Chihuahua, Chih.

La presente colaboración editorial tiene relación con el nombre genérico de la enfermedad mental ‘esquizofrenia’, que se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad, cuyo síntoma principal es el padecimiento de alucinaciones (experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro en vez de tener su origen en el exterior) e ideas delirantes (creencias falsas o simples deseos que no son compartidos por otros que el paciente cree reales).

En el caso de Javier Corral, su comportamiento de las últimas semanas acredita que actúa bajo los síntomas de lo que -clínicamente- se conoce como el “delirio de perjuicio” (cuando el paciente cree que alguien intenta causarle un daño): “me difaman y calumnian, y le mienten vilmente a los lectores”.

En efecto, desde siempre, Corral ha sido criticado por sus actos viscerales; es decir, por su conducta irreflexiva e inmadura y porque se deja llevar por actitudes que evidencian su inmadurez política. Sin embargo, a mi parecer, sus reacciones van más allá de una simple actitud irreflexiva; sino más bien, lo invade (o lo corroe) un sentimiento irracional que requiere de un urgente tratamiento psiquiátrico.

A las pruebas me remito: La defensa mediática a favor de Javier Corral -por conducto del encargado de la comunicación social del gobierno estatal- sostiene que EL DIARIO se ha convertido en el “portavoz del crimen organizado”, por el simple hecho de subir un video (difundido en YouTube) en que una mujer contesta un interrogatorio bajo intimidación moral, y dice que el gobernador y el presidente municipal de Madera apoyan al líder criminal Roberto Soto (a) “El Jaguar”.

La actitud irracional de los defensores ‘oficiosos’ de Corral llega al extremo de calumniar a la Directora de esta casa editorial: “De nada sirvieron a Rocío Gallegos los cursos nacionales e internacionales sobre ética periodística. No sirvieron de nada la cantidad de premios que recibía antaño, concursaba en cuanta convocatoria aparecía. La soberbia y esa fobia que practica contra el periodismo fuera del Diario de Juárez, que no se alinea a su grupo, han sido el motivo de la persecución y descalificación contra semejantes”.

Semejante infundio periodístico fue -hipócritamente- desmentido por el propio Antonio Pinedo alegando que esa página era apócrifa; y en cuanto a la página personal del gobernador, afirmó que es posible que hubiese sido ‘hackeada’ ya que no tiene “explicación” (¿racional?).

Al respecto, el personal de esta casa editora reclamó al gobernador que se acuse a este medio de ser ‘portavoz del crimen organizado’, tan solo por informar sobre la existencia de un video con acusaciones en su contra. Tal afirmación “no sólo criminaliza a los integrantes de esta Redacción -que sólo informamos sobre la existencia y contenido de ese video-, sino que nos coloca en medio de la disputa de los grupos del crimen organizado y vulnera las de por sí endebles condiciones de seguridad en las que se ejerce el periodismo en esta entidad”.

Me sumo al reclamo de mis compañeros. Por este conducto, exijo públicamente a Javier Corral que se abstenga de difamar al gremio periodístico, so pretexto de que ya no reciben los millones de pesos que César Duarte les entregaba. Le recuerdo que tiene expedito el derecho de réplica, cuyo ejercicio procede -según lo ha establecido la SCJN- “independientemente de la intención del informador en la difusión de información falsa o inexacta”.

“El ejercicio de este derecho por funcionarios públicos no sólo les otorga la oportunidad de aclarar la información falsa o inexacta que les causa un agravio, sino que garantiza a la sociedad el acceso a información de relevancia pública y, en este sentido, su ejercicio es en interés de la sociedad, pues se equilibra el proceso informativo que nutre el debate público”.

Por el bien de Chihuahua, lo convido para que acuda -a la voz de ya- a sesiones de terapia psicológica.



DEBATE INFORMATIVO:

Me parece oportuno insistir en los criterios jurisprudenciales adoptados por la SCJN en lo relativo del derecho de réplica, toda vez que el ejercicio oportuno de este derecho, por parte de los funcionarios públicos involucrados, genera una mayor confianza en las instituciones políticas y, a la vez, permite tener la certeza en cuanto al profesionalismo de los medios de comunicación.

En efecto, debe tenerse presente que “lo que protege nuestro ordenamiento constitucional es la difusión de información veraz e imparcial; en consecuencia, basta la difusión de información falsa o inexacta que cause un agravio para que proceda la réplica, aun cuando los errores informativos se cometan de forma culposa, involuntaria o inevitable”.

Por lo tanto, en aquellos casos en que exista “malicia informativa” en perjuicio de un cierto funcionario público, éste debe ejercer el derecho de réplica no solo para alegar en su defensa en el ejercicio de la función pública; sino además, para que la opinión pública pueda estar en condiciones de enjuiciar la actitud de ambas partes.

De lo contrario, se estaría en un claro ejemplo de abuso del poder, mediante el cual Javier Corral se autoproclama ‘censor informático’ no solo para para desmentir cualquier información que afecte su modo personal de gobernar, sino también, para calumniar a los medios de comunicación que difunden notas con ‘olor a mierda’.