Chihuahua, Chih.

Inmersos en la contienda electoral, prácticamente desde el inicio de sus respectivas gestiones, los mandatarios Javier Corral, en el estado, y Armando Cabada, en el municipio, se encaminan a dos muy diferentes escenarios.

Mientras el gobernador Corral encabeza una caravana que da traspiés por la ridícula cantidad de participantes -aunque no solamente, a juzgar por las fotos difundidas en redes sociales en las que la hidratación es a base de cerveza, precisamente de la marca que distribuye y vende la familia de la Secretaria de Economía, Alejandra de la Vega-, y por el inmenso derroche de recursos empleados en ella, así como por los numerosos resbalones declarativos de varios de los funcionarios estatales acerca de los objetivos y ciudades que tocará la caravana; en tanto, Cabada, con apenas un moderado equipo de recolección de firmas, logró superar, en unos cuantos días, el número de las requeridas para solicitar su registro como candidato a la presidencia municipal.

Son dos realidades que se contrastarán en el desarrollo de las campañas electorales pues es probable que la caravana “light” efectuada por el equipo del gobernador alcance, de veras, los niveles de ridícula, en unos aspectos, los centrales de cualquier manifestación ciudadana que opte por hacer una de este tipo: El número de participantes es ínfimo, de acuerdo con los argumentos para realizarla; la mayoría de quienes han participado en los actos son funcionarios o empleados gubernamentales; el enorme dispendio de recursos, además de los salarios de los funcionarios implicados que, necesariamente, deben distraer su tiempo en la realización de la caravana que abarca el tipo de vehículos empleados (puros camiones de lujo, y pocos); el financiamiento a costa del erario estatal.

Y lo más importante, la incongruencia. La marcha fue convocada por el gobernador Corral para que se diera cumplimiento, por el gobierno federal, a dos cosas: La extradición de César Duarte y la entrega de casi 800 millones de pesos de unos convenios firmados entre el gobierno de Peña Nieto y el de Corral.

Bueno, pues el viernes, al presentar la caravana en una conferencia de prensa, Gustavo Madero, Coordinador del Gabinete y Víctor Quintana (Secretario de Desarrollo Social), declararon que la caravana seguiría ¡A pesar de que se solicitara la extradición y a pesar de que les entregaran el dinero motivo de la confrontación!

¿Y entonces?

¡Ah, pues que la caravana seguiría a fin de combatir el cáncer que destruye al país, la corrupción; que lucharán por la patria!

Como dicen los jóvenes, -Neta, así lo dijeron- y, además, lo informaron mediante sendos comunicados de prensa.

Y luego, el hecho de que la caravana vaya a tocar ciudades tan alejadas de las rutas tradicionales de las manifestaciones efectuadas en el pasado como Tepic, Saltillo, Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca, lo llevan a uno a preguntarse ¿Para qué?

En esa lógica, po’s les faltan Mérida y Tuxtla Gutiérrez, digo, ¿no?

Frente a tales hechos, aparece, irrefutable, que la caravana podría tener motivaciones político-electorales, cuyo beneficiario no necesariamente sería Ricardo Anaya, el candidato del PAN, como bien se puede presumir, dados los acuerdos políticos celebrados entre él y Corral, a juzgar por las diversas manifestaciones políticas de los últimos meses, en las que se evidencia un acercamiento y hasta se podría inferir la obtención de acuerdos políticos entre ellos de largo plazo.

Ahora bien, si Anaya no se beneficiara, lo cierto es que el afectado sí lo es el candidato del PRI, José Antonio Meade, que llegó hasta la desmesura, en él, de calificar a Corral como gobernador mentiroso y torturador.

Y, por otra parte, Peña Nieto reaccionó solicitando la extradición solo por tres órdenes de aprehensión, y no por las 10 denuncias presentadas por Corral, con lo que se abre la posibilidad de que la extradición sea, solamente, por delitos calificados por la legislación vigente, como no graves, a pesar de la cuantía del dinero supuestamente extraído de las arcas estatales y que, además, el gobierno de Corral tendría que demostrar, ante los tribunales norteamericanos, que Duarte se benefició de ello.

No está fácil, a pesar de nuestra percepción en lo contrario.

En tanto, el alcalde Cabada cabalga en caballo de hacienda y con su bagaje político-electoral arrastra a un conjunto de aspirantes a las diputaciones, también independientes, que podría llevarlos al nada desdeñable escenario de alzarse con 4-5 diputaciones y reelegirse en la alcaldía, con lo cual el camino a la candidatura al gobierno de Chihuahua, en 2021, sería la segunda etapa.

No, pues si se encuentran en extremos distintos.

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