Chihuahua, Chih.

La semana pasada, esta casa editora publicó una nota periodística en la que se da a conocer a la sociedad chihuahuense el gastó erogado por el Congreso del Estado por más de 400 mil pesos, en una encuesta para evaluar el desempeño legislativo de cada uno de los diputados locales.

Veamos los resultados: El 90% de los entrevistados ni siquiera conocía el nombre del diputado que lo representa. En cuanto al nivel de confianza, ningún diputado superó una calificación de 6; y solo un reducido grupo de entrevistados, ‘aprobó’ la labor de los legisladores.

Reproducimos la lista de los 10 diputados con mayor calificación aprobatoria: Obed Lara Chávez (PES), 56.7; Lorenzo Parga Amado (MC), 52.7; Rocío Sarmiento Rufino (MC), 52.5; Jesús Velázquez Rodríguez (PRI), 48.4; Jesús Valenciano García (PAN), 47.5; Patricia Jurado Alonso (PAN), 46.9; Jorge Soto Prieto (PAN), 42.6; Georgina Bujanda Ríos (PAN), 38.5; Janet Mendoza Berber (Morena), 40 y Benjamín Carrera Chávez (Morena), 36.5.

Por grupo parlamentario, destacan 4 del PAN, 2 de Morena, 2 de MC, 1 del PRI y 1 del PES. A simple vista, destaca la parcialidad de esta ‘encuesta’, ya que resulta inverosímil que cientos de chihuahuenses no conocieran el nombre de los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI y de Morena: Fernando Álvarez, Omar Bazán y Miguel Ángel Colunga, respectivamente.

Ahora bien, con total independencia de esta burda ‘encuesta’, lo cierto es que la credibilidad de los diputados locales está por lo suelos; o mejor dicho, enterrada en el subsuelo.

Lo anterior es así, ya que constituye un hecho notorio que los diputados que han integrado las últimas Legislaturas jamás han representado a los chihuahuenses; sino, más bien, han obedecido -ciegamente- las consignas del gobernador en turno.

A las pruebas me remito: En el rubro del Sistema Estatal Anticorrupción, los diputados de la actual Legislatura han sido totalmente omisos en establecer los “órganos de control interno”, cuya función primordial es dar trámite a las quejas administrativas presentadas en contra de los servidores públicos.

Esta gravísima omisión legislativa, trae consigo la imposibilidad procesal para sancionar cualquier acto de corrupción. De esta manera, el Congreso encubre la corrupción oficial. Y no solo eso, sino que además fomenta la impunidad.

Es más, me atrevo a afirmar que, desde siempre, el coordinador del grupo parlamentario mayoritario de cada Legislatura, ha asumido el papel de ‘protector oficioso’ del gobernador en turno. Tal y como acontece hoy en día, con el diputado panista Fernando Álvarez Monje; quien, de manera descarada, ha ordenado dilatar -lo más posible- el juicio político promovido en contra de Javier Corral (a) “El Inútil”.

En efecto, a pesar de que este juicio político fue presentado en junio del 2018, aún no ha sido admitido o rechazado, la actual Legislatura dilató la integración de la Comisión Jurisdiccional (CJ) durante 10 meses.

Ya integrado este órgano jurisdiccional interno (en marzo pasado), durante los dos meses siguientes, la Presidenta de la CJ, la diputada panista Georgina Bujanda, aún no ha dictado el acuerdo de admisión, so pretexto de que está a la espera de que el inútil de Corral publique una reforma a la Ley de Juicio Político -promovida por la propia diputada panista- para dilatar lo más posible enjuiciar al gobernante más repudiado en la historia de Chihuahua.

Así las cosas, amable lector, usted podrá verificar como el Congreso del Estado es quien tolera, y a la vez fomenta, la corrupción oficial. Por desgracia, el peso político de los diputados de Morena y del PRI ha sido insuficiente para contrarrestar el mayoriteo legislativo del PAN; y mucho menos, para generar consensos para erradicar la corrupción y la impunidad

En cuanto a los diputados de los partidos ‘rémora’, su papel se reduce a votar a favor de las propuestas del PAN a cambio de recibir recursos adicionales para promocionarse a través de ‘gestorías sociales’