Chihuahua, Chih.

A la sombra aún del genocidio que el calderonato impuso al país, teniendo a nuestro estado como uno de los más afectados, fuimos testigos del ascenso de un régimen militar que impartió justicia al más puro estilo de la guerra sucia implementando, además, estrategias de limpieza social en conjunto con otras corporaciones policiacas, coadyuvadas por un ejercicio de represión estatal institucionalizada cuya mejor herramienta fue el terror como elemento principal del manejo moderador de la democracia.

Luego de la relativa apertura democrática, que suponía una modificación de régimen llegado con el nuevo gobierno, se consideró se tendría una administración que basaba su proceso de transición en la justicia a las víctimas previas, la reparación de daños, contención de situaciones de crisis y la garantía de no repetición; la previsión de recuperar espacios públicos y con ello la reactivación de diversos medios productivos y económicos, daban esperanzas de incrementar el crecimiento estatal a través de un proceso de recuperación que de paso, nos sacaría de la lógica del post-conflicto de una violencia que se había convertido en sistemática.

En términos prácticos, nada más alejado de la verdad; los objetivos políticos de procesos de pacificación o transición como lo son el derecho a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación siguen sin hacerse presentes.

La violencia sigue desbordada como en los peores tiempos de la guerra y los presumibles avances en materia de seguridad no existen, son nulos, o al menos la percepción popular es esa.

El pasado miércoles, frente a un grupo de notables y un auditorio inmutable, obligado por ley a un acto de rendición de cuentas que tenía más como objetivo el lucimiento personal a pesar de la incongruencia que representa, ya que si de algo el gobernador Corral acusaba a Duarte era de megalomaníaco, así, se rindió el informe del primer año.

A pesar de que la seguridad es tema fundamental, ya que del mismo se desprenden otros importantes como el desarrollo económico, el bienestar de la comunidad y la convivencia social, el gobernador optó por la carta que ha venido jugando desde el inicio de su administración: denostar a los medios de comunicación. Otra asignatura pendiente fue sostenerse en la insistencia de no reconocer y posicionarse sobre la responsabilidad del gobierno estatal en las múltiples ejecuciones y jornadas violentas en la ciudad y en todo el estado. Resulta lamentable la rotunda negativa a disculparse por los estragos de su política criminal.

El aplauso fácil, las loas y los laurales cómplices encubrieron la justa crónica que corresponde a este primer año de gobierno:

El asesinato de 3 personas en el bar “Tres Mentiras”, el 8 de octubre de 2016, 5 en la estética “Pokes” el 19 de octubre de 2016, 3 en Plaza Portales el 5 de febrero de este año, 16 en la jornada violenta de 30 de junio, todos en Ciudad Juárez.

En Cuauhtémoc, el emblemático enfrentamiento entre sicarios en el corredor comercial de la carretera a Rubio del día 20 de marzo donde perdieron la vida 8 personas y la masacre del Bar “Chicho’s” donde fallecieron 6 y 21 resultaron heridos el pasado 3 de junio.

En Madera, el 13 de octubre del año pasado un comando armado atacó la comandancia de policía dejando 10 personas muertas; el 5 de julio un enfrentamiento en Las Varas deja como saldo 30 ejecuciones.

En Jiménez, el 21 de agosto una balacera entre bandas criminales dejó 6 muertos.

Y por último en Chihuahua, el pasado 26 de septiembre ocurre la masacre del centro de rehabilitación “Reuniendo familias para vivir mejor”, de la colonia Rosario que cobró la vida de 15 personas, dejando a otras 8 heridas. Dos días después, aparecen tres personas decapitadas en la colonia Las Torres.

El recuento final de este primer año de administración corralista es de 1901 personas asesinadas, entre las cuales destacan 2 periodistas, 3 líderes indígenas, 11 funcionarios gubernamentales, 26 menores y 161 feminicidios.

Este gobierno le apuesta a la estigmatización como modo de gobernanza, denostando a los medios de comunicación cuando aún no ha resuelto los asesinatos de Adrián Rodríguez y Miroslava Breach y a las víctimas, cuando se ha negado de modo tajante a disculpase con Manuela Rivera y Noel García, padres de Marco Antonio García Rivera que murió asesinado mientras trabajaba durante la masacre de la zona de bares del Ortiz Mena.

Frente a la falta de voluntad gubernamental para dirigir mecanismos de justicia transicional, mal gestor de la democracia resultó Javier Corral Jurado cuando le ha negado a la sociedad chihuahuense el derecho más básico, vivir y hacerlo en paz.



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@MarieLouSalomé