Chihuahua, Chih.

La información fluyó por tres vías. Primero fue la gobernadora Maru Campos, luego el auditor Héctor Acosta y, finalmente, la publicación periodística (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 01 diciembre 2021).

Es de escándalo. Costaron casi 700 mdp los créditos de corto plazo del gobierno de Javier Corral.

El reportero revisó los “Resultados de Procesos Competitivos de Obligaciones a Corto Plazo” de la Secretaría de Hacienda, que muestran la contratación de “35 de estos empréstitos por un monto total de 15 mil 420 millones de pesos”. (Ibídem).

Se contrataron con tasas de interés de hasta 12.56%, casi el doble de los contratados por la actual administración, con un promedio de 7%.

El costo de tales créditos alcanzó la fabulosa cifra de 692 millones de pesos en intereses, más las comisiones, del orden de los 92 millones de pesos, por la contratación de tres créditos contratados en 2020 y uno registrado en 2019.

El procedimiento lo relató la gobernadora: Consistió en lanzar licitaciones para la contratación de tales créditos en plazos no mayores a una semana, con lo que las tasas obtenidas eran de las más altas del mercado, con las consiguientes pingües ganancias para los tramitadores de los créditos, tanto del lado del gobierno del estado, como de las empresas otorgantes de los créditos.

Salvo algún crédito, del total de los obtenidos por el gobierno de Javier Corral, todos se contrataron en tasas por encima de los niveles del mercado, con un añadido, informado por El Diario, consistente en que “la administración corralista nunca (entregó) informes del destino de estos créditos, más allá de las afirmaciones de que se usaron para 'cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.

A su vez, el gobierno de Campos “acumula 3 mil millones de pesos solicitados en préstamos de corto plazo, que tienen la finalidad de solventar problemas de liquidez financiera”. (Ibídem).

Luego, la gobernadora aseveró la existencia de una “mano pachona”, lo que generó “posibles beneficios para terceros”.

A tales expresiones se sumó la Auditoría Superior del Estado (ASE), que anunció la revisión “del estatus final de las condiciones de contratación de la deuda durante el quinquenio del ex Gobernador Javier Corral”, y nos ofrecerá, a la luz del trabajo de la ASE, “un panorama completo de las condiciones del total de pasivos acumulados en los 5 años de la administración anterior, las tasas de interés pagadas y el cumplimiento legal de los procedimientos de contratación”. (Comunicado de la ASE, 1/XII/21).

Pero las frases utilizadas por la mandataria no dejan lugar a dudas.

“Alguien estuvo detrás del negocio”, sostuvo, lo que implica, sin lugar a dudas, una revisión, no solo de la Secretaría de la Función Pública, dependencia bajo su cargo, sino de la ASE, organismo vinculado al Congreso del Estado y de cuyas investigaciones se podrán desprender un cúmulo de consecuencias, no solo administrativas, sino penales, que podrían constituirse en los primeros actos de este corte, que pueden terminar con el fincamiento de cargos en contra de varios de los más altos funcionarios de la administración pasada.

Y es que el caos financiero dejado por el gobierno del “Nuevo Amanecer” ha dejado, además, una gran incógnita: ¿Qué le hicieron al dinero?

Pidieron prestado un titipuchal de dinero; no entregaron las cuotas de Pensiones Civiles; le escamotearon dinero a la Cruz Roja, a Ficosec, al CRET; a las universidades, al Congreso del Estado y, además, usaron las participaciones federales de octubre, noviembre y ¿diciembre?, obligando, de ese modo, a la actual administración a los empréstitos de corto plazo y a la adopción de una serie de medidas presupuestales para el próximo año (que habremos de analizar la próxima semana) y a una reestructuración de los adeudos, que implicarán comprometer recursos estatales a muy largo plazo.

¡Un verdadero desastre financiero!

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)