Robespierre, jefe de la facción más radical de los jacobinos y miembro del Comité de Salvación Pública, durante el periodo revolucionario conocido como el Terror, sumiendo a Francia en un período de persecuciones políticas y continuas ejecuciones por traición, sedición, conspiración. Al extremo de ejecutar a miles de franceses -en la guillotina-por el simple hecho de considerarlos sospechosos de ser contrarrevolucionarios.

La ideología de Robespierre, puede sintetizarse en las siguientes frases: “bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público; bajo el régimen revolucionario, el propio poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que le ataquen. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional; a los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte”.

Javier Corral, emulando la tesis de este revolucionario francés, y so pretexto de cumplir su principal promesa de campaña (la de meter a la cárcel a César Duarte) ha optado por transformar al aparato de justicia penal, en la ‘guillotina azul’, sin importarle la flagrante violación a los derechos humanos de los acusados.

Recordemos que en la historia patria existen casos en que el Poder Judicial ha sido utilizado como instrumento para doblegar a los enemigos del régimen político. Tal y como lo padeció Francisco I. Madero en la contienda presidencial de 1910, al ser acusado del delito de sedición y de fomentar la rebelión; siendo trasladado a San Luis Potosí, donde permaneció preso hasta después de la jornada electoral; lo que facilitó a Porfirio Díaz reelegirse una vez más.

Ahora, en el gobierno corralista, la ‘guillotina azul’ se da a través de la descarada parcialidad de los jueces de control (jueces de consigna) mediante la conversión del principio de inocencia por el de “principio de culpabilidad”. En efecto, los diversos autos de vinculación a proceso, y en especial, la prisión preventiva en contra de exfuncionarios estatales acredita, la perversidad de los jueces para recluirlos como parte de una estrategia mediática para rescatar la reputación de Javier Corral.

En otras palabras, estamos en presencia de un linchamiento político en el que al Poder Judicial asume el papel del verdugo. Lo cual, acredita que los jueces penales actúan según las instrucciones que les envía el Gobernador en turno y, por ende, la añeja sumisión política de los jueces y magistrados.

Yo me pregunto: ¿Existe una verdadera autonomía judicial? O bien, ¿Es, como se afirma, que el Poder Judicial es tan solo un cuasi-Poder? También valdría la pena preguntarse, ¿Habrá un juez que haga prevalecer su investidura judicial, a pesar de las consignas del Gobernador?

Ahora bien, como abogado postulante me preocupa sobremanera el hecho de que los jueces de control hubiesen dictado prisión preventiva en contra de los exfuncionarios de gobierno, sin ponderar las demás medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

En el caso de Javier Garfio, la defensa alega que el juez de control negó la modificación de la prisión preventiva en razón de ésta se decretó tomando en cuenta el posible monto del daño causado; lo cual, constituía en sí mismo “un riesgo de sustracción a la justicia”. Sin embargo, el juez jamás ponderó la idoneidad de la medida; tal y como lo ordena el CNPP, “tomando en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral”.

Lo anterior, acredita la evidente parcialidad de los jueces ‘de consigna’ al violar el principio de inocencia de los imputados, al decretar –jurisdiccionalmente- una nueva causal para imponer, oficiosamente, la prisión preventiva: el monto del daño causado por el imputado. Luego, resulta ser que la medida cautelar impuesta es, a simple vista, excesiva, desproporcionada e irracional. ¡Bendita justicia azul!



LLUVIA DE AMPAROS:

La flagrante violación del procedimiento penal, en su etapa de investigación, a la que muchos analistas políticos califican como la “cacería azul” trajo consigo una ‘ola’ de amparos de varios funcionarios estatales del sexenio pasado. Entre ellos, el del Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar; el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero; el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Maurilio Ochoa.

También solicitaron la protección de la Justicia exfuncionarios municipales y empresarios relacionados con la pasada administración municipal, como Eugenio Baeza Fares y Gabriel Aude Venzor. Y muy probablemente, solicite amparo en los próximos días el exsecretario municipal, mi amigo Santiago de la Peña.

Por desgracia, esta ‘ola’ de amparos tiene plena justificación. La Fiscalía está desvirtuando el nuevo sistema penal, y actúa como si fuera un sistema penal inquisitivo, en el que el MP tiene la facultad de ejercer la acción penal, sin notificar a los presuntos responsables de que existe una indagatoria penal en su contra.

Y lo peor del caso, que los jueces de control sean extremadamente ‘obsequiosos’ con las solicitudes de aprehensión que formula el MP. Por desgracia, los Jueces de Distrito han avalado esta grave violación procedimental, a pesar de que se violenta el principio de defensa técnica. ¿Y la Tremenda Corte? Bien, gracias por preguntar.