Chihuahua, Chih.

A solo casi cuatro meses de entregar el gobierno de Chihuahua, Javier Corral mantuvo a la entidad en el grupo de entidades líderes en el número total y relativo de homicidios a lo largo de su gestión.

No solo no disminuyó el número de los homicidios -y de las ejecuciones- cometidos, sino que en los últimos días Chihuahua se colocó como la entidad en la que más homicidios diarios se han cometido, lo que, salvo excepciones, ha sucedido a lo largo de los últimos 15 años, independientemente del color partidario del que haya emergido el gobernador.

Con Javier Corral no ha sucedido cosa contraria. “… A casi cuatro meses de que Javier Corral termine el cargo de gobernador el próximo siete de septiembre, desde el mes de octubre del 2016 al viernes 14 de mayo, se tenía un registro de 10 mil 916 homicidios dolosos en todo el Estado de Chihuahua”. (Nota de Federico Martínez, El Diario, 17 de junio de 2021).

Quizá las frases lanzadas por el gobernador Corral en la conferencia de prensa, sostenida el lunes anterior, lo retrateN mejor. Pero no sólo, devela los gravísimos errores cometidos en esta materia, no sólo por el mandatario del “nuevo amanecer”, sino también por la administración federal.

Dan escalofríos. 

Cuestionado acerca de las elevadas cifras homicidas, Corral adujo en su defensa que “de los delitos (homicidios) que se producen en Chihuahua, el 55% se generan aquí en Juárez, pero el dato que es contundente es que entre el 85 y el 90% de los homicidios obedecen a la delincuencia organizada y lo que no hay son investigaciones de delincuencia organizada (por la SIEDO, la instancia federal encargada de perseguir este tipo delitos), si no se revierten esos números, lamentablemente estos números van a ser muy difícil de revertir…).

Pequeño problema de conceptualización jurídica tiene el mandatario chihuahuense: 

Todos los homicidios son del fuero común, es decir, es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, bajo su responsabilidad y del funcionario nombrado por él, César Augusto Peniche, efectuar las investigaciones y si lograsen acopiar datos que implicaran la participación de la delincuencia organizada, entonces, y solo hasta entonces, podrían declinar su competencia y cedérsela a la Fiscalía General de la República.

Y los datos proporcionados por Corral, acerca del involucramiento de la instancia federal en las investigaciones sobre delitos del crimen organizado en Chihuahua dan algo más que escalofrío. 

Informó que durante el año pasado, de las 4-5 indagatorias efectuadas  de delincuencia organizada fueron realizadas por las autoridades estatales y que “la UNICA efectuada en lo que va del año es de nosotros”.

Con datos como los aportados por quien ya se va, frente a una tétrica realidad que asola -como hace dos, tres, cinco, diez, años- al estado, que se mantiene dentro de los primeros cinco por el número de homicidios, y de éstos, la mayoría en los que están implicadas las bandas del crimen organizado, pero de cuyo esclarecimiento nadie se encarga, nadie se hace responsable.

No son frases lanzadas al aire, sólo por criticar al amanecido gobernador, sino que al proporcionar cifras tan al vuelo, dichas precisamente cuando recién terminaba uno de los fines de semana más violentos en la frontera juarense, que compaginaba con el escándalo ocurrido en la zona sur, a raíz del asesinato del segundo comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Parral, el comandante Luis Raúl Tarango Ávila, y sin que hubiese la menor expresión autocrítica de parte de Javier Corral.

No, todas las responsabilidades son de los otros, de la administración por él encabezada, ninguna.

Y, por otro lado, sin duda que le asiste razón en ubicar a los organismos federales de poseer una muy buena parte de la responsabilidad en la matazón ocurrida en Chihuahua en el último quinquenio, ciertamente la 4T llegó hace dos años, pero en ese lapso las cosas han transcurrido como antes de su llegada, es decir, pésimas.

Ni cómo aprobar a ambas administraciones en este tema.

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