Chihuahua, Chih.

¿Por qué será que algunos de los mandatarios más cercanos a Palacio Nacional son aquellos que evidencian los más claros rasgos autoritarios?

Esos son los casos de los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Tabasco, Adán Augusto López, (hoy convertido en el muy poderoso Secretario de Gobernación) y antes, el entonces gobernante bajacaliforniano, Jaime Bonilla.

Éste último, influyente empresario californiano, intentó permanecer en el gobierno por un período más allá de lo que constitucionalmente le estaba permitido, hasta con el beneplácito de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

A su vez, Cuitláhuac García, impulsó la aprobación del delito de ultrajes a la autoridad, lo que llevó a que mil 50 ciudadanos aún permanezcan en la cárcel, víctimas de esa acusación y que tenía como elemento central, irrebatible, el de la acusación del funcionario.

Los acusados no tenían derecho a lo conocido como el “debido proceso” pues no podía oponer, ni evidencias, ni testimonios que refutaran la versión de los funcionarios públicos acusadores, que eran, en la absoluta mayoría de los casos, elementos policíacos, de los tres niveles de gobierno.

La existencia de tal delito dio motivo a que, en la defensa del Secretario Técnico de la Cámara de Senadores, acusado del homicidio de un alcalde y funcionario de las confianzas del líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, se enfrentaran duramente el gobernador y el zacatecano.

Hasta la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, le expresó su apoyo al veracruzano: “Cuitláhuac García representa la integridad en Veracruz”.

Por ello adquirió una muy elevada relevancia la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando, incluso con el voto de ministros propuestos por el presidente López Obrador, determinó que es violatorio del derecho a la libertad de expresión el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, reformado por el actual gobierno morenista de Cuitláhuac García.

Entre ellos, la ministra Margarita Ríos Farjat, quien afirmó que tal como estaba redactado el código, el delito de “ultrajes a la autoridad” podía usarse como un instrumento de censura, pues “genera inseguridad jurídica el hecho que la autoridad misma sea quien valore si esa falta de respeto constituye una amenaza o una agresión”.

Ante el fallo de la Corte, el presidente López Obrador le dio el tiro de gracia a esa ley, luego de que el gobernador García había anunciado que le cambiaría el nombre para que permaneciera. El presidente afirmó en la mañanera que “…el respeto a la autoridad, pues, se gana”.

Es lapidaria la resolución de la Corte: 

“Genera (la norma impugnada) un impacto desproporcional sobre las personas, pues al criminalizar cualquier amenaza o agresión, sin poder saber, a priori, si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión ante el miedo de que por expresar sus opiniones sean sujetos de la acción penal del Estado, cuestión que limita, consideramos, de manera irrazonable el ejercicio de esa libertad”.

Del mismo modo, en marzo del 2021, el pleno de la Corte declaró inconstitucionales cuatro artículos del Código Penal de Tabasco,  -conocidos como “Ley garrote”, impulsados por el gobernador Adán Augusto López- aprobados en julio de 2019, que castigaban con cárcel a las personas que “obstaculizaran” obras públicas o privadas.

La Ley Garrote sancionaba con penas de prisión de hasta 13 años a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.

Esa reforma parecía hecha a la medida para impedir que se realizaran protestas de quienes se sintieran afectados por las obras señeras de la 4T, pues las inhibiría de aquellos que rechazaran alguna obra o trabajo que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., y expresen su rechazo u oposición, tal como llega a suceder frente a megaproyectos.

Hoy, la Corte las ha declarado inconstitucionales.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)