Chihuahua, Chih.

Debe haber caído, no como un balde, sino como un tinaco de agua fría, la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en contra de diversos funcionarios del gobierno estatal, incluido el gobernador Javier Corral, al determinar que “hay evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos… en hechos ocurridos en noviembre del 2017”. (Nota de redacción, La Verdad de Juárez, 24 de abril de 2019).

Quizá en el último acto como presidente del organismo, José Luis Armendáriz, firmó la recomendación emitida el pasado 17 de abril.

En ella, se acredita que el gobierno de Corral violentó la libertad de expresión de la periodista, ex directora de El Diario de Juárez hasta hace unos meses.

Hasta el momento de la elaboración de estas reflexiones aún no se tenía información si el gobierno de Chihuahua había sido notificado acerca de la recomendación que solicita la aplicación de sanciones a servidores públicos estatales que atentaron contra Rocío Gallegos, se encargue de reparar el daño e inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas, “y se someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del Estado la propuesta de capacitar a los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de los periodistas y la importancia de la libertad de expresión”, por hechos ocurridos en octubre-noviembre de 2017.

Además, la CEDH de Chihuahua le pide al gobierno de Corral garantizar la no repetición de actos violatorios de similar naturaleza.

La recomendación contiene una síntesis de los hechos: “Después de la difusión en un periódico de circulación estatal con sede en Ciudad Juárez, Chih., (El Diario de Juárez) de una nota sobre un video en el que se acusa a autoridades estatales del más alto nivel de ser protectores de presunto narcotraficante, éstos han iniciado campaña de desprestigio, descalificación y criminalización a su trabajo como periodista y directora editorial del periódico en el que apareciera la nota, legitimando con ello la violencia en su contra, al relacionar el medio impreso que dirige con el crimen organizado. Analizados los hechos y las diligencias practicadas, hay evidencias suficientes para acreditar Violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión”. (Recomendación 36/2019).

Rocío Gallegos asentó que a través de diversos sitios digitales se lanzó aquella campaña, entre los “que estuvieron las cuentas del propio gobernador Javier Corral, se atentó en contra de mi libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía”. (Ibídem).

No era cualquier asunto el origen del problema.

A fines de octubre del 2017, un grupo armado secuestró a una mujer a la que obligó a declarar que el entonces alcalde de Madera y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, favorecían a un grupo criminal. El video de la declaración mostraba al grupo armado, sin mostrar los rostros, en medio del cual habían colocado a la mujer.

Días después aparecería su cadáver.

La dirección del periódico decidió publicar el video, el que ya circulaba profusamente en las redes sociales. Tras la publicación de la nota, el gobernador Javier Corral Jurado reprodujo en su página personal un artículo de opinión escrito por Luis Cardona, “quien entonces aparecía en el directorio oficial como empleado estatal…”, en el que se descalificaba el trabajo de Gallegos. (Ibídem).

Lo mismo ocurrió con varias cuentas vinculadas con Comunicación Social del Gobierno del Estado. La acusaron de generar “un daño social”.

Más preocupante fue la acusación del anterior vocero del gobierno de Chihuahua, Antonio Pinedo, quien calificó al medio de “portavoz del crimen organizado”, lo que es, sin duda, un peligroso atentado en contra de una de las libertades más preciadas, la de expresión, la que están obligados, los funcionarios señalados, a proteger, preservar y respetar.

No está demás retrotraer un episodio semejante.

Al inicio del gobierno de César Duarte, en los momentos de mayor algidez de la ola violenta, en octubre de 2010, fue secuestrado el abogado Mario González, hermano de la procuradora de Justicia, en el gobierno recién terminado de José Reyes Baeza, Patricia González.

Increíblemente, el gobierno de Duarte reaccionó de manera contraria a la asumida por el de Corral.

“Pocos días después se divulgó un video en el que el abogado era interrogado por un sujeto en off. En ese interrogatorio, González se auto incrimina y señala a su hermana de pertenecer al grupo rival -La línea, identificada como el grupo armado del Cártel de Juárez-. La discusión sobre la pertinencia de la difusión de ese primer video fue menor a la desatada cuando se divulgó el tercero en el que Mario González es golpeado con saña”. (Nota de LJVF, Aserto, noviembre 2017, “Videos, distintos, pero semejantes”).

La postura del gobierno de Duarte, en la voz de la Secretaria General de Gobierno, Graciela Ortiz, se atuvo a las más elementales reglas de la procuración de justicia. Después de expresar su solidaridad con la familia González Rodríguez, expresó que no se podía “emitir un juicio de valor sobre la veracidad o falsedad de la información contenida en el mencionado video, ya que en todo caso, cualquier dicho al respecto, deberá provenir de una investigación seria por parte de las autoridades competentes”.

No fueron pocos los medios de comunicación que difundieron los videos y en ningún caso fueron señalados de ser “portavoces” del crimen organizado.

Ante los ataques a Rocío Gallegos, Artículo 19 -la organización de periodistas-, en voz de su directora en México, Ana Cristina Ruelas, conminó al gobernador chihuahuense, Javier Corral, a asumir que las críticas e incluso “el discurso ofensivo” son parte de la democracia.

“Corral tiene que asumir que el discurso que le cuestiona, el discurso ofensivo y a veces hasta perturbador forma parte del debate democrático y él, como gobernador, tiene la oportunidad de utilizar los medios de comunicación social para fortalecer este debate, sin llegar al punto de intimidar o amenazar con demandar a periodistas y mucho menos utilizar el aparato del Estado para ir en contra de éste.

Su posición como gobernador le obliga a garantizar el derecho a la libertad de expresión y esto significa reconocer que no todas las expresiones le tienen que ser favorables; así no funcionan las democracias y él no se puede aludir demócrata si no acepta la crítica, incluso la ofensa”. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario de Juárez, 11/XI/17).

A su vez, Balbina Flores, corresponsal en México de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, al abordar el señalamiento de Antonio Pinedo, dijo que “Hacer un señalamiento de este tipo desde una autoridad es muy peligroso, porque no sólo es un señalamiento, sino que se pone en riesgo a un medio y sobre todo en una zona donde se mueven muchos intereses no sólo políticos, sino del crimen organizado, y sabemos que no es un solo grupo sino varios. Lo que dice es muy grave… Lo único que hace es enrarecer más lo que está pasando en el tema de la violencia, además de propiciar que el mismo crimen organizado pueda atentar contra el mismo medio de comunicación o los reporteros”. (Ibídem).

Nada ha cambiado desde entonces, al contrario. Con alguna frecuencia se repiten episodios en los que el mandatario chihuahuense denota su rechazo y hasta desprecio a los medios de comunicación, y no solamente hacia los de “la aldea” chihuahuense.

Ha barrido parejo. Por supuesto, con La Jornada, periódico que lo ha cuestionado severamente sobre el asesinato de su corresponsal, Miroslava Breach, pero Reforma, El Universal, Proceso, El Financiero y otros, no se han escapado de los ácidos comentarios, en contra de los medios que lo cuestionan, del paseño que gobierna Chihuahua.

Tales actitudes llevaron a Artículo 19, a catalogar como adverso el ambiente prevaleciente en Chihuahua, “a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral”, como lo señaló la organización unos cuantos días antes del 1o. Aniversario del asesinato de Miroslava Breach. (Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada Baja California, 20 de marzo de 2018).

Como lo catalogó, correctamente, la dirección de La Jornada, el gobernante de Chihuahua asume una conducta dual respecto a los medios de comunicación:

“… mientras que ante los medios Corral Jurado se refiere a Miroslava como ‘una comunicadora valiente que fue silenciada por la vía de un asesinato cobarde’, en una reunión con familiares de la víctima ocurrida en enero del 2018 afirmó que ‘ella tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo', se mofó de una hermana de Miroslava y la amenazó diciéndole que 'algo le iba a pasar" también a ella si ‘seguía pisando callos”. (Editorial, 23 de marzo de 2018).

Con esa opinión nos quedamos, por desgracia.

Ahora esperamos que acaten la resolución de la CEDH.

¿Serán capaces?

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