Chihuahua, Chih.

¿Es creíble la versión del gobernador Javier Corral, de que no presentarían cargos en contra de los participantes hasta que se detuviera a César Duarte?

Si así fuera, entonces los cargos en contra de Duarte, por esa causa, quedarían fuera del juicio de extradición.

¿Por qué Corral, teniendo a la mano en los primeros meses de su gobierno, la información de la supuesta “nómina secreta”, no pidió al Fiscal Peniche iniciara procesos en contra de los beneficiados?

De tener suficientes evidencias de tal hecho, la detención de los beneficiarios hubiese arrojado un alud de simpatías al entonces nuevo gobernante y hubiese pavimentado el enjuiciamiento del ex gobernador Duarte.

Además, siguiendo tal línea de pensamiento, Corral habría “limpiado” el camino para que su favorito llegase a la candidatura del panismo y, además, habría desactivado, hipotéticamente, a otros protagonistas políticos del resto de las fuerzas partidarias.

No lo ha hecho, y las designaciones partidarias están a la vuelta de la esquina. ¿Lo hará con el tiempo y los procesos encima?

La revelación del acoso efectuado en contra de un antiguo asistente de la alcaldesa de Chihuahua, la panista Maru Campos, a fin de que se erigiera en su acusador, desató una inesperada respuesta del gobernador Javier Corral en la que informó, reiteradamente, que a Maru Campos se le había propuesto, en varias ocasiones, acogerse al “criterio de oportunidades”; es decir, aceptar la comisión de un delito y revelar el modo en que se cometió, las fechas y los nombres de los involucrados.

No hay espacio a la interpretación, la amenaza es directa: O te conviertes en testigo protegido y abandonas, por tanto, tus pretensiones a la gubernatura de Chihuahua, o vas a la cárcel.

Corral insiste en que hay una causa -la nómina secreta- en la que la alcaldesa aparece como beneficiaria -igual que otros- de cifras milenarias  otorgadas por Duarte a un conjunto de actores políticos, económicos y sociales de la entidad durante su mandato.

Tampoco hay mucho margen para ubicar las motivaciones del mandatario estatal: Evitar a como dé lugar que Campos se erija en la candidata del PAN y colocar en ese lugar a Gustavo Madero.

Ha desatado toda la fuerza del gobierno estatal en contra de su compañera de partido.

Peor aún, uno de los más activos y poderosos operadores de tal propósito es el suplente del senador Gustavo Madero, el subsecretario de gobierno, Carlos Olson, quien debió excusarse de participar. El conflicto de interés es más que evidente.

Tal modo de operar recuerda, para descrédito del panismo, el famoso tema de “los moches”, escándalo en el que estuvieron involucrados varios de los funcionarios y legisladores más cercanos al actual senador del blanquiazul.

Además, podría suponerse que la decisión del grupo político de la alcaldesa, de dar a conocer las maniobras con las que presionaron a su excolaborador, fue motivada por la posibilidad de que los funcionarios del “Nuevo amanecer” actuaran y ordenaran la detención, cosa que de manera soterrada le diera a conocer Madero a Campos en reciente conversación.

La operación involucró a varios funcionarios de la administración corralista:

A Inés Martínez, directora del Registro Civil; Carlos Olson, subsecretario de Gobierno; Gema Chávez, Fiscal Anticorrupción y a Carlos Esparza Zamarripa, quien se identificó como ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción.

Operación tan extensa, de ningún modo desmentida por el gobernador Corral, solo podría tener efecto si hubiese existido una decisión al más alto nivel del estado; no podría explicarse, entonces, que participaran en ella, ni la directora del Registro Civil, ni el subsecretario Olson; es evidente que hay un concierto en Palacio y cuya única oyente, pretenden, sea la aspirante a la gubernatura de Chihuahua.

Y si existió ese concierto, con todos los detalles ofrecidos por la alcaldesa en la conferencia de prensa del martes, es clara la comisión de varios delitos, por todos ellos, que podrían configurar, incluso, la participación del gobernador Corral, quien cometió la imprudencia de afirmar que en varias oportunidades se le ha ofrecido la posibilidad de ser testigo protegido- 

¿Para qué? ¿Para que devele la participación de otros y la del ex gobernador Duarte?

Solo que a Duarte no le podrán fincar cargos por la “nómina secreta”. Ya no podrá ser enjuiciado por esa causa.

Si la pretensión de la presidente municipal de Chihuahua es la de demandar a los funcionarios involucrados, no podría dejarse de lado el mandatario chihuahuense. 

Debería sometérsele a juicio político por su probable participación en los hechos relatados.

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