para ser extraditado a Estados Unidos, con la amenaza de que si no se le liberaba, estaban dispuestos a asesinar a familiares de los militares que ya tenían rodeados, así como a ciudadanos que se toparan, esto es, que harían un “desmadre” al que Ovidio les pidió no hicieran.
En Ciudad Juárez, el grupo criminal Los Mexicles, el martes y miércoles de la semana que hoy concluye, emularon la estrategia terrorista del Cártel de Sinaloa, para bloquear un operativo de revisión de armas y drogas que se realizaría en el Centro de Reinserción Social Estatal No.3, que se tenía previsto esos días tanto, por la Policía Federal, como la estatal y Municipal.
Los pistoleros de esta pandilla que fueron cooptados, son todos ellos drogadictos, tan es así que el pago que se les ofreció no fue en dinero sino en dosis de la nefasta droga Cristal.
Para evitar el cateo en el penal referido, desataron en esos dos días un clima de terror en la frontera, en la que quemaron 16 camiones, ruteras, vehículos particulares, y una desponchadora y dejaron un saldo de 14 ciudadanos con quemaduras de primer y segundo grado.
En ese mismo lapso se reportaron 18 homicidios en Ciudad Juárez, de los cuales 8 cuerpos fueron rociados con gasolina e incinerados; 16 en la capital del Estado y 4 en el poblado de San Juanito. En total fueron 38 asesinatos en dos días.
Y como colofón, acribillaron también el edificio donde se ubicaba antes la Fiscalía de Cd. Juárez e hirieron a uno de los guardias, por lo que se declaró la “alerta roja” de agentes ministeriales y cuerpos policiales del Estado y del Municipio.
La masacre de la familia Le Barón; la quema de camiones de transporte y vehículos descritas y lo ocurrido el 17 de octubre pasado en Culiacán, no deja lugar a dudas, que esos crímenes de lesa humanidad y esos actos de terrorismo mafioso, no tienen otra finalidad que la de generar miedo e incertidumbre en la sociedad, desmoralizar los cuerpos policiales y con ello, coaccionar y presionar a los gobiernos federal, estatales y municipales, y desestabilizar el Estado de derecho, de una parte, y de la otra, consolidar en ese escenario los poderes fácticos del crimen organizado estrechamente vinculado a políticos, gobernantes, jefes policiales y militares de las administraciones pasadas que públicamente “les declararon la guerra a los cárteles” y subrepticiamente se hicieron de la vista gorda y se enriquecieron con ellos.
Veremos y diremos si la 4ta Transformación y el Gobierno del Estado, atienden esta grave crisis de inseguridad y violencia, sin caer, como ha insistido el presidente, en la estrategia patibularia de antes pero tampoco en el masoquista.
