Chihuahua, Chih.

Son tantos los asuntos del mayor interés para los chihuahuenses, ocurridos en la última semana que hoy habremos de ocuparnos de dos:

El de la creciente inseguridad, y el del atropello a las más elementales nociones de la profesionalización de la administración pública, efectuada por la mayoría existente en el Congreso del Estado, al modificar los requisitos para acceder a algunos de los más importantes cargos administrativos del Poder Legislativo.

Los episodios de los últimos días, ocurridos en varios municipios de la zona serrana, entre los que descollaron las denuncias públicas de los estudiantes y pasantes de servicio social de Medicina -tanto de la Uacj como de la Uach- develaron otros terribles aspectos del creciente clima de violencia e inseguridad existente en la entidad, ante el cual la respuesta oficial ha sido tardía y mala.

Son tantos los asuntos en los cuales la cada vez más preocupante ineficiencia del actual grupo gobernante es más que evidente, que cuesta trabajo no abordarlos, especialmente por las negativas consecuencias hacia la población.

Uno de ellos es el de la escasa reactividad ante los acontecimientos que cotidianamente se les presentan.

A lo largo de la semana se acumularon los casos, más allá del episodio en el que el gobernador Corral y su vocero rompieron lanzas con El Diario de Juárez y su directora, Rocío Gallegos, al que se sumó la intempestiva decisión de rescindirle el contrato a la empresa editora de El Diario de Chihuahua, consistente en la impresión del periódico oficial “Cambio 16”, en los que la tardanza o la torpeza gubernamental fueron más que evidentes.

Uno de ellos fue el episodio de los médicos pasantes en servicio social de diversos pequeños hospitales de varios municipios. Ante la grave situación de inseguridad, el Fiscal César Augusto Peniche sólo atinó a responder que hacían falta alrededor de 4 mil policías estatales para brindar mínimas condiciones de seguridad pues la corporación apenas cuenta ¡Con 2 mil!

¿Cómo triplicar el número de efectivos en unos cuantos días si, como se evidencia por la publicación de la convocatoria para afiliar nuevos elementos policíacos, debió realizarse en la Ciudad de México y bajando la estatura mínima de 1 metro 70 cms. a 1 metro 60, ante la falta de aspirantes locales a ocupar una de las plazas de los agrupamientos policiacos locales?

Es imposible asignarle un elemento policiaco a cada profesional de la medicina en la sierra, quizá su seguridad se pudiera garantizar por medio de la instalación de guarniciones permanentes que les otorguen, y no solamente a los médicos, sino a la población, la posibilidad de otorgar los servicios médicos en medianas condiciones de seguridad.

O se mejoran las condiciones generales de seguridad al total de la sociedad o seguiremos sufriendo episodios como el ahora abordado.

Si la dinámica de la confrontación de los grupos criminales continúa como hasta ahora, el personal médico seguirá siendo un elemento estratégico de las bandas. Curar a sus heridos lejos de los controles gubernamentales será aspecto esencial de la confrontación.

Y en medio de esta última, sólo hasta que la presión social, la empresarial, la del Congreso del Estado y la de los medios de comunicación llegó a los más altos niveles, sobrevino la reacción del grupo en el gobierno para afrontar el anuncio de Bancomer de cerrar la sucursal de Madera.

En esos días de profunda incertidumbre para una buena parte de la población maderense descollaron algunas respuestas, que evidenciaron el pasmo de quienes hoy dirigen la administración estatal, entre ellas la del Secretario de Educación, Pablo Cuarón, cuando aseveró que los alrededor de 450 maestros de aquella zona “deberán buscar alternativas para cobrar sus salarios”.

Más. El jueves, cerca del medio centenar de habitantes del Largo Maderal -el municipio más importante del país en producción forestal- efectuaron una manifestación “Por la paz”, luego de haber sufrido espeluznantes episodios a manos, no solamente de los grupos criminales, sino también de las policías estatales, las que efectuaron una vasta operación en busca de aquellos, en la que la violación a todas las garantías -o derechos humanos- de la población fueron salvajemente violados, con la irrupción violenta en casas, amedrentamiento a la población y hasta con el estallido de granadas, que a la postre, de acuerdo con la información oficial, culminó con la detención de un grupo de sicarios.

Y este será uno de los episodios a los que valdrá la pena darle seguimiento. En la ola violenta del 2008-2012 detenciones como estas fueron seguidas por la liberación de los presuntos criminales, debido a que los jueces federales les otorgaron los amparos, por las evidentes violaciones al debido proceso, casi siempre por las ilegalidades cometidas por las fuerzas policiales y/o militares al momento de las detenciones.

Por doquier se advierten las muy inquietantes evidencias de la incapacidad gubernamental para enfrentar a la delincuencia, entre las cuales no debemos descartar la inexplicable indolencia del gobierno federal para colaborar con el gobierno de Javier Corral en esta materia.

Recordemos la frase de los jefes militares, cuando ocurrió el enfrentamiento de Uruachi, ante la petición de auxilio del Comisionado de Seguridad, Miguel Aparicio, consistente en una lacónica frase, “No contamos con elementos”, a pesar que la situación era una de las más evidentes en que el orden público estaba “gravemente perturbado” por la confrontación bélica de dos grupos criminales.

Luego, a principios de la semana, la ausencia de los jefes de los agrupamientos federales a la reunión sobre seguridad.

Pero no solamente falla la coordinación con los mandos federales. El lunes, la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, se quejó de “que es muy difícil conocer el modus operandi de los criminales que han realizado las ejecuciones más recientes, y más cuando las corporaciones estatales no quieren proporcionar información al Municipio”.

“Necesitamos mayor información de los casos que son exclusivamente del ámbito estatal, es muy importante que nosotros como Municipio, tengamos la información clara de que es lo que está pasando. Esperemos tener buenas respuestas”. (Nota de Juan Carlos Núñez, El Diario de Chihuahua, 15/XI/17).

Cuesta trabajo creer que tales respuestas y conductas tengan móviles políticos; que el gobierno federal le apueste al fracaso del gobierno de Corral en la seguridad pública y que éste hiciera, o intentara lo mismo con el de Campos, en la capital chihuahuense, en virtud de las muy evidentes diferencias sostenidas por ambos gobernantes.

Lo cierto es que los episodios aquí enumerados evidencian la inexistencia -y no sabemos en qué nivel- de la debida, necesaria y multimencionada “coordinación” de las fuerzas encargadas de preservar la seguridad pública y de combatir la delincuencia, la que, por otro lado, está arrojando, ya, los primeros datos estadísticos -amén, por supuesto, de los más dolorosos, los de las víctimas fatales y los heridos que ya se cuentan por miles en, apenas, casi, 13 meses del gobierno del amanecer-, uno de los cuales fue ofrecido por Jorge Cruz Russek, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Chihuahua, quien informó que las ventas de automóviles nuevos en octubre, fueron menores en un 25% respecto a ese mismo mes del 2017 y que, a su vez, “La inseguridad que priva en diversas regiones de la entidad, el incremento a las tasas de interés y menor poder adquisitivo de los consumidores, provocó una caída del 13.6% en la venta de automotores durante los primeros 10 meses del 2017, respecto a ese periodo del 2016, sin contar Ciudad Juárez”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 14/XI/17).

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Por otra parte, cuesta trabajo no adjetivar mal a priistas y panistas en el ejercicio del poder.

Las leyes deberán ser de alcance general, no pueden elaborarse en la persecución de objetivos concretos, o para el beneficio de alguien en lo particular.

No parecen actuar así. En tanto que en el ámbito federal, el PRI y sus aliados -entre los que estaban los senadores panistas “rebeldes”- aprobaron en el Senado quitar el requisito de no haber sido militante o dirigente partidario, en los últimos 6 años, a los aspirantes a ocupar la titularidad de la Fepade, en el ámbito local el PAN y sus nuevos aliados, Movimiento Ciudadano y PES, -claro, ya está en el poder el blanquiazul- quitaron el requisito de contar con una licenciatura afín a quienes buscan ocupar uno de los cargos de mayor jerarquía en el Congreso.

“Ahora bastará con acreditar ‘conocimientos y experiencia’”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 17/XI/17).

¡Ah, y claro, aquí el PRI votó en contra de tal disposición, y allá, el PAN hizo lo mismo en la del fiscal electoral!

“Es como si un maestro con especialidad en Biología quiere hacer una intervención quirúrgica nomás porque tiene el conocimiento”, ejemplificó la legisladora María Antonieta Mendoza. (Ibídem).

“No es sensato, ni de buen consejo, tener un Fiscal militante”, alertó el senador de Morena, Luis Humberto Fernández. (Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 17/XI/17).

¿Hasta dónde llegarán?

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