Chihuahua, Chih.

Es el juego de Juan Pirulero, que cada quien lo entiende y juega bajo su propia óptica, intereses y objetivos.
En medio, el conflicto del agua de las presas de Chihuahua, sometido a las determinaciones y temperamentos de los gobernantes, Javier Corral en Chihuahua y Andrés Manuel López Obrador en el ámbito nacional.
Uno pretende, a como dé lugar, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y el otro, la candidatura del PAN a la presidencia de la república en 2024.
López Obrador pretende darle continuidad a su gobierno, en aras, dice, convencido de sus posturas políticas e ideológicas, de que es para bien de los mexicanos. Y pretende pasar a la historia al lado de los héroes de la Independencia, de la Reforma y la Revolución.
Corral afirma que es necesario oponérsele a AMLO pues su gobierno, sostiene, le hace daño al país. Además, pretende ser quien encabece ese esfuerzo.
Pero es inadmisible que tales propósitos se prioricen por encima de asuntos como el del agua del Tratado de Aguas, o como el de la seguridad pública y arguyan verdaderas ridiculeces para justificar su falta de entendimiento y coordinación en esas tareas y otras de no menor importancia, como la atención a la pandemia.
No lo están haciendo bien, ninguno de los dos gobiernos en esas materias. No sólo es el problema del agua; las siniestras cifras de homicidios en el estado de Chihuahua, que lo mantienen dentro de los primeros 5 estados con las más altas cifras, como ocurre en los últimos 12 o 13 años, no son para enorgullecerse, ni para señalar al gobierno del otro partido como el único responsable.
Por supuesto que la gestión de Javier Corral es desastrosa en esta materia (también en otras) y le cabe una gran responsabilidad, pero el hecho de que Chihuahua se mantenga en estos lugares, a lo largo de gobiernos federales de tres orígenes partidarios distintos, debiera llevar a que el gobierno de López Obrador desplegara una estrategia distinta en la entidad, en estrechísima coordinación con el gobierno de Corral.
De los casi 10 mil homicidios ocurridos en la actual administración estatal, en la mitad ya tiene corresponsabilidad el gobierno de la autodenominada 4T.
El problema, para los chihuahuenses, es que estamos en medio de una abierta confrontación en la que los objetivos de carácter político de los gobernantes priman sobre los arriba señalados.

Sobran los ejemplos que evidencian lo anterior.
No es cierto, como dice López Obrador, que el asunto del pago del agua a EU tuviera un origen político y que todo el esfuerzo por “denigrar” a su gobierno sea para impulsar la candidatura de Gustavo Madero, o que antes dijera que era un asunto de politiquerías, pero ninguno de los dos aceptaron que en diciembre del año pasado pactaron una entrega anticipada de agua a los EU.
Desatado el conflicto con los productores, molesto el presidente con el gobernador porque Corral incumplió con su parte del pacto de diciembre y porque éste profundizó su actividad opositora, al grado de salirse, junto con otros mandatarios estatales, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y mantener en alto la exigencia de la elaboración de un nuevo pacto fiscal de la federación, sin que accedieran, ni Corral, ni AMLO ( a través de la directora de Conagua, Blanca Jiménez) a dialogar con los productores.
Luego cambiaría diametralmente su postura Javier Corral, porque se dio cuenta, tarde, que el principal conflicto con la federación, el que pudiera ofrecerle el manto de federalista frente al resto de la oposición, era, precisamente, el que había desdeñado a lo largo de varios meses.
Sobrevendrían los hechos de La Boquilla de septiembre, los encontronazos con el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, y con el presidente.
Había que empezar un nuevo camino. Primero lo hizo en la Cámara de Diputados y luego, prácticamente sin oposición, se presentó ante el pleno del Congreso de Chihuahua para “informar” acerca del conflicto del agua.
Culminó de ese modo un viraje radical a todo lo que hizo a lo largo de prácticamente todo el conflicto.
No fue, de ningún modo, una conducta ambivalente, al contrario, fue, al inicio, de amplio respaldo a las decisiones iniciales propuestas por la Conagua y avaladas por los gobernadores de Coahuila, Nuevo Léon y Tamaulipas, así como por la Secretaria de Gobernación.
Luego de que medio Chihuahua se incendió, Corral pretende abanderarse como el defensor de los intereses y dignidad de los chihuahuenses, pero que en la madrugada del sábado lanza sus policías en contra de los productores de Estación Consuelo que tienen tomadas las vías férreas ¡Cuánta demagogia!
Sin duda que el factor que lo obligó a acelerar radicalmente su postura, y que pensó le rendiría frutos políticos, fue la equivocada decisión presidencial de enviar a la Guardia Nacional a resguardar la presa de La Boquilla y el posterior ametrallamiento de Jessica Silva y Jaime Torres a manos de elementos de la Guardia Nacional.
Pero, sin duda, la posibilidad de capitalizar para sí el descontento popular causado por la extracción del agua y entonces aparecer como legítimo abanderado de la causa de los productores del centro-sur y, de pasada, recuperar algo del prestigio perdido a lo largo de una desastrosa gestión gubernamental fue la causa principal de sus más recientes posturas.

Sigue actuando como desde el principio del actual conflicto: De día intenta aparecer como el adalid de las causas democráticas de los chihuahuenses y de noche lanza sus huestes policíacas a combatir el movimiento de los agricultores.
Peor aún, la Fiscalía General del Estado no fue capaz, ni siquiera, de detener a los presuntos responsables del ametrallamiento de Jessica y Jaime Torres; ni ha sido capaz de ofrecerle, ya no el acompañamiento, sino el apoyo decidido del gobierno del amanecer a los tres agricultores de La Cruz, detenidos por la Guardia Nacional y a quienes les quieren achacar el delito de terrorismo.
Imposible evitar que la disputa electoral impregne el total de las actividades de la clase política, pero flaco favor se le hará al país si todos los conflictos, reclamaciones, o reacciones de sectores de la población a consecuencia de alguna determinación gubernamental, se le achacan a la refriega electoral.
De que todos los conflictos puedan ser usados con fines político-electorales no nos salvaremos, y más si los principales protagonistas tienen como referente único tal marco político.
Estamos en medio de una polarización extrema, lo que significa -por lo menos para el escribiente- que existen dos posiciones extremas, no necesariamente que estén empatadas, o que una de ellas mantenga una ventaja menor frente a la otra, sino que sus posturas estén abiertamente confrontadas.
Lo que estamos observando o protagonizando es la polarización de la vida pública, acicateada, por encima de todos, por el presidente López Obrador, pero no solo.
Lo ocurrido en las últimas semanas en Chihuahua es un claro ejemplo de lo sostenido líneas arriba.
Quizá en el proyecto político del presidente, en la medición de los tiempos, con su perspectiva, lo que está haciendo sea lo correcto. Para la inmensa mayoría de sus seguidores no hay duda de que así es.
No parece ser, ni la opinión generalizada, ni la que amplios sectores de la población esperaban, de acuerdo con los tiempos que vivimos, y no sólo por la pandemia, sino por el agravamiento de la crisis económica, previa a ella, y la crisis de seguridad pública que se acrecentó con la contingencia sanitaria.
Y para sus detractores, para un sector de ellos, los más viscerales, es ciertamente lo contrario, el presidente, en esa visión, está totalmente equivocado y genera reacciones de absoluta intolerancia, en las que lo más extendido, en estas capas de la población, es la emisión continua, sin tapujos, de los insultos y las groserías hacia López Obrador.
Dos de los conflictos recientes ilustran diáfanamente lo arriba sostenido: La del agua de las presas de Chihuahua y la de la extinción de los fideicomisos.
Además, conforme pasa el tiempo crece la percepción de que, con tal de ganar tiempo, López Obrador acelera procesos, pasos y decisiones, que no siempre son las correctas, ni en el modo, ni en los objetivos perseguidos.
No son muchos los ejemplos de la conducta presidencial, pero los más relevantes, vaya que han sido altamente lesivos: La compra de medicamentos, la de los medicamentos para el cáncer, el cierre de los recursos para las guarderías y ahora la extinción de los fideicomisos.
O, como en el caso del Tratado de Límites y Aguas con EU, que se apoyó, como en muchísimas áreas del gobierno federal, en los operadores del pasado; como en este caso, que los diagnósticos del problema fueron hechos por quienes se encontraban en la Conagua desde hace décadas, precisamente en la época en que mayor corrupción existía en esa dependencia, la que fue ampliamente documentada y denunciada.

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